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Una oportunidad única e histórica

Quiera Dios que el Gobierno seleccione finalmente la alternativa que elimine los riesgos geológicos.

Múltiples problemas y análisis técnicos han gravitado en torno a la carretera que de Bogotá conduce a la costa Caribe. Podría afirmarse que ha sido este el corredor vial más estudiado y controvertido del país.
Pues bien, a finales de los noventa el Banco Mundial recogió lo mejor de tales análisis y recomendó que, tras salir de la capital del país, la vía se desviara en Tobiagrande y transcurriera luego por el cañón del río Negro hasta Puerto Salgar, para proseguir luego hacia la costa Caribe. Fue ese el corredor escogido y encomendado al grupo colomboespañol Commsa, adjudicatario del polémico contrato, suscrito entre tal consorcio y el Gobierno en 1997. Los tropiezos y los escándalos jurídicos derivados de dicho contrato satanizaron, injustamente, la opción inmejorable del corredor que debía trascurrir por la margen del río Negro, y, en consecuencia, la vía a la Costa quedó a la deriva, en medio de las indefiniciones y vacilaciones del Gobierno.
Para despejar el asunto, el ministro Andrés Uriel Gallego (q. e. p. d.) planteó dos opciones tan ingenuas como inviables: sugirió primero que, en vez de hacer una nueva vía, se dotara de una “segunda calzada” a la antigua carretera Bogotá-Villeta-Guaduas-Honda, caracterizada por sus elevadas alturas y, por ende, muy poco competitiva. Ante la poca simpatía generada por su propuesta, el funcionario se aventuró a esbozar una segunda iniciativa, basada en el prediseño de un larguísimo viaducto a todo lo largo del cañón del río Negro. Tampoco prosperó esta última sugerencia, dado el alto costo que implicaría la construcción de una obra de tal magnitud.
Presionado por las urgencias del aparato productivo, el ministro Gallego optó por contratar los servicios de la Corporación Financiera Internacional (CFI), a fin de que estructurara ella un trazado nuevo y definitivo para tan importante carretera. El organismo internacional sugirió finalmente, en el 2008, el corredor conocido como la Ruta del Sol, pero en abril del 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) objetó la construcción de un sector, exactamente de 21,6 kilómetros, entre Villeta y Guaduas, aduciendo problemas ambientales e inestabilidad en el trazado de las obras. Expertos nacionales e internacionales confirmaron tal veredicto y quedó en veremos entonces la construcción de la vía en dicho sector.
Con el fin de solucionar el problema, la ANI encargó a la Sociedad Colombiana de Ingenieros el estudio de varias alternativas para construir el nuevo tramo de la vía entre Villeta y Guaduas. En fecha reciente esa entidad puso en manos del Gobierno un ramillete de opciones.
Quiera Dios que el Gobierno seleccione finalmente la alternativa que elimine, por supuesto, los riesgos geológicos y geotécnicos existentes y evite la afectación de las reservas hídricas y forestales aledañas, pero que fundamentalmente ofrezca la menor altura en el alto del Trigo, para disminuir sustancialmente los costos de operación de la vía, en aras de hacerla realmente competitiva, como lo demandan el país y su aparato productivo.
Está el Gobierno frente a una oportunidad histórica e irrepetible: escoger para la zona un trazado realmente eficiente en materia de costos de transporte, así no sea justamente el más barato, y evitar que en la vía al Caribe se repita el error imperdonable que cometieron las autoridades al llevar la vía Bogotá-Buenaventura a las absurdas alturas del túnel de La Línea, en vez de haber impulsado la construcción de un túnel mucho más extenso en la parte baja de la cordillera Central.
Juan Martín Caicedo Ferrer
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
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