Ministerios de Justicia y de Salud pactan giro en política antidrogas

Ministerios de Justicia y de Salud pactan giro en política antidrogas

Habrá enfoque en salud pública. 'La cárcel no es una opción aceptable', señala el informe.

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13 de septiembre 2014 , 06:07 p.m.

Colombia tiene lista una hoja de ruta para atender a las personas que sufren algún tipo de adicción con drogas ilícitas, la cual obliga a todas las entidades prestadoras de salud a dar tratamientos completos que, por supuesto, deben incluir atención sicosocial.

Así quedó establecido en el ‘Plan nacional para la reducción del consumo de sustancias sicoactivas con enfoque de salud pública 2014-2021’, aprobado por los ministerios de Justicia y de Salud. Es una política para enfrentar el flagelo como un problema de salud pública.

“Esta perspectiva se ha presentado como opuesta al énfasis represivo al consumo, desde una valoración negativa de los resultados obtenidos por la aplicación del conjunto político, normativo y programático denominado la lucha contra las drogas”, dice el documento conocido por EL TIEMPO. (Lea también: Legalizar, palabra que genera equívocos': César Gaviria).

Colombia comenzó a abrir sus horizontes hacia la aplicación de medidas no punitivas, que se enfocan en brindar tratamientos a quienes los necesiten y en profundizar en campañas que fomenten la prevención del consumo. Se reenfoca la lucha contra las drogas.

“La cárcel no es una opción aceptable y el tratamiento debe ser motivado por la propia voluntad y por una oferta flexible de servicios con calidad”, se dice en el informe.

Este no es un paso menor, porque da un giro en la política antidrogas y pone en práctica alternativas para reducir el consumo.

Si bien el presidente Juan Manuel Santos ha planteado posibilidades distintas a las acciones represivas, e incluso abrió la puerta al uso medicinal de la marihuana, hasta ahora no se conocían hechos concretos que muestren el cambio de rumbo.

Para el Gobierno, uno de los puntos que deben tratarse con mayor atención es la adicción a sustancias como el bazuco y la heroína, pues su consumo descontrolado trae consecuencias como la criminalidad y el contagio de enfermedades.

“La estrategia (...) incluirá la entrega de elementos de administración segura de sustancias, monitoreo en salud y acceso a servicios de bajo umbral”, dice el informe.

El viceministro de Justicia, Miguel Samper, dijo que estos son pasos encaminados a atender “el consumo problemático”, para que la institucionalidad penal enfoque sus esfuerzos en golpear y desarticular las cabezas de las estructuras criminales del narcotráfico.

En esto se trabaja, según el funcionario, de la mano de la Fiscalía, que también comparte la postura de enfocar los esfuerzos judiciales en las cabezas de la cadena delincuencial y no en los eslabones débiles.

“La dosis personal de todas las sustancias, incluso sintéticas (porte y consumo) es permitida. Estamos defendiendo que sea inconstitucional cualquier intento de criminalizarla”, dijo Samper.

El tema no ha estado exento de polémica. El procurador Alejandro Ordóñez criticó duramente esta semana los fallos que despenalizaron la dosis mínima, ya que –a su juicio– facilitan el microtráfico.

Acción interinstitucional

Además, se están diseñando los tribunales de tratamiento, que definirán los casos que deben tener atención médica y, por supuesto, los que necesitan alguna acción legal.

El Gobierno viene realizando diálogos sectoriales y regionales, para determinar qué otros caminos se deben tomar para combatir el narcotráfico.

Se ha logrado establecer que otro reenfoque necesario, que ya se está implementando, es en la sustitución de cultivos ilícitos. El Gobierno detectó que implementando planes productivos completos los campesinos dejan definitivamente de sembrar semillas ilegales.

Un ejemplo se vive en Dibulla (La Guajira), donde los koguis optaron por sembrar café silvestre, en lugar de hoja de coca con fines comerciales, y ya lo están exportando.

Para el 2016 el Gobierno espera tener una nueva política de drogas, pero desde ya trabaja en escenarios en los que la cárcel no es la única opción para combatir el narcotráfico.

“No está firmemente establecido que la descriminalización del consumo sea exitosa en la reducción de los costos sociales y de las consecuencias adversas del consumo de drogas; sin embargo, tampoco los incrementa y sí crea un ambiente más apropiado para el accionar desde la salud pública”, precisa el informe.

DANIEL VALERO
Redacción Política

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