Casos de inocentes que acabaron en EE. UU.

Casos de inocentes que acabaron en EE. UU.

Nelson Vargas terminó en una cárcel federal porque lo confundieron con el 'Marrano, un guerrillero.

13 de septiembre 2014 , 06:00 p.m.

La lista de colombianos entregados a la justicia de Estados Unidos sin que fueran culpables no es corta. Varias personas han regresado a Colombia después de permanecer por meses o años en cárceles de ese país sin que les pudieran comprobar que efectivamente cometieron los actos ilícitos por los que fueron enviados.

Uno de ellos fue Óscar Guillermo Sierra, estudiante de Administración de Empresas de 21 años y capturado en su casa una noche del 2011 para ser extraditado a Estados Unidos. Fue sindicado de ser alias el Gordo, socio de Daniel el ‘Loco’ Barrera, y de haber participado en el envío de 15 kilos de cocaína a ese país. Luego de 8 meses de estar en prisión, regresó a Colombia porque la corte del Distrito Sur de Florida señaló que no se probó que se trataba del narco. Lo acusaron de haber enviado cocaína desde el 2009, cuando tenía 18 años, y de ser, a esa edad, la cabeza de un pequeño cartel. (Lea también: La historia inédita del carpintero que casi termina extraditado).

La corte del Distrito Sur de la Florida también se tuvo que retractar de pedir en extradición a William Gil Perenguez, un guardia del aeropuerto de Cali, acusado de ser “el último eslabón” de la banda internacional ‘Maderos’, dedicada al narcotráfico. Supuestamente él era el encargado de coordinar una red en varias terminales aéreas para permitir el paso de coca. Por eso, además de ser acusado de tráfico de estupefacientes, la justicia de Estados Unidos también lo pidió por concierto para delinquir. Fue arrestado en el 2007. Los agentes de la DEA asignados al caso dijeron que él era el ‘Willy’ que aparecía en el expediente por narcotráfico, pero eso nunca se pudo probar.

Tras su liberación demandó al gobierno de Estados Unidos por 10 millones de dólares. Asegura que esa es la compensación por el tiempo que estuvo preso en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y en territorio norteamericano.

Otro de la lista fue Carlos Antonio Ortega, un capitán de aviación extraditado por narcotráfico el 28 de junio del 2012, también por solicitud del Distrito Sur de la Florida.

Dos meses después, en agosto, regresó al país luego de probar que él no era el “Carlos” que buscaba el gobierno estadounidense. Al parecer, estaban detrás de un guatemalteco de apellido Letona.

Uno de los casos más conocidos es el de Nelson Vargas, extraditado en el 2002 para responder por el asesinato de los indigenistas Larry Gay, Ingrid Washinawatok y Terence Freitas, ocurrido en 1999. Regresó al país en el 2004, cuando se probó que no era alias el ‘Marrano’, un guerrillero de las Farc que participó en el crimen de los indigenistas.

Mientras estuvo esperando su extradición en Cómbita perdió una pierna, por un balazo. En ese momento, las autoridades lo señalaron de haberse provocado la herida durante un supuesto plan de fuga. Además de estos casos, José Guarnizo, autor del libro Extraditados por error, reseña los de Margarita Salinas y Gabriel Consuegra Martínez, los dos acusados de lavado de activos a través de cuentas bancarias en el Caribe.

Salinas era una asesora comercial que, de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos y la Fiscalía, era uno de los cerebros de una red que lavó dinero de narcos y de las Farc.

Fue extraditada a finales del 2011 y regresó dos años después, el 30 de septiembre del 2013, sin haber sido vencida en juicio. Entre tanto, Consuegra, un vendedor de plátanos de Barranquilla, fue capturado con su hijo por agentes de la DEA y del DAS para extraditarlos el 28 de septiembre del 2006.

A pesar de su pobreza, pues vivían al lado de un caño, fueron acusados de narcotráfico, lavado y enriquecimiento ilícito. Un tribunal de Manhattan los absolvió en noviembre del 2007, casi un año después, y fueron enviados de vuelta a Colombia.

La discusión que se desató en torno al tema llevó al senador Carlos F. Galán a citar a un debate de control político en el Congreso.

EL TIEMPO

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