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Medellín exigirá reparación por 30 años de violencia

La solicitud ya fue enviada al Gobierno Nacional. Buscarán apoyo para realizar las exhumaciones.

Milicias urbanas, Cartel de Medellín, Pablo Escobar, Farc, Eln, Autodefensas, Convivir, bandas criminales, falsos positivos...
Han pasado 30 años desde que los actores armados incursionaron en la zona urbana de Medellín y se asentaron en sus laderas.
Tres décadas de guerra que es una sola, la que se alimenta del narcotráfico y se transfiere a cada organización criminal que aparece.
Una guerra que ha dejado a la segunda ciudad más importante de Colombia, con más de 370.000 víctimas.
Las consecuencias de estas violencias generalizadas e indiscriminadas han afectado directa o indirectamente a todos los habitantes de la ciudad: familias sin hijos, hijos sin padres, arraigo de la ilegalidad y dinero fácil.
“El principal daño que hemos sufrido como ciudad es en el campo cultural, los valores y los principios de hoy no son los deseables para construir una mejor sociedad y esos tuvieron su impulso a partir de esas violencias”, dice Jorge
Mejía Martínez, consejero para la Reconciliación, la Convivencia y la Vida de la Alcaldía.
A raíz de esto y en una intención con fines humanitarias, Medellín será la primera cuidad del país en exigir al Gobierno Nacional una reparación colectiva.
La declaratoria, hecha por el alcalde Aníbal Gaviria (quien también es víctima de la violencia), ya está en proceso, y con esta se espera construir una política pública del postconflicto, cuyo eje central sea la reparación, y un informe local Basta Ya, que permita conocer lo que realmente sucedió.
“Hemos hablado con la Comisión Nacional de Memoria Histórica y estamos trabajando en la inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr su financiación, y que el informe se convierta en un insumo importante para la cátedra de la paz que se acaba de aprobar en el Congreso”, enfatiza Mejía.
Adicional, buscarán garantías de no repetición y acciones que constituyan por medio de la verdad, un reconocimiento a las víctimas.
Por ser un terreno inestable, se requiere de un preocedimiento especial.
La Escombrera
Hechos como la bomba de la Macarena, la masacre de Villatina, los más de 600 policías asesinados, la bomba del Parque Lleras y las operaciones militares en la comuna 13, son algunos hitos que serán objeto de estudio y de homenaje a sus víctimas.
En este contexto se ubica un hecho de mayor impacto: la Escombrera de la comuna 13, donde luego de 12 años de súplicas por parte de los familiares de las víctimas y varias negativas de los gobiernos locales y nacionales, al fin se investigarán los hechos ocurridos y se realizará la búsqueda y exhumación de los cuerpos.
“Es una obligación pública y humanitaria que esta administración quiere asumir. Estamos en mora de hablar sobre lo que pasó, pues no tenemos claro las causas y las circunstancias. Es una obligación enfrentar la incertidumbre”, asegura Mejía.
Una de las cientos de famliares de víctimas de desaparición en la comuna 13, que espera por una intervernción en La escombrera, es Luz Elena Galeano, quien como muchas de sus ‘compañeras de causa’, con las que integra la fundación
Mujeres Caminando por la Verdad, ha tenido impulsos desesperados de coger una pala e irse a buscar a su marido.
Pero no sabe dónde buscar. Solo dice tener la certeza de que Luis Javier, padre de sus dos hijas, fue asesinado en diciembre de 2008 y enterrado en esa montaña de desechos.
“Una vecina me contó que lo bajaron de un bus cuando iba para la casa. Yo a veces subo (a La Escombrera) con la ilusión de encontrar algo, pero cada vez que veo las volquetas dejar todos esos escombros se me va”, cuenta.
Su deseo de saber qué pasó y de tener de vuelta a su esposo, lo que queda de él, la llevó hace unos meses a recolectar firmas para solicitarle al alcalde Gaviria que tomara acciones para que no se deposite más material allí, y le ayude a encontrar a ese ser que no olvida, y a las otras víctimas que han permanecido por años enterradas allí.
Y si bien esta misma solicitud la hizo hace un año el Tribunal Superior de Medellín al mandatario, esta administración decidió ir más allá, y de la mano de la Fiscalía al fin la espera terminará, pues en una titánica labor y luego de 12 años de plegarias de las víctimas, se hará lo que Galeano ha soñado: la exhumación de cuerpos en la zona donde al fin se desenterrará la verdad.
El proceso de exhumación requiere además de maquinaria, un equipo multidisciplinario.
Para lograr resultados contundentes en este proceso histórico que comienza, y aunar fuerzas, pues durante años se ha trabajado de manera aislada, se conformó una mesa de trabajo para el caso de La Escombrera.
Conformada por la Fiscalía, el grupo de identificación de restos humanos del CTI, la Corporación Jurídica Libertad, la Obra Social Madre Laura, la Personería de Medellín y la Unidad de Víctimas y la Alcaldía, en cabeza de Jorge Mejía, el fin primordial será lograr la exhumación de los cuerpos que podrían estar inhumados allí, cuya cifra exacta aún no se conoce.
Para concretar estos procedimientos, la Fiscalía General asignó como encargados a Gustavo Duque, de la dirección de Justicia Transicional, y a Martha Lucía Mejía, delegada ante el Tribunal Superior.
Ellos aseguran que por parte de la Fiscalía ya está adelantando las investigaciones, y tienen listo el equipo humano y técnico requerido para iniciar las labores de búsqueda y posterior identificación de los restos para la entrega a familiares. El proceso iniciará una vez la secretaría de Planeación haga los estudios de riesgo y de costos de intervención de los puntos escogidos en La Escombrera.
“Intervenir un solo punto puede costar entre 1.800 y 2 mil millones de pesos pues hay que mover miles de metros cúbicos de escombros. Por eso confiamos en el trabajo de la Fiscalía, porque hay una inversión grande de recursos públicos”, aseguró Jorge Mejía, consejero para la Reconciliación, la Convivencia y la Vida de la Alcaldía. Para la financiación de este proyecto se buscará el apoyo nacional e internacional, pues el tema de La Escombrera ha sido considerado como uno de los grandes actos violentos en los últimos años.
Una de las grandes inquietudes y temores de las víctimas, es que por los costos y porque solo se tienen coordenadas aportadas por víctimas de los desmovilizados, no se haga una búsqueda de los asesinados a manos de otros actores armados.
Duque asegura que hay muchas personas que dan información de otros puntos, que hay que corroborar porque algunos van detrás del incentivo económico. “Lo cierto es que no nos vamos a pegar de la operación Orión y vamos a ir hacia atrás”, dice.
Cierre de operaciones
Aún hay actividad comercial en la zona
En septiembre de 2013 el Tribunal Superior emitió un auto donde ordena a la Alcaldía cerrar las operaciones comerciales en La escombrera. La Sociedad de Escombros Sólidos paró sus actividades en el 2010, y su terreno pasará a ser del municipio, mientras que Bioparques se retiró de allí hace seis meses. El lío más grande es con El Cóndor, dueña del sector conocido como La Arenera, y que cuenta con títulos mineros allí. Han sido reacios a parar actividad comercial.
¿Cuántas víctimas van a buscar?
La dispersión en la información de cuántos y quiénes fueron los desaparecidos en La Escombrera, ha sido el principal inconveniente para avanzar en las investigaciones. Testimonios de víctimas recogidos por organizaciones sociales dan cuenta de que serían entre 150 y 300.
Alias ‘Móvil 8’, exintegrante de las autodefensas y postulado de Justicia y Paz, con quien se ha realizado varias visitas al lugar, ha identificado tres puntos donde podría haber unos 48 cuerpos.
“Vamos a empezar con las coordenadas que dio ‘Móvil 8’, que es lo más cierto que hay. Ya hicimos una localización y estamos esperando a que la Alcaldía haga los estudios para poder entrar a buscar”, dijo el fiscal Gustavo Duque.
La Corporación Jurídica Libertad está cotejando la información para hacer un filtro y lograr un consolidado de casos.
“La idea es ir cerrando el embudo. Nosotros hemos hecho una labor con bases de datos del Gaula, el CTI y Unidad de Víctimas, creemos que hay doble registro. Pero hoy lo más confiable que tenemos es la información del Cirdec”, explicó Duque.
ANGÉLICA CERVERA AGUIRRE
Redactora
MEDELLÍN
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