Editorial: Aseo: vuelve y juega

Editorial: Aseo: vuelve y juega

07 de septiembre 2014 , 08:11 p.m.

No termina la pesadilla de las basuras para los bogotanos. El modelo de aseo impuesto por la Alcaldía Mayor completa casi dos años de implementado y su balance es desalentador. No solo le ha costado a la ciudad miles de millones de pesos, sino que ha dado pie para interminables debates, pugnas y poca claridad para la ciudadanía.

Epílogo de esto es la orden reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio, que pidió desmontar el esquema en que embarcó a la ciudad el alcalde Gustavo Petro y emprender el camino del libre mercado o la licitación pública.

La historia se remonta a ese crítico 19 de diciembre del 2012, cuando la Administración, tras no prorrogar los contratos a los operadores privados que venían prestando el servicio, dio inicio a una organización en que la ciudad asumía el control total de la recolección a través de una nueva empresa, Aguas de Bogotá.

Como era de esperarse, la precipitada actitud del Alcalde, encaminada más a hacer gala de su investidura que a pensar con cabeza fría, generó una emergencia sanitaria de proporciones mayúsculas. Al punto de que se tuvo que acudir a volquetas para paliar la situación, mientras el inconformismo ciudadano hacía caer la imagen del mandatario y su equipo.

Poco después, la Alcaldía no tuvo más remedio que pactar de nuevo con las empresas privadas y conjurar la crisis. Pero este era solo el comienzo de una serie de situaciones anómalas que alcanzaron su punto máximo con la destitución de Gustavo Petro por orden de la Procuraduría General, fallo que quedó en el limbo tras unas medidas cautelares del Consejo de Estado que le permitieron al burgomaestre retornar a su despacho.

Aunque Petro ha sostenido que su actuación obedeció al cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional para que en el esquema de aseo se incluyera a los recicladores, no es un secreto el viejo anhelo suyo y de la izquierda de apostar por la estatización plena de las empresas de servicios públicos, no importa que la experiencia haya demostrado lo nefasta que puede resultar.

A la hora de los balances, las cifras hablan por sí solas: no hay un censo oficial de la población recicladora ni del número de empresas dedicadas al oficio; la producción de basura aumentó más del 4 por ciento; de 7.527 toneladas diarias de residuos hoy solo se reciclan 237, y mientras la Administración habla de ahorros para los bogotanos cercanos a los 50.000 millones de pesos, otros dicen que las pérdidas acumuladas van en 5.000 millones.

El fallo de la Superintendencia es trascendental en cuanto aclara, entre otras cosas, que, para incluir a los recicladores, no era necesario cambiar el engranaje existente, e insiste en que la ley define que el servicio se debe regir por uno de tres modelos: competencia libre, recolección de basuras en áreas exclusivas, o por la vía de un operador público cuando no existan más opciones.

En otras palabras, la entidad ha puesto de relieve lo que en su momento distintas voces advirtieron. De haberlas escuchado, seguramente otro hubiera sido el devenir de los acontecimientos.

La Alcaldía tiene 6 meses para cambiar el esquema y lo que resta de gobierno para reflexionar sobre la manera como toma sus decisiones. No pueden los ciudadanos pagar el costo de una Administración que pareciera inclinada a actuar primero para luego mirar la norma. Pasó con la suspensión de las corridas de toros, con la forma como se expidió el POT y ahora con el aseo.

EDITORIAL
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