El alquiler de vientres aún no tiene reglas claras en Colombia

El alquiler de vientres aún no tiene reglas claras en Colombia

Hace 5 años, la Corte le pidió al Congreso regular maternidad subrogada. Casos terminan ante jueces.

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06 de septiembre 2014 , 05:46 p.m.

“Alquilo mi vientre”, “busco vientre”, “agencia de alquiler de vientres”. Los anuncios aparecen en páginas web, en redes sociales y hasta en periódicos.

La práctica de la maternidad subrogada, alquiler de vientre o, como el mismo ministro de Salud Alejandro Gaviria la ha llamado, “versión moderna de la maternidad”, es un tema que volvió a la agenda de opinión la semana pasada, cuando la Corte Constitucional señaló que las parejas del mismo sexo pueden adoptar mientras el menor sea el hijo biológico de una de las partes.

Con esto surgieron las dudas sobre si esa histórica sentencia abriría la puerta para que, en adelante, estas parejas opten por el alquiler de vientres o por la inseminación artificial para poder ser padres.

El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas, aseguró que durante el debate en el alto tribunal no se tocó ese tema. Sin embargo, la pregunta quedó abierta. Sobre todo porque en el país la única jurisprudencia que existe sobre el particular es la sentencia T-968/09 de la Corte Constitucional, en la que se trazan lineamientos y se exhorta al Congreso para que legisle en esa materia.

Cinco años han pasado y la falta de regulación ha generado dificultades en los asuntos de filiación (derecho jurídico entre dos personas donde una es descendiente de la otra). Así lo asegura Emilssen González de Cancino, directora del Centro de estudios sobre genética y derecho de la Universidad Externado.

“En Colombia no están claras las reglas de cómo se tiene un hijo a través de otra mujer. Por lo que aplica la normativa que existe para partos naturales; es decir que, ante el notario, el bebé deberá ser registrado con los apellidos de la mujer que alquiló su vientre y de su esposo o compañero permanente, si lo tiene”, explica.

Por eso, solo ante un juez y a través de un juicio de impugnación de paternidad o maternidad se logra que quienes alquilaron el vientre adquieran la legitimidad como padres. Este proceso implica, entre otras cosas, pruebas de genética.

Cuando la mujer que alquiló el vientre no tiene esposo, la pareja de la contratante queda con la paternidad y es posible adelantar un proceso legal de adopción.

En los dos escenarios es un proceso complejo; no solo para la pareja que pretende ser padres, sino también para los médicos que realizan esta práctica.

Juan Luis Giraldo Moreno, ginecólogo, especialista en reproducción humana del Instituto de Fertilidad Humana (Inser), dice: “El “vacío jurídico que existe ha hecho que muchos centros especializados en el tema prefiramos no hacerlo, porque no hay una ley que garantice que en el momento del parto el bebé sea entregado por quien alquila el vientre”.

La Corte Constitucional, en su único pronunciamiento sobre el tema, señaló que el vacío normativo ha desencadenado “hechos y decisiones lesivas e irremediables de los derechos fundamentales de los menores involucrados”. Dijo además que la maternidad sustituta funciona como un mecanismo positivo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas, y ha evidenciado “la necesidad urgente de regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que llegan a un acuerdo o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos e intereses del menor, y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes”.

Giraldo dice que mientras que el tema de la donación de óvulos e inseminación artificial sí está claro en lo que tiene que ver con la parte legal, a través del decreto 1546 de 1998, no pasa lo mismo con el alquiler de vientres.

Ricardo Luque, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, reconoce que se han visto con las “manos atadas” para vigilar el tema al no existir normas que lo regulen, por lo que su papel se ha limitado a ser garante de los servicios de reproducción asistida, que se basa en los estándares que señaló la resolución 2003 de 2014, en la que se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud.

¿Cómo funciona?

La Corte traza en su sentencia algunos requisitos que la práctica debería tener en el país.

Estos son que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir, que los óvulos que se requieren para la concepción no sean de la mujer que facilita su vientre, que la gestante no pueda retractarse de la entrega del menor, que los padres biológicos no puedan rechazar al hijo en ninguna circunstancia, que la muerte de los padres biológicos antes del nacimiento no deje desprotegido al menor y que la gestante no tenga como móvil un fin lucrativo. Este último punto causa grandes cuestionamientos en la actualidad.

González de Cancino, del Centro de estudios sobre genética y derecho de la Universidad Externado, señala que, “en general, en los sistemas de derecho civil que hablan de trasplantes y de disposición del cuerpo, se prefiere la gratuidad. Sin embargo, aunque en Colombia se cobra por esto, es difícil que se considere un delito porque nada lo señala así”.

En países como Ucrania, considerada la meca en el alquiler de vientres, “estos son libres de contratos con fines comerciales”, porque así lo determina su ley.

Sin embargo, Paulo Ernesto Realpe, coordinador de control constitucional y estrategias jurídicas del ICBF, advierte que en estos casos “debe tenerse en cuenta que el decreto 2493 de 2004 establece en el artículo 15 la prohibición de remuneración o cualquier tipo de compensación o retribución por la donación o suministro de un órgano o tejido, concepto dentro del cual se entienden incluidas todas las partes vivas que constituyen el organismo humano”.

Y agrega: “No se puede dejar de lado que en el asunto de la maternidad subrogada están en juego los derechos fundamentales del niño a tener una familia, a conocer a sus progenitores y al respeto de su dignidad. Esto hace definitivamente necesaria una intervención directa del Estado”.

Tres preguntas claves

1. ¿En qué consiste?

Los escenarios contemplan cuando la pareja aporta el óvulo y el espermatozoide, cuando estas células son de un banco, o una fórmula mixta entre las dos opciones anteriores. A la mujer que alquila su vientre se le hace una fertilización in vitro. Es un proceso ambulatorio (no siempre exitoso).

2. ¿Cuánto vale?

El tratamiento médico puede tener un costo cercano a los 12 millones de pesos. El alquiler del vientre de la mujer, en caso de que decida cobrar, varía. Recientemente se conoció el caso de una mujer que alquiló su vientre a una pareja de españoles, a la que le cobró 18 mil dólares.

3. ¿Cuándo hay delito?

Se incurre en falsedad en documento público cuando el recién nacido es presentado ante la notaría y registrado con un apellido diferente de la mujer que lo dio a luz: para este caso, quien alquiló su vientre. Otra forma de delito es cuando se intenta traficar con los menores. Hace pocos meses, el país conoció la historia de una pareja de españoles que alquiló un vientre de una mujer en Colombia y, al no ser efectivo el procedimiento, esta decidió quedar embarazada de su esposo y entregarles su bebé a los extranjeros que habían pagado una alta suma de dinero. En el intento por salir del país fueron capturados por haber incurrido en posible tráfico de personas.

SALLY PALOMINO
Redacción Justicia

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