Clamor popular para que no extraditen a carpintero

Clamor popular para que no extraditen a carpintero

EE. UU. acusa a Ariel Josué Martínez de ser el jefe de una red de lavado de activos.

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06 de septiembre 2014 , 05:46 p.m.

Hasta hace seis meses, la vida de Ariel Josué Martínez transcurría como un campesino más en San Vicente del Caguán, Caquetá: se dedicaba a cortar madera y a criar a sus cuatro hijos.

El destino le cambió el 18 de marzo pasado, a eso de las 11 de mañana, cuando 30 hombres del Gaula del Ejército y el CTI de la Fiscalía lo capturaron en su taller de carpintería para que responda ante una corte del distrito sur de Florida (Estados Unidos) por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

En el expediente con el que la Corte Suprema avaló su extradición el mes pasado, Ariel –un boyacense de 43 años– figura como el jefe de una red que a través de medios electrónicos blanqueó miles de dólares de la mafia entre 2008 y 2009.

La historia de este hombre conmovió a un pueblo, que ha marchado por las polvorientas calles reclamando su libertad. Dicen que no tiene cuenta bancaria y que los gastos de la carpintería y de su familia los lleva a puño y letra en un cuaderno.

De eso da fe José Samuel García, presbítero del Seminario Mayor de San Vicente del Caguán, quien asegura que Ariel ignora hasta cómo se hace una transacción económica por internet.

“No pueden señalar a un hombre que a duras penas sabe leer y escribir como el jefe de una red dedicada a hacer transferencias. Sus hijos bromean diciendo que no sabe ni prender un computador”, dice el padre García, quien cada vez que puede luce una camiseta con el logo “Libertad para Ariel”.

En su casa, de seis metros de ancho y siete de fondo, y hecha con tablas de madera y zinc, la esposa de este campesino repasa los últimos minutos que lo vio. “Tenía estas botas, que son las de trabajar y para salir al centro del pueblo –tipo industrial y un poco desgastadas– (...) Esta es la misma ropa que usa para salir. ¿Será esta la ropa de un mafioso?”, se pregunta Betty Pérez.

Luego señala un viejo radio que tiene atado un cable que sirve de antena. “Este es nuestro equipo de sonido”, dice Betty, quien señala que su esposo solo vestía con prendas de segunda porque el dinero no da para más.

“Le suplico al presidente Juan Manuel Santos que ordene que se investigue el caso de mi esposo antes de que firme la extradición. Esta injusticia ha acabado con una familia. Ariel era la única persona que veía por mis cuatro hijos”, expresa Betty, quien también luce la camiseta blanca con la foto de Ariel impresa en su pecho.

EL TIEMPO contactó al campesino en el patio 15 de la cárcel La Picota, donde espera que el Presidente no firme su extradición hasta que se revise su caso. “Me dicen que eso le corresponde a la justicia de Estados Unidos. Ellos me acusan de presuntas cosas, y el Gobierno colombiano me entrega sin darme la oportunidad de demostrar que no tengo nada que ver con lo que me acusan”, señala.

En el mismo pabellón de extraditables está Juan Carlos Medina, otro señalado miembro de la red y quien trabajó como gerente de un banco en el norte de Bogotá.

Él está convencido de que a Ariel lo suplantaron. “Lo que creemos es que con su número de cédula abrieron una cuenta bancaria y desde ella se realizaron transacciones desde bancos de los Estados Unidos”, dice Medina.

Entre las pruebas a su favor, dice la familia, está por ejemplo que la cuenta bancaria con la que supuestamente recibió miles de dólares fue abierta en un banco en la capital.

Pero desde hace 15 años, Ariel vive en San Vicente del Caguán. Allí llegó desplazado por la violencia en febrero de 1991, cuando los paramilitares llegaron a San Eduardo, Boyacá, y secuestraron y asesinaron a su padre y a un tío, señalados de colaborar con la guerrilla.

Las amenazas lo llevaron, junto con su hermano, a buscar una nueva vida en Caquetá, donde aprendió a tajar la madera. Desde ese momento no salía del pueblo, no solo por la falta de plata, como dice su esposa, sino porque la epilepsia que padece desde los 8 años le impide recorrer largos trayectos y estar solo. Incluso, su casa de madera está a 100 metros de la machimbradora donde trabaja.

Otra de las pruebas que juegan a su favor es un registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en julio del 2012 lo reconoció como víctima. Además le concedió, sin necesidad de una cuenta bancaria, una indemnización que no supera los dos millones de pesos por la muerte de su padre.

El sacerdote de San Vicente y su familia han enviado a la Procuraduría y a la Defensoría decenas de cartas pidiendo que revisen el caso de Ariel. Pero la respuesta es la misma: que son las autoridades de Estados Unidos las que deben esclarecer la inocencia de Ariel.

Eso le significaría costear un abogado que lo defienda, y pasar al menos un año en prisión. “Delincuentes hay en la calle, y eso no es culpa de las autoridades, pero sí lo es que un inocente esté en la cárcel”, dice el padre García.

LEO MEDINA JIMÉNEZ
Enviado especial de EL TIEMPO
San Vicente del Caguán.

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