'Defensa de San Andrés debe apoyarse en derechos étnicos' / Opinión

'Defensa de San Andrés debe apoyarse en derechos étnicos' / Opinión

Este es un momento para dar un timonazo y corregir las relaciones con la gente del archipiélago.

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05 de septiembre 2014 , 08:40 p.m.

San Andrés isla está en el foco de las noticias en estos últimos días por el impacto de hechos violentos contra personas, que afecta el turismo, columna de la economía insular.

La situación en las islas necesita ser examinada con detenimiento y profundidad para poder garantizar la seguridad, y para la continuidad en el establecimiento de acciones y medidas gubernamentales que conduzcan efectivamente “a un desarrollo acelerado que no solamente traerá consigo beneficios a la población del archipiélago, sino que es la pieza esencial de una estrategia de afirmación de la soberanía colombiana en el Caribe. No hay razón para que las islas colombianas en el Caribe sean las que tienen el ingreso más bajo por habitante y la peor calidad de servicios públicos en la región”, como lo consignó el exministro Rudolf Hommes.

Sin embargo, la nueva demanda de Nicaragua por derechos sobre una plataforma continental extendida ha reactivado la disputa sobre zonas del mar de las islas que, consideramos, deben ser reivindicadas a favor de los raizales como originarios que tienen el uso, la dependencia alimentaria, económica, cultural y espiritual como su hábitat por más de dos siglos.

Creemos que la defensa del mar también debe apoyarse en derechos étnicos, que son fundamentales y están en el Convenio 169 de la Conferencia General de la OIT, adoptado por Colombia mediante la Ley 21, del 4 de marzo de 1991, también en el Convenio Americano de Derechos Humanos y en las declaraciones de los derechos étnicos de Naciones Unidas.

La soberanía colombiana sobre las islas y los accidentes geográficos que componen el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está reconocida en instrumentos válidos y en decisiones de los tribunales internacionales, pero no así las aguas que nos corresponden.

Además de las islas mayores, son colombianas las de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, cayos Bolívar y cayos Alburquerque.

Esos territorios constituyen, en su mayoría, atolones, que son un conjunto de una o varias islas protegidas por arrecifes de coral, con laguna interior, con bancos y bajos que son unos criaderos, unas nodrizas, y a medida que van creciendo los peces y las especies en el mar emigran a bancos y bajos en aguas más profundas que están localizadas por fuera de las 12 millas del mar territorial.

La zona contigua, que son 12 millas adicionales al mar territorial, es un área de patrullaje para la protección del país, pero no concede derechos sobre los recursos vivos y del fondo marino.

Con el fallo del Tribunal de La Haya del 19 de noviembre del 2012, nuestros atolones que están en enclave no tienen sobre zona económica exclusiva, o sea que los peces por fuera del mar territorial están por fuera del territorio.

Los pescadores de las islas, acostumbrados por más de 200 años a pescar en sitios y espacios determinados, ya no tienen garantías. Además, las áreas protegidas establecidas bajo la Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower por la Unesco, cuya jurisdicción y competencia eran ejercidas por Colombia para la sostenibilidad y protección de los recursos vivos en una gran extensión del mar en torno al archipiélago, ya no se tiene.

Nosotros no tenemos control sobre el mar de las islas, por fuera del mar territorial, para ejercer protección de los ecosistemas marinos y de las especies marinas amenazadas.

Después del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno visitó en Nueva York al Secretario General de las Naciones Unidas con una delegación del pueblo raizal de las islas, para destacar su existencia y, obviamente, para la reclamación de sus derechos ancestrales. Lo mismo aconteció ante la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Creemos en ese camino para recuperar los derechos aborígenes y tribales sobre el mar de uso tradicional del pueblo raizal.

Igualmente, en varias declaraciones públicas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha manifestado el reconocimiento a los derechos a la pesca de los originarios del archipiélago.

Este es un momento para dar un timonazo y corregir las relaciones con la gente del archipiélago, en muchos frentes, de manera integral. Errores históricos han postrado injustamente a los habitantes de las islas en condiciones culturales, sociales y económicas que han deteriorado su situación.

Basta mencionar cómo en solo 50 años la población ha pasado de menos de 400 habitantes por kilómetro cuadrado a más de 3.000 hoy en la isla de San Andrés, y tienen menos del 50 por ciento de la tierra.

KENT FRANCIS-JAMES
Exgobernador del archipiélago y exembajador

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