Una polémica orden de Petro en aseo desató renuncia de exdirectora

Una polémica orden de Petro en aseo desató renuncia de exdirectora

Alcalde dejó a la Uaesp la responsabilidad de la recuperación de los habitantes de calle del Bronx.

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31 de agosto 2014 , 07:46 p.m.

La intempestiva renuncia de Lucía del Pilar Bohórquez a la dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el pasado 31 de julio, no fue por simples “motivos personales”.

EL TIEMPO conoció que el detonante de ese retiro fue la decisión del alcalde Gustavo Petro de dejar en cabeza de la Uaesp la responsabilidad de la recuperación de los habitantes de calle del Bronx y la orden que le dio a Bohórquez de que a esta población se le tenía que pagar con la tarifa del aseo lo que hiciera de reciclaje, como si fueran recicladores de oficio.

La orden perentoria la dio el Alcalde en una reunión de la mesa interinstitucional para recuperar el Bronx –a donde asisten directivos de las secretarías de Integración Social, Gobierno y Salud, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez (Idipron) y gestores sociales–, realizada el mismo 31 de julio en la Alcaldía.

Ese día –contaron algunos de sus asistentes– Petro sacó airado la Constitución Nacional y leyó el artículo 13, en el que se señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

La molestia de Petro y la lectura de ese artículo obedecía a que desde abril le venía reiterando a Bohórquez en las reuniones que los habitantes de la calle son “recicladores naturales” y, por tanto, tenían derecho a que se les “implementaran” los ingresos por esa vía.

Según quienes han oído el argumento del burgomaestre sobre el ambicioso plan que tiene para recuperar el Bronx y a los indigentes, para él resulta vital que esta población vulnerable reciba dinero para que deje de romper vidrios, espejos, no robe carteras para conseguir la plata y así mejore la seguridad en el centro.

Pero Bohórquez, conocida por ser más técnica que política, y, sobre todo, apegada a las normas, se resistía a dar ese salto, pues en su concepto –comentaron personas cercanas a su círculo– la tarifa del servicio de aseo está destinada para pagar el aprovechamiento que hagan los recicladores de oficio. Y los habitantes de la calle no lo son. La exdirectora de la Uaesp sostenía que el auto 275 de la Corte Constitucional, la Ley de Servicios Públicos y demás resoluciones del sector de aseo eran claras en señalar que los recicladores de oficio son quienes se dedican a esa actividad en forma continua, con salubridad (sin romper las bolsas) y prestan un servicio “ eficiente” a través de rutas organizadas. Un habitante de calle, decía, jamás garantizaría ese servicio.

Además, Bohórquez les comentó a varios funcionarios de la Uaesp que ella jamás violaría la ley sacando plata de la tarifa del aseo, con el fin de dar un destino diferente al fijado para cubrir costos de la prestación del servicio y que los habitantes de calle no reúnen esas condiciones. Por eso, ella renunció.

Recordaba que, por sacar plata de la tarifa de la bolsa de recaudo para pagar actividades distintas al servicio, varios exdirectores de la Uaesp y funcionarios son investigados por la Contraloría Distrital, y ella no quería sumarse a la lista.

El ‘boquete’ jurídico

Exdirectores de la Comisión de Regulación de Agua (CRA) que fueron consultados sobre el tema explicaron que, con el marco tarifario del aseo actual, se puede pagar el aprovechamiento (o reciclaje). Pero este pago no se podría hacer directamente al reciclador, sino a través de organizaciones formalizadas, tal como lo exigió la Corte Constitucional.

De igual forma, para que se puedan efectuar esos pagos, el reciclador debe estar en un censo oficial, inscribirse en una planilla y registrar ahí su pesaje.

El censo ya existe. Pero varios recicladores han venido insistiendo en que en ese censo “no están todos los que son ni son todos los que ahí están”. Algunos han señalado que ahí registraron a personas que no son recicladoras. Y estarían sumándose, ahora, a los habitantes de la calle, que algunas organizaciones de recicladores consideran que no hacen el mismo oficio.

“Se ha luchado por muchos años para que nos diferencien de los indigentes, porque si ellos recogen un papel no es para que se lo reciclen, sino para comprar vicio, que es otra cosa”, dijo la representante de una de las organizaciones que pidió la omisión de su nombre.

Quizás todo lo anterior podría estar incidiendo en el desmesurado aumento que tuvo el censo de recicladores en el último año, que pasó de 13.557, en el 2011, a 20.643 en julio de este año.

Por otro lado, expertos en el sector del aseo consultados dijeron igualmente que, al no definir claramente la Corte, ni las normas los que son realmente los recicladores de oficio, se está abriendo un ‘boquete’ para que quien un día recoja un papel o una botella y la lleve a la bodega para el pesaje alegue después que es reciclador y exija el pago. Así como se está pidiendo ahora para los habitantes de la calle, se podría pedir para otras personas mañana, indicaron.

Mientras tanto, la citada orden del alcalde de vincular a habitantes de calle al pago de reciclaje parece que se va a cumplir, porque el primer acto de Ilva Herrera, como nueva directora de la Uaesp, fue precisamente ir al Bronx.

Perfil del habitante de calle

La Secretaría de Integración Social viene anunciando que en diciembre terminará el censo de los habitantes de calle en Bogotá, que comenzó a hacerse en la zona centro, entre la que está la calle del Bronx, donde se estima que hay más de 1.000 indigentes.

El único censo de esta población se hizo en el 2011 y arrojó que en la ciudad había 9.614 habitantes de calle, un 44,8 por ciento se concentraban en Santa Fe, Mártires y Candelaria. Según las respuestas que dieron entonces los encuestados, la principal razón que los llevó a vivir en la calle fue el consumo de sustancias psicoactivas. El 64,6 por ciento dijo fumar marihuana y más de la mitad de esta población lo hacía todos los días; un 68,1 por ciento respondió que fumaba bazuco (el 80,5 por ciento de estos lo hacía todos los días) y el 12, 4 por ciento era consumidor de cocaína. Sobre las actividades económicas, se identificó que el 58 por ciento de los habitantes de calle se dedicaban a la recolección de objetos de reciclaje, el 34 por ciento a mendigar, un 28 por ciento a hacer algún tipo de servicio y el 10,7 por ciento se dedicaba a delinquir.

La otra renuncia

Nelly Mogollón fue la cuarta directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) en la Alcaldía. Renunció al cargo luego de una agria discusión con el alcalde Petro en un consejo de gobierno en la localidad de Kennedy. Entonces, el mandatario le exigió a Mogollón que arrendara rápidamente una bodega para reubicar a los recicladores del barrio María Paz, que había ordenado un juez.

La exdirectora dijo que estaba tramitando ese alquiler y que todo dependía de los documentos.

Petro le llamó la atención sobre el tema y le pidió más celeridad. En seguida, la funcionaria le presentó la renuncia irrevocable verbalmente y abandonó la sala de la reunión.

LUCEVÍN GÓMEZ E.
Redactora de EL TIEMPO
lucgom@eltiempo.com

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