Drogas y Colombia: Santos y los principios

Drogas y Colombia: Santos y los principios

Ante 'guerra contra las drogas', analista pide que se contenga, porque "es ilusa" su eliminación.

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20 de agosto 2014 , 10:28 p.m.

El presidente Juan Manuel Santos ha procurado que el tema de las drogas sea objeto de un nuevo debate interno, hemisférico y global.

En los últimos cuatro años, sus expresiones al respecto, en Colombia y el exterior, han oscilado entre remarcar el fracaso la “guerra contra las drogas” y proponer nuevos “escenarios” para el manejo del tema.

Nunca se ha manifestado activamente contra la prohibición ni ha promovido decisivamente la legalización. La expectativa nacional e internacional de que Santos vaya más allá de lo dicho es un tanto ingenua. Ni su talante y estilo, ni su cargo y convicción sugieren esperar que el mandatario sea un militante antiprohibicionista ni un portaestandarte prolegalización.

Lo que sí podría hacer –y aún no ha hecho– el Presidente es aportar a lo que se podría denominar un “conjunto básico de principios” por medio de los cuales orientar una política interna e internacional hacia las drogas.
Así entonces, los cinco principios fundamentales podrían ser los siguientes:

Primer principio

La contención es posible y preferible. Es totalmente ilusa la expectativa esencial de la actual estrategia mundial contra las drogas consistente en alcanzar su plena eliminación.

Esa idea se sustenta, a su turno, en otra quimera: la abstinencia. Como consecuencia de la utopía de la erradicación definitiva del “flagelo” de las drogas se ha desplegado una cruzada que, en últimas, ha ido socavando más la democracia misma y alentado un capitalismo depredador.

Por tanto, el objetivo de eliminar el fenómeno de las drogas es no solo inalcanzable sino peligroso. Alternativamente, contener este asunto; esto es, reducir sus efectos sociales, políticos y económicos más dañinos y proteger, paralelamente, a los actores más vulnerables que se ven afectados por el lucrativo negocio de los narcóticos es más razonable y realista.

Segundo principio

Las personas, primero. La “guerra contra las drogas” y su lógica punitiva ha puesto el acento en un amplio abanico de medidas cuyo sentido y alcance se evalúa en términos de hectáreas de cultivos ilícitos fumigadas, laboratorios de procesamiento desmantelados, producción de drogas de base natural y sintéticas destruidas, avionetas del narcotráfico derribadas, drogas decomisadas en origen, cargamentos de narcóticos interceptados al ingresar a un país y disponibilidad en el mercado de diversas sustancias psicoactivas ilegales.

Paradójicamente, cuanto más altas son las estadísticas en cada una de las fases del negocio de las drogas, más se asegura que es un éxito la cruzada antinarcóticos.

Con el tiempo, las distintas burocracias antidrogas a nivel nacional e internacional se acostumbran (y nos acostumbran) a cifras efectistas que, en el fondo, demuestran sucesivas victorias pírricas.

El problema es que, en vez de centrarse en las personas, la política antinarcóticos se concentra en la sustancia.

Entender el fenómeno de las drogas desde el ángulo de las personas y su bienestar implica considerar otros indicadores de probable éxito: menos abuso de sustancias psicoactivas, menos violencia contra los que consumen ocasionalmente, menos encarcelamiento de jóvenes afectados por el avance del narcotráfico, menos gastos en acciones coercitivas contra ciudadanos, barrios y comunidades, etc.

Tercer principio

El valor del tiempo: no existe una solución inmediata y providencial en la superación del fenómeno de las drogas.

Es indispensable una mirada de mediano y largo plazos. Un tiempo social para orientar a la sociedad en la dirección de respaldar medidas cuyo resultado más promisorio se producirá en el marco de un horizonte temporal amplio.

Un tiempo institucional para que las dependencias del Estado encargadas de poner en marcha una estrategia no convencional en el frente de las drogas puedan coordinar mejor sus acciones. Un tiempo político para tejer un acuerdo transversal –tanto partidista como ciudadano– y mayoritario, mas no unánime, pues siempre habrá partidarios de la “guerra contra las drogas” –que le dé sustento a un nuevo modo de hacer frente al fenómeno de las drogas.

Cuarto principio

La peor adicción es la deferencia a la política y al discurso antinarcóticos. Las agencias antidrogas viven, burocrática, política y presupuestariamente, de subrayar que ellas pueden resolver –obviamente de manera punitiva– el asunto de las drogas.

Si algo no funciona pues el negocio persiste, se expande y complejiza, entonces se invoca la necesidad de más coerción, más presupuesto y más personal. Lo fundamental es entender y reivindicar que la mejor política anti-drogas es, en realidad, una buena política pública en materia de educación, salud, justicia, empleo y derechos humanos.

Las tácticas específicas antidrogas deben constituir el núcleo menos relevante de las acciones que el Estado debiera emprender en otros frentes sociales, jurídicos, económicos y políticos para disminuir el impacto y el alcance del fenómeno de las drogas.

Quinto principio

La experimentación es positiva. El régimen internacional antidrogas lleva más de un siglo de existencia. Dicho régimen –cimentado en una prohibición global (que excede a Estados Unidos y Occidente) y ambigua (que castiga a los eslabones débiles y es tolerante con los poderosos ligados al emporio de las drogas)– es hoy severamente cuestionado por estados y sociedades cada vez más frustrados y fatigados con la “guerra contra las drogas”.

Sin embargo, la transformación de dicho régimen no será inmediata e integral, sino progresiva y puntual. En esa dirección, es válido y legítimo el ensayo y error mediante opciones menos draconianas, injustas e improductivas.

De algún modo, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre drogas de 2013 abre las compuertas en favor de experimentar con políticas alternativas, a la espera de resultados positivos que vayan ampliando la base de sustentación para cambiar significativamente, en un futuro, el régimen internacional contra las drogas todavía vigente.

El presidente Santos no será, en su segundo mandato, un líder mundial antiprohibicionista ni prolegalización, pero lo que podría hacer es un aporte trascendental al debate mundial sobre las drogas.

Ello podría manifestarse a través de la defensa y de la promoción de un conjunto básico de principios, que de cierta manera marque unas nuevas fronteras dentro de las cuales podrían llevarse a cabo políticas más innovadoras y, sobre todo, más humanas en lo relativo a las drogas.

JUAN GABRIEL TOKATLIAN
Especial para EL TIEMPO

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