Galán, 25 años de un magnicidio con la verdad incompleta

Galán, 25 años de un magnicidio con la verdad incompleta

Solo dos condenados. Falta definir la complicidad de políticos y oficiales que no han sido tocados.

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16 de agosto 2014 , 04:04 a.m.

Miguel Antonio Maza Márquez, exdirector del DAS, 76 años; Alberto Santofimio Botero, exsenador de la República, 72 años; Manuel Antonio González, alto funcionario del DAS, 62 años; Luis Felipe Montilla, excomandante de la Policía de Soacha, 58 años; Jhon Jairo Vásquez, alias 'Popeye', sicario de Pablo Escobar, 52 años… (Infografía: Las fichas claves en el magnicidio)

Los rostros avejentados de los procesados por el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder del Nuevo Liberalismo, asesinado el 18 de agosto de 1989, hace 25 años, son la mejor evidencia de la inoperancia de la justicia colombiana en el esclarecimiento de un crimen que hirió al país en lo más profundo y lo forzó a enfrentar a uno de sus peores demonios: el narcotráfico.

En el camino del hombre que todos daban por presidente de Colombia en las elecciones de 1990, se le atravesó un complot en el que participaron Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, capos del cartel de Medellín; paramilitares del Magdalena Medio, miembros del DAS, la Policía y del Ejército, y políticos que lo veían como una amenaza.

Después de 25 años solo hay dos condenados, ambos de las entrañas de Escobar: ‘Popeye’, su sicario de confianza, y Alberto Santofimio Botero, acérrimo enemigo político de Galán y ficha del capo en el Congreso.

En medio de la guerra frontal contra el narcoterrorismo, la justicia se concentró solo en el máximo jefe del cartel de Medellín y por años ignoró claras pistas que apuntaban a otros poderosos sectores sin cuya complicidad el crimen no se hubiera podido ejecutar.

Quien lea los miles de folios del expediente llegará a una sola conclusión: Luis Carlos Galán Sarmiento estaba condenado a muerte.

El plan para asesinarlo fue tan cuidadosamente calculado que lo elevaron en una tarima hecha cuatro horas antes, para que las balas lo impactaran, de abajo hacia arriba, en puntos en los que el chaleco antibalas no lo protegía.

Dos semanas antes, Galán se había salvado de un atentado con rockets en Medellín. Pero en Soacha, agentes del Estado debilitaron a su escolta y se lo entregaron a la mafia en una plaza pública custodiada por un puñado de viejos policías.

¿A quién beneficiaba ese crimen?

Sin duda, a la mafia, que sabía que era el único candidato dispuesto a extraditarlos a Estados Unidos, por encima de la ola de violencia con la que estaban azotando al país. Pero también a un grupo de políticos cercanos al naciente proyecto paramilitar que germinaba en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales.

Además de Santofimio, Galán estaba enfrentado a Hernándo Durán Dussán, ex alcalde de Bogotá, exministro de Educación y uno de sus competidores por la candidatura oficial del liberalismo a la Presidencia.

Varios documentos de la Fiscalía aseveran que Durán Dussán era uno de “miembros del brazo político de la mafia”, una lista que encabeza Santofimio y en la que también aparecen los congresistas Ernesto Lucena, Tiberio Villarreal y César Pérez, condenado por la masacre de Segovia, cometida por los mismos paramilitares del Magdalena Medio que pusieron los sicarios que mataron a Galán.

En el multitudinario entierro de Galán, en el Cementerio Central, la gente lloraba y gritaba “los votos de Galán no serán para Dussán” (sic).

Durán Dussán murió en 1998, tras una larga carrera diplomática sin que siquiera hubiera sido llamado a declarar por el caso en el que sonó desde un primer momento.

De hecho, para la Fiscalía no es gratuito que la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), fachada política de los grupos ‘paras’, le hiciera campaña a Durán Dussán tras la desaparición de Galán.

A lo largo del expediente se mencionan otros nombres de políticos, entre ellos el fallecido Víctor Renán Barco, el gran cacique de Caldas, William Vélez Mesa y Jairo Ortega Ramírez.

También figura el extinto ‘zar’ de las esmeraldas Víctor Carranza, quien murió en el 2013 sin rendirle cuentas a la justicia por este y por otros oscuros episodios que lo relacionan con la génesis del paramilitarismo.

La ruta militar

Esta semana, en una polémica decisión, la Corte Suprema confirmó la absolución del teniente del Ejército Carlos Flórez, señalado de haber recibido en Bogotá a los sicarios del Magdalena Medio que envió el jefe paramilitar Henry de Jesús Pérez para asesinar a Galán, cumpliendo el plan acordado con los capos de Medellín.

Si bien los magistrados admiten que Flórez fue ficha de alias ‘el Mexicano’, validaron dos fallos anteriores que señalan que no había pruebas de que el teniente hubiera participado en este crimen. Sin embargo, por la misma época, los ‘paras’ mataron en Bogotá al sindicalista y líder de la Unión Patriótica (UP) Teófilo Forero. El sicario fue Eduardo Rueda Rocha, el mismo hombre que disparó contra el jefe del Nuevo Liberalismo. Flórez está condenado y es prófugo de la justicia por esa muerte.

Hasta ahora, las decisiones judiciales no han tocado a ningún alto oficial del Ejército, a pesar de que varios testigos dicen que miembros de la Brigada de Inteligencia, B-2, colaboraron activamente en el complot.

Muchas de las pistas de esa alianza se las llevó a la tumba el coronel del Ejército Luis Bohórquez, jefe militar de Puerto Boyacá y socio de Henry de Jesús Pérez.

A Bohórquez lo mataron un año después del crimen de Galán, cuando se desplazaba a Bogotá para confesar lo que sabía de un magnicidio, que se fraguó en tres frentes: debilitar a su cuerpo de escoltas, mover fichas para que los sicarios actuaran libremente en Soacha y la posterior desviación de la investigación.

El general Miguel Alfredo Maza Márquez, entonces director del DAS, y su jefe de Protección, Manuel González, se preparan para defenderse en juicio por haber minado el esquema de protección de Galán con el nombramiento de Manuel Torregrosa, un oscuro exoficial de la Policía que murió en el 2009 sin ser procesado.

Sin ninguna experiencia y con una hoja de vida mediocre en la Policía (de la que salió retirado en 1972), le fue asignada la misión de proteger al hombre más amenazado de Colombia. Torregrosa, que llegó al DAS luego de trabajar en el archivo de un colegio, tomó decisiones que claramente facilitaron la acción de los sicarios.

El día del atentado, le preguntó a Galán si iba a llevar chaleco antibalas y cuando ya iban rumbo a Soacha, envió a dos de los guardaespaldas de confianza del candidato a Villeta, con la excusa de que era la siguiente parada electoral de Galán.

Así, el valiente enemigo de la mafia y probable próximo Presiente, llegó a la fatídica manifestación con apenas seis guardaespaldas.

La Fiscalía está segura de que Torregrosa se reunió horas antes con el capitán Luis Felipe Montilla, jefe de la Policía de Soacha, también acusado por el crimen, para relajar las medidas de seguridad en ese municipio.

Aunque en documentos oficiales de la época la Policía aseguró que la seguridad de la manifestación estuvo a cargo de 50 uniformados, entre ellos expertos francotiradores, eso nunca ocurrió.

Los videos del momento del ataque dejan en evidencia que ningún policía protegió a Galán. De hecho el suboficial Josué Ariza, jefe del escuadrón de motorizado de Soacha, aseguró que solo él y ocho uniformados más estaban en la plaza.

Además, que Montilla lo quiso obligar a firmar un documento en el que se hablaba de un gran operativo. Ariza se negó y, luego de darle su versión a la Fiscalía, en el 2010, simplemente desapareció.

Inexplicablemente, aunque Montilla sabía del alto riesgo en el que estaba el candidato, ordenó mover a 15 experimentados contraguerrillas hacia el comando de Cundinamarca, en Bogotá.

Ese traslado también lo intentaron ocultar y cuando quedó en evidencia, Montilla aseguró que tan solo cumplió órdenes de sus jefes en la Policía de Cundinamarca: los entonces coroneles Argemiro Serna y Óscar Leal Pérez. Serna, junto con Maza Márquez y Óscar Peláez Carmona, director de la Dijín, son los tres generales enredados por este crimen.

“Yo no debilité ningún esquema de seguridad (...) Por el contrario, a mí me debilitaron. No fue por orden mía que ese personal salió de Soacha. Fue por orden de los coroneles Leal Pérez o Serna”, dijo Montilla.

A las 8:40 de ese viernes 18 de agosto, las ráfagas de las ametralladoras se mimetizaron con el ruido de la pólvora que estalló durante toda la jornada y que era parte de la estrategia. Juan Lozano, político cercano a Galán, recuerda que le reclamó a Torregrosa por no subirse a la tarima con su protegido, como lo ordenaban todos los protocolos de seguridad.

Solo su guardaespaldas Santiago Cuervo lo protegió. Pero nada pudo hacer frente a las balas que salían por debajo de la tarima. Él, Galán y el concejal Julio César Peñalosa fueron las víctimas mortales, pero todo el país quedó herido.

Torregrosa, según la investigación, decidió llevar al candidato agonizante a un hospital de primer nivel, en el que no pudieron ayudarlo y tuvieron que remitirlo al antiguo hospital de Cajanal, al que llegó, más de una hora después, sin vida.
Además, se demoró largos minutos en notificarle al alto mando el atentado, a tal punto que uno de sus subalternos tuvo que quitarle el radio de comunicaciones y hacerse cargo del operativo.

El caso Hazbún

A pesar de estos antecedentes, la investigación disciplinaria que el DAS inició en su contra se cerró a los pocos meses y hasta lo ascendieron. Este capítulo es el que más pesa en los procesos contra el general Maza Márquez y el jefe de protección de ese organismo, Manuel González, quienes no solo compartieron curso en la policía con Torregrosa sino que, además, nacieron en la misma región: Magdalena.

A pesar de que estaba cumplido el objetivo, matar a Galán, el plan no se quedó ahí. Tres días después, cuando el país aún no había despertado del golpe del narcoterrorismo, la Policía y el DAS se cobraron la captura de cinco de los supuestos asesinos, entre ellos Alberto Jubiz Hazbún, químico farmacéutico barranquillero.

Jubis Hazbún estuvo preso entre 1989 y 1993, a pesar de que decenas de testimonios daban fe de su inocencia. Cuatro años después de recuperar su libertad, murió de un infarto.

El Consejo de Estado condenó este año a la Nación a pagar una reparación a su familia y a la de los otros detenidos en este ‘falso positivo’ judicial. Los generales Maza Márquez y Peláez Carmona fueron condenados a cancelar solidariamente la indemnización por la actuación de sus instituciones en el desvío de la investigación.

Además de la demora en involucrar a posibles responsables, la investigación por el magnicidio de Galán también ha estado rodeada de crímenes, atentados y hasta muertes ‘convenientes’.

El exministro de Justicia y exsenador Carlos Obando, que desde el primer momento le dijo al país que él estaba reunido con Jubiz Hazbún en el norte de Bogotá en el momento en el que Galán moría en Soacha, fue atacado a bala en febrero de 1990, cuando atendió a un supuesto oficial que lo había citado para ampliar su declaración en favor del químico.

Y como en todos los magnicidios de la época, los sicarios también fueron silenciados. Eduardo Rueda Rocha, el hombre que disparó contra el candidato, fue capturado en septiembre de 1990 y se fugó pocos días después de la cárcel la Picota. Se escondió en Puerto Boyacá, participó en actos públicos del proceso de sometimiento de las autodefensas de la época y terminó muerto el 23 de abril de 1992 en un operativo policial. Su primo José Ever Rueda Silva, que también estuvo en Soacha, fue asesinado en la cárcel La Modelo, apenas dos meses después.

Otra voz clave a la que también silenciaron fue la de Orlando Monroy, alias ‘Trapero’, curtido detective del DAS que, según la Fiscalía fue entrenado por Yair Klein junto a los paramilitares del Magdalena Medio. ‘Trapero’ fue escolta de la madre de Maza Márquez uy habría empezado a hablar del atentado días antes de que se perpetrara. En ese momento desapareció. Su familia asegura que agentes del DAS fueron a su casa por él y luego regresaron a preguntar por una supuesta grabación sobre los hechos.

Alberto Romero, el hombre que por décadas manejó desde la sombra la inteligencia del DAS, también fue involucrado en el magnicidio y le adjudicaron nexos con el jefe paramilitar Carlos Castaño. Pero cuando iba a ser escuchado por la Fiscalía, a mediados del 2012, falleció súbitamente.

Dos años antes, en una calle de Armenia, fue asesinado el polémico exministro Rommel Hurtado, informante del DAS y quien, por instrucciones de los hermanos Rodríguez Orejuela, le habría advertido a Maza Márquez sobre el plan. Aunque Maza ha negado este episodio, la Fiscalía acaba de ordenar que se tome la declaración de los Rodríguez, que están presos en EE.UU.

Además del mensaje a Maza, a los capos del cartel de Cali se les preguntará si es cierto que el paramilitar Ariel Otero les entregó un dossier completo sobre el crimen. Y la familia Galán insiste en que se les indague como financiadores del magnicidio, en lo que habría sido una jugada a tres bandas para lograr que la guerra de Estado se concentrara en Pablo Escobar y, de paso, en eliminar al hombre que prometía extraditar a todos los capos.

La Fiscalía también anunció que llamará a testificar al clan Ochoa, socios de Escobar, y a otro general de la época salpicado, cuyo nombre está en reserva.

Una comisión de investigadores tiene las maletas listas para viajar a varios países en busca de testimonios y evidencia que le permitan al país terminar de desenterrando la verdad de uno de los episodios más oscuros de su historia. ​

La defensa de Maza

El general Miguel Maza Márquez fue considerado en su momento como un héroe en la lucha contra los narcos y se salvó de dos atentados, incluyendo la bomba que acabó con el edificio del DAS en 1989.

Ese es uno de los argumentos que ha usado en su defensa. Maza dice que no tiene lógica que se haya aliado con Pablo Escobar, que ordenó matarlo, para el crimen. Sobre la designación de Torregrosa como jefe de seguridad del candidato, dice que fue el propio Galán quien pidió relevar al detective que por años cumplió esa tarea y que nunca se quejó de Torregrosa. La familia Galán y el presidente César Gaviria niegan esa versión. “El DAS cumplió”, asegura.

UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA

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