Los enredados en casos de extinción de dominio podrían conservar una parte de sus fortunas si colaboran con la justicia. Así lo establece el nuevo código de extinción de dominio aprobado en el Congreso y que ya entró en vigencia en el país.
Según la norma, cuando una persona investigada por comprar bienes con dinero proveniente de actividades ilegales decide renunciar a su derecho de defensa y permitir la terminación anticipada del proceso podría conservar hasta un tres por ciento del valor de los bienes ocupados. Los jueces serían los encargados de determinar ese porcentaje.
El vicefiscal general, Jorge Fernando Perdomo, explicó que esa figura se viene aplicando con éxito en otros países y ha servido para agilizar los procesos de extinción y evitar el desgaste judicial, pues un caso de estos puede durar años en un juzgado. “Es una herramienta efectiva para desmantelar las organizaciones criminales. Afectando sus finanzas y quitándoles sus bienes a los grupos ilegales se consolidan verdaderos golpes para el debilitamiento de sus estructuras”, indicó.
Aclaró que esos acuerdos de colaboración se firmarían fuera de las investigaciones penales, por los que tendrían que pagar cárcel o buscar otros mecanismos de colaboración como preacuerdos o principios de oportunidad, que en todo caso apuntarían a que testificaran contra sus socios.
También, tendrán beneficios los investigados que voluntariamente entreguen a la Fiscalía los bienes que no estaban bajo el radar de las autoridades, así como los informantes que tengan datos sobre bienes comprados por terceras personas y provenientes de actividades ilegales. “Si un testaferro, al que le pagan sumas muy bajas por prestar su nombre, se acerca a la Fiscalía y confiesa que tiene propiedades que son de terceros y que fueron adquiridas ilegalmente, puede aspirar al beneficio”, explicaron investigadores.
La norma cobija delitos desde narcotráfico hasta hechos de corrupción; sin embargo, esos beneficios no se podrán aplicar en los procesos que a la fecha de la expedición de la ley estaban en instrucción. En las demás investigaciones, los jueces podrían ordenar la devolución de un porcentaje de lo incautado.
Bienes en el exterior
Incluso cuando los enredados estén extraditados en países como Estados Unidos, la Fiscalía tiene la facultad de contactar a las autoridades de otras naciones para explicar la colaboración de los capturados, con lo que podrían lograr beneficios judiciales.
El código tiene otra figura novedosa, que está pendiente de reglamentación en el Ministerio de Hacienda, para compartir los bienes comprados en el exterior por plata proveniente de delitos.
“Ya empezamos a buscar la firma de acuerdos de colaboración con países como Estados Unidos, Argentina, Panamá y Chile para que los bienes que estén en esas naciones se puedan embargar y extinguir su dominio repartiendo entre los dos países el valor de los bienes luego de ser vendidos”, señalaron fuentes de la Fiscalía, que a raíz del nuevo código pasará de tener 27 fiscales a 50.
“Con estas decisiones se estimula la colaboración de las demás naciones que podrían lograr recursos por cuenta de la persecución a los bienes de las organizaciones criminales que delinquen en Colombia, pero que huyen a otros lugares a invertir sus fortunas”, señalaron las fuentes.
Como parte de la nueva legislación, la Fiscalía podrá contratar abogados en el exterior para hacer seguimiento a esos bienes. El código permite también perseguir bienes provenientes de todos los delitos, incluyendo propiedades adquiridas con dinero de hurtos y fleteos.
De otro lado, la Fiscalía trabaja en la puesta en marcha de los nuevos mecanismos que el código le dio para perseguir los bienes comprados ilegalmente. Los investigadores ahora podrán realizar interceptaciones, operaciones controladas, seguimientos e infiltración de agentes en las organizaciones para ubicar sus bienes y proceder a su ocupación. Con la nueva norma, los procesos de extinción que tardaban hasta 10 años serían resueltos en uno.
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