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La historia secreta de las pistolas que rastrea Alemania

A su venta irregular a Colombia se unen denuncias de que venían regrabadas y con fallas técnicas.

El escándalo por la llegada irregular a Colombia de 64.485 pistolas Sig Sauer SP2022, made in Alemania, podría terminar en investigaciones disciplinarias y penales en Berlín, Bogotá y hasta en Washington.
Así lo indican testimonios y documentos recogidos por EL TIEMPO que demuestran que a las anomalías en la adquisición de las armas, que indaga desde mayo la Fiscalía alemana, se le unen ahora otros problemas que fueron detectados y denunciados por oficiales colombianos, desde el 2006, sin que nada pasara.
Berlín centra su investigación en la violación, por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de una prohibición expresa de venderles armas fabricadas en Alemania a países con conflictos armados vigentes, como Colombia.
Pero acá, además de su origen, varios uniformados han venido cuestionando la conveniencia técnica de que las Sig Sauer –que costaron 28,5 millones de dólares–, terminaran en manos de la Policía a pesar de que un comité técnico evaluador dijo que no cumplían con las especificaciones que se requerían.
De hecho, por esa razón se declararon desiertas dos licitaciones, en el 2005 y el 2006.
Sin embargo, a mediados del 2006, las pistolas fueron negociadas a través de un mecanismo más expedito, la compra de Gobierno a Gobierno, aduciendo su buen desempeño, precisión y versatilidad y la necesidad de reemplazar los revólveres calibre 38 –Cassidy y Martial-Especial– hechos en Indumil, que habrían cumplido su vida útil.
Pero el lío va más allá. Oficiales de Ejército y Policía le mostraron a EL TIEMPO informes que hablan de graves problemas en las pistolas, que le habría sido advertidos al Grupo de Armamento de la Policía cuando estaba al mando del coronel Alexánder Tapiero, cuñado de la actual subdirectora, mayor general Luz Marina Bustos.
¿Matriz sí sabía?
“A pesar de ser supuestamente nuevas, presentaban corrosión avanzada y deformidad plástica en el estriado del cañón. Además, las piezas en polímero se dañaban con facilidad y el ‘riel picatinny’ (usado para anexarles accesorios) se partía”, aseguró un oficial que pidió la reserva de su nombre.
De hecho, en junio del 2009, la propia Policía admitió en un documento público que algunas de las 24.573 pistolas que había recibido hasta ese momento presentaban problemas en el resorte del retén del cargador.
Incluso, aseguró que “la casa matriz, responsable de la fabricación y comercialización del armamento, se comprometió a corregir el problema presentado en el último lote enviado a Colombia y a garantizar que las restantes cumplirán con todos los requerimientos propios del servicio”.
Este documento es clave dentro de la investigación porque significaría que la matriz de la Sig Sauer sí sabía cuál era el destino final de las pistolas y, además, que estaba violando la prohibición de su gobierno.
Lo concreto es que las fallas en los rieles dificultaban la toma de las improntas de las armas o números de identificación, requisito para ser recibidas formalmente.
Esto llevó a que se optara por fotografiar las pistolas y fue entonces cuando se descubrió una presunta alteración de sus números de identificación: “Presentaban regrabación en las plaquetas de identificación del arma”, le dijo a EL TIEMPO un oficial del Ejército. Y aseguró que hay testimonios de al menos tres miembros de la Policía que así lo ratifican.
Ante la gravedad de los hechos, la denuncia sobre la carencia de especificaciones técnicas y un presunto favorecimiento al distribuidor de las Sig Sauer le fue enviada, en el 2009, al ‘zar’ anticorrupción de la presidencia, Óscar Ortiz.
Y la denuncia sobre la regrabación de las improntas se le remitió al procurador Alejandro Ordóñez, a mediados del 2011.
“Creemos que al tachar las improntas alguien estaba intentando ocultar que algunas pistolas eran ensambladas con partes de armas usadas o que salieron de la fábrica de Sig Sauer en Alemania y no de su filial en New Hampshire (Estados Unidos), violando así la prohibición de Alemania”, explicó un oficial del Ejército.
De un lado a otro
La Procuraduría Distrital II de Cundinamarca asumió el caso de las improntas. Sin embargo, en diciembre del 2013, decidió remitir el expediente a la Inspección General de la Policía, por competencia.
Allí le informaron a este diario que “ya se aperturó (sic). la investigación y que están recogiendo testimonios".
Por su parte, el ‘exzar’ anticorrupción, Óscar Ortiz, dijo que recordaba muy bien la denuncia de las Sig Sauer porque implicaba recursos muy onerosos en tema de defensa.
“Cuando el tema llegó a mis manos la compra de las pistolas ya era un hecho cumplido. Por eso, tras analizar la documentación y considerar que eran graves las denuncias, remití el caso a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría en mayo del 2009”, explicó Ortiz. Pero no sabe qué camino tomó el caso.
El temor de los denunciantes es que, ante el escándalo internacional, se esfume la evidencia que recogieron o se tomen represalias en su contra.
“Recuerde que cien de esas mismas pistolas fueron robadas hace 8 meses y terminaron implicados varios policías”, puntualizó uno de los denunciantes.
Por ahora, el Ministerio de Defensa de Colombia hizo saber que si hay alguna explicación que darle a Alemania, está en Estados Unidos y ya le pidió a ese país que certifique el origen de las pistolas que llegaron a la Policía Nacional.
Berlín, por su parte, tiene a funcionarios de la Policía Federal (Bundeskriminalamt) y Policía Aduanera (Zollkriminalamt) en Bogotá pendientes del tema, que está a cargo de la Fiscalía de Kiel, una ciudad al norte de Alemania en donde tiene su casa matriz la fábrica de Sig Sauer.
¿En qué va la investigación?
Un vocero autorizado de la Policía le aseguró el jueves a EL TIEMPO que la denuncia sobre la supuesta alteración de los registros de las Sig Sauer está en la Inspección General y que ya fue formalmente abierta. “Estamos en la recolección de pruebas y se va a hacer un peritazgo técnico de las armas de manera aleatoria”, explicó el vocero. Y agregó que ya se han tomado algunas versiones que señalan que mucho de lo que se dice no es real. Además, que se evalúa si se cita al coronel Alexánder Tapiero, entonces coordinador del Grupo de Armamento de la Policía Nacional, quien habría sido informado de las supuestas irregularidades en las armas ‘made in’ Alemania.
Sobre la venta ilegal de las armas, que indaga la Fiscalía alemana, manifestaron que es un tema del resorte exclusivo del Ministerio de Defensa y de Estados Unidos. EL TIEMPO le preguntó a la embajada de Estados Unidos en Bogotá por qué vendieron esas armas y si adelantaban alguna investigación interna, pero al cierre de esta edición aún no habían respondido a estos interrogantes.
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