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Diálogos en el Catatumbo con campesinos no están avanzando

Afectados mostraron su inconformismo después de 10 meses de negociaciones.

CÚCUTA
Cúcuta. Entre definiciones de agenda metodológica, pausas técnicas y jornadas de trabajo adelantadas en Cúcuta y Bogotá, han transcurrido 10 meses desde que se instaló la mesa de diálogo del Catatumbo, pactada entre líderes campesinos y representantes del Gobierno para finalizar el paro de labriegos de la zona, que inició el 11 de junio del 2013 y duró 53 días.
A lo largo de las negociaciones, que se iniciaron en agosto del 2013 y que desde hace dos meses están suspendidas, los seis representantes de Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo) expresaron su inconformidad, especialmente, por los retrasos en la cristalización de cuatro acuerdos que fueron firmados a la fecha y que contemplan una inversión de recursos comprometidos de más de 32.000 millones de pesos.
Juan Carlos Quintero, vocero de los labriegos, precisa que existe un incumplimiento del 90 por ciento de lo pactado.
En los acuerdos ya establecidos se asumen compromisos en materia de garantías, planes de desarrollo, estrategia de posterradicación de cultivos ilícitos y la declaratoria de la zona de reserva campesina del Catatumbo, en el polígono de Tibú.
El debate de este último punto, uno de los más importantes para los labriegos, fue congelado. Dos reclamaciones judiciales motivaron al Consejo Directivo del Incoder a aplazar la discusión dentro de la agenda de la mesa de diálogos.
La Procuraduría le habría solicitado a la entidad abstenerse de aprobar el mencionado proyecto de acuerdo.
Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 160 de 1994, que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, y la existencia de una tutela interpuesta por la comunidad indígena Barí contra este proceso que demandaba una presunta violación de sus derechos.
Según el último anuncio hecho por Ascamcat, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta negó por improcedente la acción. Los magistrados reconocieron que la propuesta no afecta territorios indígenas constituidos ni sus solicitudes de ampliación.
El líder campesino indicó que este fallo dejó al Gobierno sin excusas para mantener el veto ilegal contra la declaratoria.
Esto obliga a cumplir la norma que respalda la propuesta y, además, deberá dar continuidad al proceso de constitución.
Quintero señala que no se ha superado el tema de impunidad y reclaman el cumplimiento total del acuerdo de garantías de la mesa, debido a que todavía no se esclarecen las muertes de cuatro campesinos en las protestas.
Por otra parte, el Gobierno, a través del DPS (Departamento para la Prosperidad Social), puso en marcha la estrategia de post erradicación, la cual fue concertada en el marco de los diálogos.
Para este programa, que es acompañado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se destinaron 12.000 millones de pesos. Los recursos serán ejecutados en cinco componentes en un plazo de 24 meses.
En marzo pasado, 253 familias residentes en las zonas rurales de Tibú y Sardinata, de cuyos predios fueron erradicados cultivos de coca en los años 2012, empezaron a recibir subsidios por 1’100.000 pesos –el primero de tres desembolsos–, como compensación por haber perdido las tierras y otros cultivos con este plan que lidera el Ministerio de Defensa.
Como parte de los compromisos adoptados por el Gobierno, se mantiene la suspensión de la erradicación manual y fumigación de los cultivos ilícitos en la región del Catatumbo.
El comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Eliécer Camacho, señaló que, en este periodo de cese de dichas actividades en la zona, se identificó el incremento en un 27 por ciento de los sembrados de coca.
Entre tanto, la iniciativa del presidente Juan Manuel Santos, para consolidar un ‘Laboratorio de Paz’ en la región, aún no despega. Los labriegos añaden que la falta de consenso en detalles políticos, operativos y sociales hizo de este el último punto de la agenda.
La reactivación del diálogo se tenía prevista para después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, pero todavía no hay anuncios de la fecha.
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