Editorial: Una decisión esperada

Editorial: Una decisión esperada

25 de junio 2014 , 08:08 p. m.

La decisión tomada ayer por el Consejo de Estado, de anular la elección del actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, es un paso en la dirección correcta. Se trata nada menos que de la tantas veces exigida tranca para frenar la llamada ‘puerta giratoria’ de las altas cortes.

Es un mal que en los últimos años ha echado raíces, las mismas que han desestabilizado los cimientos de esta rama del poder público y causado un gravísimo perjuicio a su credibilidad, como bien lo demuestran las encuestas recientes, en las que su imagen negativa supera el 70 por ciento.

La determinación también es importante en tanto deja claro que el espíritu de cuerpo que en los últimos años rondó a las cortes empieza a romperse, hecho afortunado, confirmado por el posterior pronunciamiento de esta misma instancia mediante el cual invalidó la elección del magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas, por inconsistencias en la documentación que respaldó su aspiración.

Por lo pronto, vale recordar que la elección de Ricaurte, así como la de su colega Pedro Munar, en el Consejo de la Judicatura, en la Sala Administrativa, fue un criticado episodio, resultado, justamente, de una dinámica en la que se sentirían a gusto los más redomados gamonales.

Los dos magistrados –la situación de Munar debe definirse en pocas semanas, pero los argumentos son los mismos– participaron como miembros de la Corte Suprema en la elección de varios colegas, que a su vez votaron por ellos para que, cumplido su periodo, saltaran a la Sala Administrativa. Esta sala, donde se necesitan más gerentes expertos en diseñar y promover buenas prácticas judiciales que juristas, es apetecida porque maneja los billonarios recursos de la justicia en Colombia, y es, además, la encargada de elaborar las listas de candidatos de este tribunal cuando se presentan vacantes en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado.

En buena hora, pues, los consejeros de Estado dan señales de que las altas cortes escuchan los llamados de los colombianos a que sean estas las que no solo den ejemplo de ajustarse a la ley, sino de legitimidad y transparencia.

Hecho el reconocimiento, hay que advertir, eso sí, que este paso puede resultar en falso si persiste la apatía de la sociedad civil, que tiene la responsabilidad y el deber de acompañar los procesos de elección de magistrados de manera activa, dándoles el lugar que se merecen en el debate público. Dicho de otra forma, tan importante como los efectos que pueda tener la decisión de ayer en términos de sentar un precedente jurisprudencial es que una lupa se pose sobre la escogencia de quienes sustituyan a Ricaurte, Rojas y, eventualmente, a Munar.

Pero no todo son buenas noticias. La impresentable práctica a la que nos venimos refiriendo recibió, sin embargo, ayer nuevo oxígeno. La Corte Constitucional, donde el solitario voto del exmagistrado Nilson Pinilla había sacado hace pocas semanas de la puja por la terna a Contralor a tres aspirantes, sorprendió al anunciar que una interpretación de su reglamento permitía revivir estas candidaturas.

Se trata del exprocurador Edgardo Maya –a la postre el elegido– y de los expresidentes de la Corte Suprema Jaime Arrubla y Camilo Tarquino, brillantes juristas, pero en cuyas hojas de vida no se destacan los conocimientos en el área económica que debe tener quien sea postulado en la terna a Contralor General de la República.

EDITORIAL

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