Confirman asesinato de funcionaria que indagaba regalías ficticias

Confirman asesinato de funcionaria que indagaba regalías ficticias

Autopsia confirmó que muerte de Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez, en Quibdó, fue un homicidio.

25 de junio 2014 , 03:44 p. m.

La Contralora General Sandra Morelli aseguró que se confirmó que la muerte de la funcionaria de esta institución, Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez, en la noche del sábado 15 de junio en Quibdó, se trató de un homicidio.

Según Morelli, esta funcionaria tenía a su cargo importantes investigaciones sobre regalías y lavado de activos en el Alto Baudó “cuyos resultados afectan la así llamada mafia del oro del Chocó, desvíos de recursos en la Universidad del Chocó y recursos de la salud”, dijo.

El director del CTI y de Medicina Legal, quienes supervisaron la autopsia al cuerpo de Echeverry, confirmaron que se trató de un homicidio antecedido por una agresión violenta, afirmó Morelli.

Esta versión se opone a la primera hipótesis que entregó la Policía de Chocó, quien había afirmado que las primeras investigaciones apuntaban a que la muerte de Echeverry había sido accidental.

Por otra parte, Morelli aseguró que la auditora que trabajó con Echeverry desde Bogotá, afirmó que ha sido víctima de “hostigamientos y falsas imputaciones”.

Ante el homicidio, la familia de la funcionaria pidió protección especial, según informó la Contraloría, por lo que esta solicitud se radicó ante la Dirección de Protección, la Policía y al Ejército.

Denuncias de lavado de activos en Chocó con regalías ficticias

Desde el año pasado la Contraloría denunció el presunto lavado de activos por más de 13.000 millones de pesos que se habría consumado por la liquidación irregular de regalías a 12 supuestas comercializadoras mineras en Alto Buadó (Chocó). Esta situación era investigada por la funcionaria Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez.

Ante este hallazgo, la Contraloría adelantó una actuación especial de fiscalización para verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, que fueron giradas en el 2011. Esas regalías fueron inmediatamente embargadas por juzgados de la localidad.

En un informe se encontró que Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales. Por lo que para la Contraloría, esto se convierte en una operación ilícita “en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro”.

JUSTICIA

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