Defensoría advierte sobre 513 nuevos desplazados en Alto Baudó, Chocó

Defensoría advierte sobre 513 nuevos desplazados en Alto Baudó, Chocó

Por nuevos combates entre el ELN y las llamadas Autodefensas Gaitanistas.

24 de junio 2014 , 12:24 a. m.

Seis comunidades del Alto Baudó se encuentran desplazadas desde el 13 de Junio por nuevos combates entre el ELN y las llamadas Autodefensas Gaitanistas, lo que provoca una nueva emergencia humanitaria en Chocó.

Según la primera información de la Defensoría Regional del Chocó, se trataría de 538 personas pertenecientes a 94 familias de los resguardos de Gegandó, Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y Puerto Indio.

El pasado 16 de Mayo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría advirtió a la Comisión Intersectorial que coordina el Ministerio del Interior, acerca de la preocupación de los pobladores de comunidades como San Francisco de Cugucho y Puerto Ángel, ubicadas a 10 minutos una de la otra, y donde habría presencia de ambos grupos ilegales.

La situación se junta al desplazamiento de 2.500 personas ocurrido a mediados de ese mismo mes, en la comunidad de Catrú Dubaza, donde permanecían refugiadas las familias afectadas por los brotes de violencia en el Alto Baudó.

La minería ilegal es otra realidad que golpea a las poblaciones negras e indígenas en el Chocó, por lo cual la Defensoría hace un llamado para que se cumpla lo dispuesto en la ley 1658 de 2013 respecto al uso del mercurio, se asuman responsabilidades entorno al control ambiental y se protejan los derechos de estas comunidades.

La afectación a las fuentes hídricas y la salud de los habitantes, aclara la Defensoría, fue verificada en una visita de campo a los municipios de Quibdó, Condoto, Atrato, Lloró e Istmina.

Según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, cifra que de acuerdo con los datos que maneja esa corporación, representa un incremento del 184 por ciento en relación con la maquinaria que había en 2012.

No obstante, se trata de indicadores en proceso de verificación, pues según la misma comunidad habría por lo menos 200 entables mineros acondicionados con esos equipos. El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es expedito por la influencia que sobre este negocio tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga”.

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros. Pero lo más delicado son las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables, situaciones que representan un alto riesgo para la salud de la comunidad, toda vez que el agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina.

La Defensoría advirtió también sobre la precaria infraestructura de servicios públicos, pues la población no cuenta con rellenos sanitarios, las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales.

La situación más crítica en este sentido se registra en las localidades de Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, donde entre el 18 de Enero y el 12 de Abril fueron atendidas 400 personas por delicados síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada, circunstancia que habría originado la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.

Por todo lo mencionado, la Defensoría del Pueblo convocó a una mesa interinstitucional con los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Interior, la Vicepresidencia de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Chocó y Codechocó, a la vez que pidió soluciones integrales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población.

REDACCIÓN JUSTICIA

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