Ley da dientes a jueces para castigar violencia sexual en el conflicto

Ley da dientes a jueces para castigar violencia sexual en el conflicto

Presidente Santos sancionó la norma. Autoridades deberán presumir que la víctima dice la verdad.

18 de junio 2014 , 08:28 p.m.

Con la sanción este miércoles por el presidente Juan Manuel Santos de la ley que garantiza el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, estas conductas empezaron a ser como delito de lesa humanidad.

Esto quiere decir que no tienen un término en el tiempo para ser investigados y sancionados, o mejor, siempre los victimarios serán perseguidos por la justicia. (Lea también: Por fin le llegó la hora al delito invisible / Análisis).

Pero también le crea la obligación al aparato judicial de que en todo momento deberá investigar y en lo posible castigar a los victimarios. La ley protege en especial a las mujeres, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en zonas de conflicto.

“La justicia siempre podrá investigar y condenar a los autores de estos crímenes”, precisó el presidente Santos durante el acto de sanción de la ley.

La norma, que es un complemento de la ley de víctimas y de restitución de tierras, les da la categoría de imprescriptibles a delitos como esterilización, embarazo, desnudez y aborto forzados “en persona protegida”. En este caso se refiere a las mujeres que se encuentren en zonas de conflicto.

Otro paso importante que da la ley es que la carga de la prueba (la responsabilidad de demostrar que se cometió el hecho punible) recaerá sobre los organismos del Estado que investiguen los casos y no sobre las víctimas.

Este principio –que está en la ley de víctimas– obliga a la justicia a presumir la credibilidad del testimonio de la persona afectada, en especial si se trata de un menor de edad.

Y los organismos de investigación deberán utilizar técnicas “de alta calidad para la obtención de pruebas sin ser degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad”.

La norma, de acuerdo con el Presidente, “es para decirles a todas esas víctimas que estamos de su lado y no del lado de los victimarios, y que el Estado y la sociedad haremos lo que esté en nuestras manos para evitar esta violencia”.

El Presidente informó que –a la fecha– hay 4.672 mujeres reconocidas como víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto y que de ellas ya se han indemnizado 2.095 con un monto de 37.700 millones de pesos.

Sin embargo, el jefe de Estado reconoció que “hay un subregistro”, porque no todas las personas golpeadas por estas conductas denuncian.

“Si estamos decididos a terminar este conflicto, a parar la guerra, es porque queremos recuperar no solo la tranquilidad, sino también la dignidad y la humanidad de los actos de nuestros compatriotas”, precisó Santos.

La norma fue impulsada en el Congreso, entre otros, por los representantes Ángela María Robledo (Alianza Verde) e Iván Cepeda (Polo Democrático). A la firma asistieron varios congresistas y organizaciones de mujeres.

El articulado de la ley también establece que la violencia sexual debe ser castigada con igual severidad, sin importar el victimario. Y en el caso de que el responsable sea un integrante de la Fuerza Pública, este no deberá responder ante la jurisdicción castrense, sino ante la ordinaria.

En el texto de la norma también se aclara que el Estado deberá proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual, así no hayan denunciado sus casos. Esto también incluye, por supuesto, la atención “prioritaria” en el sector salud.

‘Busca persuadir a posibles victimarios’

Ángela María Robledo, representante Partido Verde. Archivo EL TIEMPO

¿Qué es lo más importante de esta nueva ley?

Se convierte en una pieza clave para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en territorios de guerra. Exige que cuando se presenten casos de forma sistemática se tipifiquen como delitos de lesa humanidad.

¿Qué implicaciones prácticas tiene la entrada en vigencia?

Que los operadores de justicia tienen que entrar a evaluar de manera más amplia las condiciones en las que se tipifica un crimen de violencia sexual, sobre todo cuando se comete como causa del conflicto armado. Esto permite que, cuando se den las condiciones necesarias, se declare de lesa humanidad y así evitar que prescriba, para que en cualquier momento o época se tenga que investigar. Así se busca persuadir a otros posibles victimarios.

¿Cómo opera la norma?

Esta norma es un complemento de la ley de víctimas y restitución de tierras, que tipifica con claridad las causas de un delito de violencia sexual en territorios de guerra. Cobija delitos que se registren antes de su entrada en vigencia. Y, según dijo el presidente Santos, hay registro de más de 4.000 mujeres víctimas de estas acciones.

‘No prescribe hacia el pasado ni el futuro’

Iván Cepeda, representante del Polo. Archivo EL TIEMPO

¿Por qué es importante la sanción de esta ley?

Va a permitir a miles de mujeres, adolescentes, niñas y niños obtener justicia frente a uno de los crímenes más execrables del conflicto armado. Todo crimen hay que rechazarlo, pero este tiene la particularidad de que es invisible, con un altísimo porcentaje de impunidad.

¿La norma aplica para los procesos en curso?

El hecho de que un juez declare un acto de violencia sexual como un crimen de lesa humanidad ya lo hace una conducta imprescriptible. El principio de imprescriptibilidad es válido hacia el pasado y hacia el futuro.

¿Cuántas personas podrían beneficiarse?

Ese es precisamente uno de los temas de los que trata la ley. En Colombia aún no hay un sistema completamente fiable que permita consolidar una estadística confiable sobre la violencia sexual en el conflicto armado. La ley dispone que se saque ese tipo de información. En una reciente investigación que hicieron organizaciones de derechos humanos se estableció que por lo menos 500.000 mujeres habían sido víctimas de violencia sexual en la última década en Colombia.

La violencia de tipo económico

Un Sistema de Protección Integral a las Mujeres Víctimas de la Violencia (Sofía) fue creado por el Concejo de Bogotá con el fin de reducir la discriminación económica en los hogares y las empresas. El sistema es coordinado por la Secretaría de la Mujer del Distrito Capital.

A través de la línea 195, las mujeres afectadas pueden solicitar asesoría jurídica y psicológica.En esta línea también pueden obtener información sobre las Casas de Igualdad y la Oportunidad en cada localidad.

El sometimiento económico se manifiesta cuando los hombres jefes de hogar controlan a sus parejas con el dinero o cuando incumplen sus responsabilidades con los hijos, al igual que cuando en una empresa los hombres son los mejor remunerados.

EL TIEMPO

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