El proyecto de ley ordinaria de reforma de la salud se hundió en el Congreso. Hasta este miércoles no tenía ponencia para su tercer debate y, por ley, su trámite debe concluir antes del 20 de junio.
Si bien en noviembre del año pasado debía haber iniciado su aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara, los congresistas no radicaron la ponencia positiva, que incluía los cambios que el Ministerio de Salud había sugerido y los lineamientos que dio la Corte Constitucional en la revisión de la ley estatutaria.
“Queríamos que en la ponencia quedaran los lineamientos de la Corte, pero desafortunadamente no los hemos conocido aún y por lo tanto no hemos podido elaborar la ponencia, lo que quiere decir que el proyecto se hundirá en el Congreso, por tiempos”, dijo el representante Rafael Romero, uno de los ponentes de la iniciativa.
De acuerdo con las normas, un proyecto de ley ordinaria puede tramitarse máximo en dos legislaturas, las cuales van desde el 20 de julio hasta el 20 de junio del año siguiente. Estos tiempos se le cumplirán a esta iniciativa el próximo 20 de junio.
El proyecto de ley ordinaria de salud buscaba desarrollar la ley estatutaria, aprobada hace un año y que elevó la salud como un derecho fundamental.
Al declarar exequible esta norma, la Corte Constitucional estableció que el derecho a la salud no puede restringirse o sufrir retrocesos por situaciones económicas o de sostenibilidad fiscal y que los trámites administrativos no pueden estar a cargo de los usuarios ni limitar el acceso a medicamentos o servicios. También determinó que se deberá prestar el servicio de urgencias sin autorizaciones y que se mantiene la tutela.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó que es consciente de que los plazos no dan para tramitar el proyecto de ley ordinario. Sin embargo, aclaró que el Gobierno ya avanzó en la reforma del sistema de salud con algunas reglamentaciones de la Ley 1438 del 2011, los giros directos, la equiparación del POS, la regulación de precios de medicamentos, los criterios de habilitación, normas específicas para zonas dispersas, además de la ley estatutaria.
“Todo ello nos permite decir con tranquilidad que este Gobierno ha avanzado en pos de una reforma de la cual ya hay resultados evidentes”, dijo Gaviria.
Entre los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara, que fueron nombrados como ponentes, algunos radicaron ponencia negativa y otros avanzaron en conversaciones con el Gobierno para tratar de salvar la iniciativa. Incluso, luego de varios encuentros, se propuso reducir el proyecto de 90 a 30 artículos, pero parece que esto tampoco logró que la iniciativa fuera aprobada.
Entre los temas más polémicos de la iniciativa que se estancó cuando pasó a su tercer debate estaba que las EPS dejaran de manejar los recursos del sistema y pasaran a ser gestoras de este. Además, la eliminación de la posibilidad de que estas empresas manejaran las clínicas y hospitales, lo que se conoce como la integración vertical.
Para los ponentes del proyecto, la decisión de la Corte Constitucional, sin embargo, da un respiro al proyecto ya que así se hunda por tiempos, es posible volver a presentarlo en la siguiente legislatura, la cual comenzará el próximo 20 de julio.
Así las cosas, serían el próximo Gobierno y el próximo Congreso los que se ocuparían de este proyecto, vital para el sistema de salud de los colombianos.
POLÍTICA
