Se reabre el debate por uso de inyección letal en EE. UU.

Se reabre el debate por uso de inyección letal en EE. UU.

La agonía de 43 minutos de un ajusticiado en Oklahoma puso en cuestión su efectividad.

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18 de mayo 2014 , 09:20 p.m.

Los 43 minutos de agonía de Clayton Lockett antes de morir, después de que le aplicaran la inyección letal que fue aprobada en una penitenciaría de Oklahoma (EE. UU.), revivió un debate legal y ético sobre ese sistema de ejecución en aquel país.

El polémico caso de Lockett, un hombre de piel morena y 38 años de edad, condenado a muerte por el asesinato de una joven de 19 años en 1999, generó rechazo a nivel mundial, tras conocerse que comenzó a quejarse de dolor minutos después de que se le declarara inconsciente.

Transcurrida casi media hora de iniciado el procedimiento, los funcionarios corrieron la cortina de la ventana de la sala de ejecución, para impedir que los testigos presenciaran el tortuoso e inhumano acto.

Finalmente, y en una práctica que, en teoría, no debería demorar más de 10 a 15 minutos, el condenado fue declarado muerto por un ataque al corazón. (Lea también: La Casa Blanca admite errores durante la ejecución a hombre de 38 años).

Este nuevo episodio, el segundo de sufrimiento extremo reportado en lo que va del año en EE. UU., reabrió el debate sobre la eliminación de estas ejecuciones, la regulación de las sustancias empleadas, la información respecto a sus proveedores, y la ley como medio para reducir la criminalidad.

“En los últimos 20 años, la delincuencia ha disminuido en EE. UU., pero sorprende que la tasa de homicidios es menor en los Estados que no aplican la pena de muerte que en los que sí”, le dijo a EL TIEMPO Richard Dieter, director ejecutivo del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC).

Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que existe una tendencia clara hacia la eliminación de la pena de muerte, EE. UU. es el quinto país del mundo con mayor número de ejecuciones (después de China, Irán, Irak y Arabia Saudita) y el único en toda América.

Un coctel inconveniente

Además, apunta el reporte, “buena parte de los 32 estados donde está vigente la pena capital afrontan, desde hace cuatro años, serias dificultades para la adquisición de los medicamentos” necesarios para fabricar el ‘coctel letal’.

Esto se debe a que la mayoría de los estados de ese país usaban pentobarbital, una fórmula –que contenía tres sustancias: una con efecto anestésico, otra que paralizaba los músculos y otra el corazón– que salió del mercado del país en el 2010 y que Europa no vende a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas.

Como consecuencia, ahora se buscan otras alternativas o se hacen mezclas nuevas que imiten a los medicamentos originales, pero que rompen los protocolos.

“Cambian las sustancias, alteran las fórmulas y desconocen a los proveedores. Algunos usan dosis letales de anestésico, otras el fármaco pentobarbital y hay casos en los que se usan composiciones entre varias sustancias” –como sucedió en el caso de Lockett–, advierte el DPIC.

Por su parte, el centro de estudios The Constitution Project aconsejó, en su más reciente informe, el uso de inyecciones letales de un solo componente para las ejecuciones, por su menor riesgo de error al administrarla.

“Las jurisdicciones deberían confiar en el actual conocimiento científico para desarrollar protocolos que minimicen el riesgo de dolor o sufrimiento, que actualmente demanda la adopción de un protocolo para un fármaco”, dice el informe.

Además, el documento menciona la petición a los estados que aplican la pena de muerte que usen una amplia dosis de un anestésico o barbitúrico como para causar la muerte.

Según se detalla, las inyecciones que emplean tres medicamentos diferentes “crean alto riesgo de incorrecta administración. Si la anestesia no se realiza de forma adecuada, los medicamentos no tienen las dosis correctas, o las inyecciones no se aplican con precisión, existe alto riesgo de que la ejecución sea dolorosa”, dice el informe.

Un asunto de derechos

Pero el debate no para ahí. Va más allá de los procedimientos legales e interfiere con los parámetros éticos. Incluso el presidente estadounidense, Barack Obama, mostró su indignación frente al caso de Lockett y criticó la falta de humanidad en el procedimiento.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enfáticamente estos actos, y la ONU advirtió que son hechos “crueles, inhumanos y degradantes, según las normas internacionales de derechos humanos” y recordó la octava enmienda de la Constitución de EE. UU., que dispone que no se deben infligir castigos crueles a sus ciudadanos.

“La pena de muerte es una práctica totalmente inmoral, contradictoria y que se aplica para los más ‘débiles’ de la sociedad”, le aseguró a este diario Felipe Támara, profesor de la Universidad de la Sabana y experto en Derechos Humanos.

En el 2013 se registró un breve descenso en el uso de la pena de muerte en EE. UU., con la abolición de su aplicación en Maryland.

Sin embargo, el uso de la inyección letal sigue caracterizándose por los errores, las incoherencias, las disparidades raciales y, en varios casos, la falta de observación de disposiciones específicas del derecho internacional y de las leyes nacionales.

Condenado a muerte pide que graben su ejecución

Un condenado a muerte en EE. UU. que debe ser ejecutado el miércoles en el estado de Misuri reclama a la justicia que su muerte por inyección letal sea grabada como prueba de sus sufrimientos.

Russell Bucklew presentó una demanda en la que asegura que sufre de tumores vasculares en el cerebro y el cuello, y de problemas de circulación.

El condenado pide que se grabe su ejecución con el objetivo de “preservar una prueba crucial” de que el procedimiento viola la Constitución, que prohíbe las penas crueles.

ANDRÉS RUIZ
REDACCIÓN INTERNACIONAL

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