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Editorial: ¿La extradición, para qué?

El país renuncia a procesos de verdad y reparación, fundamentales, inclusive, para la paz.

EDITORIAL
Dos casos conocidos el mismo día de esta semana han reforzado los argumentos de quienes, como este diario, consideran que el país está en mora de revaluar la extradición a Estados Unidos como herramienta de la lucha contra el crimen organizado y, en particular, contra el narcotráfico.
Por un lado, el gobierno de ese país respondió negativamente a la solicitud del gobierno colombiano de deportar a Juan Carlos el ‘Tuso’ Sierra, quien hoy goza de libertad luego de pagar una condena de cinco años y de negociar un acuerdo con la justicia estadounidense. El Gobierno aspiraba a que este regresara al país a responder por las cuentas pendientes que tiene con nuestra justicia y que incluyen la de concluir la reparación de víctimas del bloque paramilitar ‘héroes de Granada’, al cual aseguró pertenecer para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pese a que había evidencia contundente de que se trataba de un narco ‘purasangre’.
Al tiempo con esta noticia se conoció que Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, narcotraficante capturado durante la fastuosa celebración de su matrimonio hace cerca de dos años y a quien las autoridades señalan como el segundo al mando de la poderosa banda ‘los Urabeños’, fue condenado, luego de un arreglo claramente favorable a sus intereses, a 12 años de prisión, cuando los cálculos que se hicieron en el momento de su envío apuntaban a que tendría que pasar por lo menos 40 años tras las rejas. No se descarta que, una vez abandone su condición de presidiario, siga el mismo camino del ‘Tuso’ y opte por permanecer en suelo estadounidense.
Especulaciones aparte, lo cierto es que ambos casos, y en particular el del ‘Tuso’, entran a integrar una larga cadena de episodios de negociaciones con desenlace satisfactorio para el delincuente y la justicia norteamericana, mientras el sistema judicial colombiano y, de contera, toda la sociedad quedan en ascuas.
Dicho de otra forma, el gran problema con estos pactos es que gana Estados Unidos, ganan los procesados y pierde Colombia. Quienes son extraditados encuentran la manera de abrirse paso entre sus cargos aceptando penas leves y entregando información, bienes y dinero para conseguir muchas veces un estatus migratorio generoso en el país del norte al salir de la cárcel, pero sin ninguna obligación de saldar su deuda con la justicia colombiana. Aquí se incluye el manto de silencio que cubre todo aquello que revelaron sobre su trayectoria delictiva en el país, información a la que no pueden acceder los fiscales colombianos, cuando la cooperación debe ser de doble vía.
Todo lo anterior les da la razón a quienes han sostenido que la extradición hace rato se quedó sin dientes. Ya no asusta. Todo lo contrario, es una anhelada antesala del sueño americano para redomados delincuentes.
Y si ya era impresentable que narcotraficantes pagaran penas irrisorias allá para salir a disfrutar de una fortuna con muchas sombras, el asunto toma otro matiz cuando los delincuentes, además, tienen cuentas pendientes con sus víctimas, como ocurre con los comandantes de las Autodefensas. A causa de estos arreglos, que nacen de omisiones en el momento de subirlos al avión, se les está negando su legítimo derecho a la verdad y a la reparación a los que fueron objeto de su nutrido accionar criminal. Es una afrenta a su dignidad.
Así, la verdad se queda en Estados Unidos cuando es pedida a gritos en Colombia. Este escenario se hace particularmente inaceptable si se considera el momento que atraviesa el país, en el que, por fin, luego de décadas de silencios y de pasar páginas sin antes aclarar quiénes, por qué y cómo escribieron letras de sangre, la tarea de desenterrar la verdad de años de barbarie es un propósito nacional. Sin suficiente verdad en su cimentación, la paz no será ni estable ni duradera.
Así las cosas, la extradición solo se justifica si esta se da en clave de reciprocidad. Si antes de enviar a un sindicado se garantiza que la justicia colombiana seguirá teniendo pleno acceso a la información que proporcione el procesado, así como que el viaje no será una gambeta a la obligación de reparar a sus víctimas en los casos en que así corresponda.
La anterior descripción se ajusta perfectamente al ya mencionado caso de los jefes de las Autodefensas. Hoy se lamenta el que estas no hayan sido las condiciones bajo las cuales fueron puestos a disposición de la justicia norteamericana. Ellos abandonaron el país con su equipaje cargado de verdades no reveladas y luego de una reparación a todas luces insuficiente. Hoy es tarde, pues la justicia colombiana no tiene cómo remediar ese grave error.
No hay duda, entonces, de que la extradición en su forma actual tiene repercusiones muy serias, más allá del desconcierto obvio que produce saber que los mafiosos logran salirse con la suya, en un desenlace que de ninguna manera se compensa con el costo que para el país significa ponerlos en el avión de la DEA.
Si se quiere seguir recurriendo a ella, es preciso que cada envío se haga en un plano de reciprocidad. De no ser así, los narcos seguirán prefiriendo una jubilación en Estados Unidos a una cárcel en Colombia.
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