Cada día, en promedio, cinco personas llegan ante el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa a comprar un revólver, una pistola o una escopeta. Este año, entre el primero de enero y el 15 de mayo, esa entidad autorizó 742 solicitudes.
La estadística revela una marcada disminución en la tendencia de los colombianos a buscar ese tipo de protección, por lo menos legalmente. Hoy, según las cifras del Comando General de las Fuerzas Militares, hay 560.667 armas de fuego amparadas que están en poder de 419.278 tenedores legales. De ellos, 264.736 registros corresponden a empresas de vigilancia y departamentos de seguridad.
Desde 1.920 a la fecha ese organismo contabiliza 1'843.106 registros, es decir, personas o empresas que en algún momento han tenido un arma o realizaron solicitudes para adquirirlas. Desde 1992 fueron enviadas a los hornos de fundición 401.704, la mayoría por su mal estado. Aunque no se tienen datos de las destruidas en años anteriores, es un hecho que centenares de miles de armas que alguna vez fueron legales están hoy en el país sin salvoconducto y sin mayor información acerca de sus actuales poseedores.
De las casi 155 mil personas naturales que hoy tienen un arma legal, solo 4.020 son mujeres. Es una cifra consistente con todos los indicadores sobre la violencia, que ubican a los hombres como víctimas y victimarios de muertes y heridas a bala en más del 90 por ciento de los casos.
Según las estadísticas oficiales, las solicitudes vienen en descenso desde el 2009 cuando fueron autorizadas 2.059. En el 2013, cada día 4 personas se armaron (1.464).
El coronel Enrique Arturo Torres Arciniegas, jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, dice que una de cada 3 solicitudes para adquirir un arma de fuego legal se otorga. Lo que se autoriza son permisos de tenencia y de porte, pues la Constitución y la ley señalan que la propiedad de esos elementos son monopolio del Estado.
También llegan peticiones para armas de deporte y colección. Y hay un mercado legal de armas de uso restringido –automáticas y semiautomáticas– al que tienen acceso las empresas de vigilancia privada. En estos casos, el que resuelve las solicitudes es directamente el Ministerio de Defensa.
Para tramitar un arma de fuego una persona debe cumplir requisitos como ser mayor de 25 años, no registrar antecedentes penales ni disciplinarios, someterse a un examen psicométrico – análisis de los rasgos de personalidad – y hacer un curso especializado.
De la misma manera, se debe sustentar la razón de la petición, que en la mayoría de los casos tiene que ver con la inseguridad. No es raro que varios de los solicitantes acudan con documentos de la Fiscalía en los que demuestran que han sido víctimas de extorsión, secuestro o amenazas.
No hay un tiempo determinado para que el Departamento Control Comercio de Armas firme una autorización, pues el proceso incluye el estudio de los documentos, la compra de un código en una entidad bancaria ($ 31.000), examen médico y la programación de una cita. Para realizar todos estos trámites el Comando de las Fuerzas Militares tiene a disposición de los usuarios 37 seccionales en todo el territorio nacional.
Para defensa personal el Gobierno ofrece dos tipos de armas: pistolas 9 mm y revólveres. Una pistola puede valer $ 5 millones o más, mientras que un revólver promedia los $ 2’600.000. A estos precios se suman los costos por los permisos de porte ($ 389.400), con validez de tres años, y de tenencia ($ 22.200) con vigencia de 10 años.
Los registros de la entidad dan cuenta de que cada mes se realizan entre 10.000 y 12.000 renovaciones de los permisos de porte y tenencia. Así mismo, que en los últimos 3 años fueron devueltas 5.765 armas legales porque quienes las tenían consideraron que ya no eran necesarias para su seguridad personal.
Sobre el perfil de las personas que buscan uno de estos elementos, el coronel Torres asegura que llegan desde ejecutivos, políticos, médicos y deportistas hasta campesinos. “Ellos casi siempre quieren llevarse una escopeta, porque es la que hace más ruido y espanta al que les quiera robar sus gallinas”, cuenta el oficial.
Pero adquirir un arma de fuego tiene sus riesgos. Muchas personas están hoy en prisión pagando penas por homicidio porque no fueron tolerantes. El año pasado, según cifras de la Policía, entre el primero de enero y el primero de mayo, hubo 1.770 muertes con armas de fuego en riñas. Este año, en ese mismo periodo, van 1.406 de esos asesinatos.
Otra amenaza la representan los líos legales por los casos de pérdida o robo. Son miles los colombianos de bien que están encartados porque nunca reportaron la pérdida de su arma y posteriormente esta fue utilizada para cometer homicidios, asaltos y otra clase de delitos. Entre 2009 y lo que va de 2014, se han realizado 12.866 descargos por hurto y pérdida.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), afirma que el país tiene todavía un sistema precario para el control de porte y tenencia de armas, lo que imposibilita que las autoridades puedan realizar controles efectivos sobre las que están legalmente en poder de los ciudadanos.
Las investigaciones del Cerac han encontrado que en el país hay menos armas ilegales de lo que se creía, porque lo que sucede es que los grupos de crimen organizado ejercen un control estricto sobre ellas y quién las usa. Por eso es frecuente que un mismo revólver o una misma pistola esté relacionada con decenas de crímenes, sin que necesariamente los haya cometido el mismo delincuente. En el 2006, según cálculos de ese centro de estudios, por cada arma legal había 3 ilegales.
Contra lo que podría suponerse, la mayoría de esos elementos ilegales ingresa por los aeropuertos internacionales y los grandes puertos, como Buenaventura y Santa Marta, aprovechando las dificultades que existen para controlar la carga.
No son pocos los casos detectados de envíos de correo desde los Estados Unidos, donde la venta es mucho menos controlada.
También se ha evidenciado que las redes de traficantes utilizan a Paraguay como uno de sus centros de distribución de armas cortas en la región. Autoridades documentaron varios casos en los que los contrabandistas de cigarrillos y armas que operan desde ese país se pagaron con embarques de droga colombiana.
Los planes de desarme
Una de las estrategias que han venido implementando las autoridades en varias regiones del país son las restricciones al porte de armas con salvoconducto, como medida para reducir los índices de homicidios y de violencia.
En Bogotá, la medida se decretó por primera vez el 1 de febrero de 2012, por resolución de la Brigada XIII del Ejército. Las autoridades locales consideraron que el porte de armas no es un mecanismo de defensa y que por el contrario es un riesgo. En la ciudad está restringido el porte de armas de fuego durante las 24 horas del día en cualquier establecimiento público.
El riesgo de estar armado
Un conductor de bus intermunicipal tiene desde hace dos años una pistola calibre 9 mm que solicitó tras ser víctima de un asalto.
“La tramité después de esa situación porque pensé que con la pistola iba a estar más protegido”, cuenta el hombre. Sin embargo, el año pasado, en un viaje entre Cauca y Nariño, un grupo de delincuentes volvió a robar su bus y en ese momento, dice, se dio cuenta de que tener un arma no necesariamente es una ventaja para la seguridad propia. “Eran tres ladrones, cada uno llevaba un revólver (...) Imagínese que yo hubiera sacado la pistoa, solo con mostrarla me hubieran matado”, dice.
Ahora, asegura, mantiene el arma guardada en su casa.
JUSTICIA
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