Damnificados de Altos del Campo aceptan reubicación, pero condicionada

Damnificados de Altos del Campo aceptan reubicación, pero condicionada

Afectados de proyecto ubicado en ladera occidental de Barranquilla piden que sea a proyecto similar.

14 de mayo 2014 , 12:03 a.m.

 A más tardar el próximo martes quedará consignada, en el Juzgado Once Penal Municipal, la respuesta de los 160 propietarios de la Urbanización Altos del Campo, de Campo Alegre, ante la propuesta que la constructora Alejandro Char y la Alcaldía hicieron en cumplimiento del fallo de tutela T-473 del año 2008, y el reciente Auto-291 entregado por la Corte Constitucional.

Los damnificados se rehusaron a aceptar que les paguen sus inmuebles a máximo 60 millones de pesos, siendo que hace más de una década su valor oscilaba entre los 35 y 50 millones. Sin embargo, debido a que la segunda alternativa ordenada por la Corte es la reubicación definitiva, el abogado de los afectados, Roberto Tapia, confirmó que esta será aceptada solo con la condición de que sea dentro de Barranquilla.

Además, las casas deberán tener las mismas características arquitectónicas que motivaron a sus clientes a comprar.
“Ofrecer el pago de esos apartamentos a ese precio es irrisorio teniendo en cuenta que si se actualiza el metro cuadrado de construcción quedan costando por lo menos 200 millones”, sostuvo Tapia.

Víctor Pacheco, abogado de la empresa Alejandro Char y Compañía, argumentó en medios nacionales que la constructora “está en condiciones de cumplir y acatar lo que se ha establecido en aras de superar este impasse”.

El jurista ratificó que “están dispuestos a pagar lo que resulte del precio del apartamento al momento de su adquisición más la indexación a la fecha. Es decir, que si la vivienda fue vendida por 40 millones de pesos, el valor estaría entre 50 y 60 millones”, sostuvo.

Ante la posibilidad de reubicación, el abogado Tapia agregó que el tiempo máximo para que esté listo el nuevo proyecto será de dos años, lapso en el que tendrán que mantenerse el pago de los arriendos a un valor de mínimo un millón de pesos por familia y no por 750 mil como es cancelado en la actualidad bajo el concepto de subsidio.

“Y esto no quiere decir que de ponernos de acuerdo se suspende el proceso de acción grupal que sigue su curso y persigue una indemnización”, concluyó Tapia.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ
Redactor de EL TIEMPO
Barranquilla

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