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El hacker Andrés Sepúlveda es enviado a la cárcel

Tendrá que responder por interceptaciones ilegales y espionaje.

La juez 49 penal municipal decidió enviar a la cárcel a Andrés Fernando Sepúlveda Ardila como medida preventiva mientras se lleva a cabo un juicio por liderar una oficina donde se habrían hecho interceptaciones ilegales cuya intención, según la Fiscalía, es "sabotear" al proceso de paz en La Habana. Por ahora, será trasladado al búnker mientras se define el sitio de reclusión. (Lea también: Hacker preso por 'sabotear proceso de paz' busca acuerdo con la Fiscalía)
Andrés Fernando Sepúlveda fue capturado y acusado este martes por la Fiscalía de espiar correos electrónicos, hacer interceptaciones ilegales y vender información sobre los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc en los diálogos de paz de La Habana. Hay evidencia, según la Fiscalía, de que habría recibido al menos 100 millones de pesos por entregar información. (Vea la vida de Sepúlveda en las redes)
EL TIEMPO conoció que Sepúlveda, esposo de la actriz Lina Luna Rodríguez, quien trabaja en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, buscará un acuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción de penas a cambio de colaboración. (Lea también: Los trinos del hacker que capturó la Fiscalía)
La ley colombiana castiga hasta con 18 años el espionaje. Como el hombre enfrenta también otros tres cargos –violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptación de datos informáticos– que, sumados, le podrían dar hasta 25 años de prisión, una de sus primeras jugadas fue pedir una negociación con la Fiscalía.
La operación, cuyos alcances fueron revelados por ELTIEMPO.COM, puso en manos de las autoridades ocho computadores, varias USB, documentos de la Fuerza Pública, listados de desmovilizados de la guerrilla y reportes sobre campañas políticas que desde la misma noche del lunes fueron aportados como pruebas.
El lunes pasado, la Fiscalía allanó el centro de operaciones, que funcionaba en el segundo piso de un lujoso edificio del sector del Chicó, en el norte de Bogotá, y el apartamento de Sepúlveda, en la carrera 19 con calle 104. Toda la información recabada llevó al fiscal Montealegre a asegurar que con las interceptaciones ilegales realizadas por Sepúlveda y su equipo –hay otras cuatro personas vinculadas a la investigación– se pretendía “interferir y afectar el proceso de paz”.
REDACCIÓN JUSTICIA
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