Ginebra (Efe). La Santa Sede investigó en los últimos diez años 3.420 casos de sacerdotes que supuestamente habían abusado sexualmente de menores de edad y, de ellos, 884 fueron destituidos y apartados de sus funciones religiosas. Los otros 2.536 recibieron otro tipo de sanciones, de las que no se conocen detalles.
Los casos corresponden a conductas cometidas desde 1950 hasta finales de la década de los ochenta, no a hechos contemporáneos.
Así lo confirmó ayer el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, monseñor Silvano Tomasi, que compareció por segundo día ante el Comité contra la Tortura de este organismo.
El religioso reiteró que aunque la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pederastia del clero cometidos en terceros países –es decir, fuera del estado Vaticano– sí tiene competencia para apartar a los sacerdotes culpables.
“La Santa Sede no tiene competencia para juzgar a los pederastas fuera del Estado del Vaticano, pero sí realiza procedimientos eclesiásticos contra aquellas personas sobre las que pesan abusos a menores”, explicó.
Tomasi fue enfático al afirmar que la justicia de cada país es competente para juzgar a miembros de la Iglesia.
El diplomático respondió que no cuenta con cifras exactas sobre el número de sancionados canónicamente que también han sido juzgados por la jurisdicción civil, pero afirmó que entiende que han sido “la mayoría”, y que la política del Vaticano es informar a las autoridades. Tampoco dio datos sobre las nacionalidades de dichos sacerdotes.
ONU cuestiona posición
Sin embargo, la jurista estadounidense Felice Gaer, relatora de la Comisión de la ONU, rechazó tajantemente el argumento del religioso.
Según ella, todos los representantes y funcionarios de un Estado, incluso fuera de las fronteras del país, están sujetos a las leyes de su país.
“Su afirmación de que los representantes de la Iglesia católica fuera del Estado del Vaticano están excluidos de la Convención nos preocupa y no es conforme a nuestros procedimientos”, cuestionó Gaer.
Los expertos de la ONU pidieron a la delegación del Vaticano que publique las medidas adoptadas contra los clérigos acusados de abuso sexual y que se garantice que fueron suspendidos de sus funciones.
Varios grupos de defensa de víctimas y ONG estiman que el Vaticano minimiza los abusos sexuales cometidos por sacerdotes e intenta esconder la realidad, destruir las pruebas, intimidar a los testigos, en lugar de destituir a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Este comité afirmó, en enero pasado, que el Vaticano no tomó las medidas necesarias para tratar los casos de niños abusados sexualmente por sacerdotes.
La postura del papa Francisco
Una comisión de expertos para la protección de los niños en las instituciones de la Iglesia, creada por el papa Francisco, anunció en mayo querer instaurar “procedimientos eficaces” para que los sacerdotes pedófilos sean castigados, aunque no propuso medidas jurídicos vinculantes.
El papa Francisco pidió “perdón” en abril por los crímenes pedófilos y exigió sanciones “muy severas”. Sin embargo, varios sectores critican la falta de medidas concretas.