El Fiscal abre un debate necesario para la paz

El Fiscal abre un debate necesario para la paz

Propuesta de servicio social como pena para jefes de Farc, es solo un punto de partida.

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03 de mayo 2014 , 08:10 p.m.

Más allá de las reacciones que provocó al decir que en vez de cárcel la pena para los jefes de las Farc por sus delitos graves podría ser un servicio social, el fiscal general, Eduardo Montealegre, abrió un debate necesario para el país a estas alturas del proceso de paz con el grupo guerrillero.

La mayoría de los colombianos, que de acuerdo con las distintas encuestas apoyan la negociación con las Farc, pero no que se exima de cárcel a sus jefes o que participen en política, deben comenzar a asumir que la paz tiene costos. (Vea acá el especial sobre el foro Debates de paz)

Al tiempo, por supuesto, la polémica desatada por la propuesta del Fiscal debería servirle a esta guerrilla para darse cuenta de que depende de ella que, en un momento dado, el país esté dispuesto a sacrificios en términos de justicia para conseguir el cierre del conflicto, que ha sido esquivo por más de 50 años. (Lea también: Fiscal pide no incluir falsos positivos en justicia transicional).

De hecho, que las Farc reconozcan sin matices sus crímenes, que pidan perdón por ellos y que hagan una propuesta de reparación es lo menos que se espera de ellas.

Así lo ratificaron esta semana víctimas y expertos durante el primer debate sobre justicia, verdad y reparación de cara al proceso de paz, que lideró EL TIEMPO Casa Editorial y durante el cual salió la rebatida propuesta del Fiscal.

A primera vista, suena exótico e indignante que el responsable de una masacre, de un secuestro o de un asesinato tenga como pena, por ejemplo, el arreglo de los parques de un pueblo donde viven muchas de sus víctimas.

Pero esta ha sido la manera de hacer el tránsito de la guerra a la paz en otros lugares del mundo que buscaron transformar sus realidades.

Por ejemplo en Ruanda, como recuerda el experto español en estos temas Vicenç Fisas, los autores del genocidio que estaban presos han ido a las comunidades donde hicieron daño, han explicado los motivos de lo que hicieron y después de que han pedido perdón la gente ha decidido qué hacer con ellos.

“El castigo no ha sido la cárcel, sino trabajar unos años para la comunidad, o dedicar una parte del salario a indemnizar a las familias de las víctimas directas”, explica Fisas.

Precisamente, hace unas semanas The New York Times publicó una serie de fotografías en las que posaban, juntos, víctimas y victimarios de Ruanda, como ejemplo de reconciliación. No ha sido fácil, como lo reconocieron varios de los protagonistas de las fotos.

Y si bien es cierto que el derecho internacional prohíbe amnistías e indultos para crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que busca la justicia transicional –surgida a finales de los 80– es dar penas alternativas a cambio de toda la verdad y toda la reparación posibles, para dejar atrás situaciones de guerra.

Todos ponen

El dilema de los colombianos no es entonces elegir entre justicia o paz, porque la una no se opone a la otra. Es decidir qué tipo y cantidad de castigo consideran aceptable.

Y así como la justicia absoluta no puede ser una opción cuando se busca cerrar ciclos largos de conflicto, no es una elección para las Farc admitir su culpa.

Además de las razones éticas, sea cual sea el mecanismo convenido en La Habana con el Gobierno para validar los acuerdos de paz, el respaldo a estos tendrá que ver con la evaluación que hagan los colombianos del acto de contrición de esta guerrilla.

Para muchos no pasará inadvertido que la última negociación con un grupo armado, la de los paramilitares, además bajo un esquema de justicia transicional, incluyó pena de prisión.

De hecho, este proceso de paz es el único del mundo en 30 años en terminar con cárcel para los miembros del grupo armado ilegal. Cerca de 1.900 exparas están en prisión. Incluso si el argumento es que no era un grupo alzado en armas contra el Estado, es un referente que no pueden pasar por alto las Farc en una Colombia en la que tienen un alto porcentaje de rechazo.

En últimas, así como la propuesta del Fiscal entró al debate, no hay que descartar otras como la que presentó el año pasado Mario Gómez, de la Fundación Restrepo Barco, para que el servicio social de los jefes de las Farc esté acompañado de “restricciones perimetrales”.

Es decir, que no puedan moverse por un tiempo determinado de una población o departamento, mientras, además, ayudan en la desactivación de campos minados o en la erradicación de cultivos ilícitos.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
Twitter: @MarisolGmezG

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