Aunque han pasado más de 20 años, el recuerdo está intacto. Una tarde, Jahel Quiroga llegó a su casa y encontró a su hijo menor metido en el clóset. Estaba ahí desde que colgó una llamada en la que le preguntaban por qué a su mamá no le gustaba el Ejército, por qué su mamá era amiga de 'ellos'. Se referían a los miembros de la Unión Patriótica (UP), cercanos a su madre y quienes para la época empezaban a ser amenazados y asesinados. Al otro lado del teléfono se escuchaba una voz amenazante y temeraria. El niño no supo qué responder, solo atinó a esconderse. Desde entonces, Jahel tuvo que sobrevivir bajo la amenaza de morir en cualquier momento por el simple hecho de pertenecer a ese movimiento.
Jahel llegó por casualidad a la militancia. Aunque cuando estudió ingeniería industrial en la Universidad Distrital hizo parte de movimientos estudiantiles, fue en Barrancabermeja (Santander) donde descubrió, en pleno centro de la clase obrera, lo que significaba la resistencia civil, la lucha por la reivindicación.
"Me maravillé viendo a los curas revolucionarios, era como un laboratorio donde estaba naciendo un gran experimento", cuenta esta mujer, desde una oficina en el centro de Bogotá, que por años ha sido una especie de búnker y desde donde logró, tras años de trabajo y en medio de amenazas, recopilar cada caso de lo que se considera el exterminio de la UP. Lo hizo porque lo que empezó como una curiosidad, se convirtió en su vida. En Barrancabermeja se despojó, casi sin darse cuenta de su papel de esposa de un alto ejecutivo de Ecopetrol y terminó llamándose "compañera" con defensores de derechos humanos. Justamente su trabajo en esa área, la convirtió dos veces en Concejal de ese municipio.
"Organicé el comité de derechos humanos departamental. Allí vi que Barranca así como era un pueblo de resistencia civil, así mismo vivía en una represión durísima". Era mitad de los años 80. Y Jahel, madre de dos hijos que no llegaban a los diez años, empezaba a ver morir a sus "compañeros". De algunos recogió sus cadáveres.
"¿Por qué los mataban? Es lo que hasta hoy me pregunto", dice y recuerda el crimen que la marcó y que la comprometió a buscar justicia. "Leonardo Posada fue el primer representante a la Cámara electo por la UP que fue asesinado. Ocurrió un sábado sobre las seis de la tarde. Salía de la sede política del partido cuando unos tipos le dispararon desde una moto. Después se bajaron y lo remataron", cuenta. No puede evitar llorar y dice que eso marcó la triste historia de exterminio de la UP, pero también su convicción para que no se quedara en la impunidad.
"Acabaron con todos". Jahel sobrevivió, dice ella misma, gracias a que por el trabajo de su esposo contaba con un esquema de seguridad, pero también a que ante el primer atentado, que cobró la vida de su secretaria, se fue del país.
"Habían matado a Orlando Higuita, quien fue elegido conmigo en el Concejo para llevar la representación del partido. Y en un error, una mujer que reemplazaba a mi secretaria y que era muy parecida físicamente a mí, fue asesinada porque los sicarios creían que era yo. Me tuve que ir", cuenta. Es difícil creer que detrás de un semblante tan tranquilo como el que tiene, exista una historia de tanta persecución y miedo.
Jahel no terminó su segundo periodo como concejal porque se tuvo que ir un año a Estados Unidos cuando se dio cuenta de que su nombre figuraba en la lista de personas que serían blanco de atentados. Al regresar, se radicó en Bogotá y se unió a algunos miembros del comité de derechos humanos de Barranca que también habían tenido que salir corriendo de la región.
"Seguía sintiendo la necesidad de saber por qué había pasado, qué de malo habían hecho", dice. Y habla de la época en que, junto con el padre Javier Giraldo, recorrían el Magdalena Medio recogiendo muertos, poniendo denuncias, reclamando por la vida de sus amigos.
En Bogotá, en una diminuta oficina en La Rebeca, en pleno centro, se las ingenió para seguir buscando la verdad de los crímenes contra la UP. El miedo que aún sentía, le producía fuerza, dice. Por eso, en 1993 fundó Reiniciar, una organización que tenía como fin recuperar y documentar los casos del genocidio contra la UP. No fue fácil. Las intimidaciones seguían y tuvieron que cerrar la oficina durante un año, en el que ella decidió radicarse en Europa.
Al volver, con Aída Avella, hoy candidata vicepresidencial, se comprometieron a recopilar la información necesaria para entablar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el genocidio contra la UP. Y lo hicieron. Uno por uno, nombre por nombre. Documentaron en total 6528 casos. No había bases de datos ni sistemas de punta para hacerlo, pero con lápiz y papel lo lograron.
"Sobrevivimos para volver. Y aunque quedamos pocos, logramos mantener la memoria de la UP, que nos devolvieran la personería jurídica y tener liderazgos dentro de la izquierda política del país", dice Jahel, quien junto a su amiga de tantos años hoy son la cara de la Unión Patriótica en el escenario político del país.
¿Qué quiere la UP?
La Unión Patriótica lo que quiere y lo que le ha manifestado al Gobierno es que después de 20 años de haber documentado los casos, después de haber pasado durante siete años en una búsqueda de una solución amistosa (1999-2006), el Estado entre a reconocer la responsabilidad por las víctimas que nosotros tenemos.
¿Cuántas víctimas esperan ustedes que el Estado reconozca?
Deseamos que al menos reconozcan 6528, teniendo en cuenta que no son todas porque tenemos un subregistro. Esta cifra incluye homicidios, desapariciones, torturas, detención arbitrarias, desplazados, exiliados.
El Gobierno se muestra dispuesto a crear una comisión que defina el universo de víctimas y las responsabilidades del caso…
No se trata de un número. Lo que esperamos es que después de tanto tiempo el Gobierno reconozca y repare.
¿Qué tipo de reparación buscan?
Necesitamos una reparación política al grupo político como tal y una reparación integral individualizada con las víctimas. Por lo menos que comencemos con las víctimas que representamos.
¿Qué diferente tiene la propuesta de solución amistosa que hace hoy el Gobierno frente a la que adelantaron durante siete años?
Nada. Por eso lo rechazamos porque es como arrancar de cero. Esta propuesta que nos hacen es exactamente lo que ya hicimos. No fue posible avanzar por el presupuesto y por los ataques del Gobierno de Álvaro Uribe, pero es lo mismo.
Se ve indignada con la propuesta del Gobierno…
Claro. En este país lamentablemente sufren del síndrome del 'génesis', que creen que las cosas nacen cuando llegan ellos a los puestos. Aquí no hay memoria y es el colmo que los funcionarios del Estado no conozcan el caso y se note que no han leído el expediente en su totalidad.
En los últimos días se han llevado a cabo varias citas en la CIDH para hablar del tema a las que usted no ha asistido…
No puedo asistir porque desde el 2003 no tengo visa. No me la quitaron, pero no me volvieron a renovar. Con esto, han violado mi derecho a participar, al trabajo, a ejercer mi profesión y mis convicciones.
¿Cómo ve la justicia en el país?
Es importante que se garantice la no repetición y en este caso no se ha dado.
¿Reiniciar a cuántos miembros y víctimas de la UP representa?
A 6.500 víctimas y a los familiares de ellos que son los que han dado el poder para representarlos.
¿Qué ha sido lo más difícil de llevar el proceso de la UP?
Escuchar propuestas como las que hace el Gobierno, en las que denigran de las víctimas, de su memoria y revictimizan a sus familiares.
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a trazar una raya frente al pasado, a tomarse este caso en serio, ¿ustedes se niegan a aceptar lo que proponen?
No se puede construir sobre la impunidad. No hay forma de reconciliarnos si no sabemos la verdad sobre todas estas cosas. Tenemos que decir qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hicieron y asumir la responsabilidad. Ese es el mejor camino hacia la reconciliación.
SALLY PALOMINO CARREÑO
salpal@eltiempo.com
REDACCIÓN JUSTICIA
