Violencia sexual en el conflicto, un delito que sigue invisible

Violencia sexual en el conflicto, un delito que sigue invisible

Mujeres víctimas contaron sus historias en foro de EL TIEMPO. En 98 % de los casos no hay justicia.

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23 de abril 2014 , 08:01 p.m.

La aterradora cifra de impunidad en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado se convirtió en el centro del debate en el foro ‘Diálogos en Blanco-Púrpura’, organizado el miércoles por EL TIEMPO y el Consejo Noruego para los Refugiados.

En el 98 por ciento de los casos no ha habido justicia, admitieron las autoridades.

Durante el foro, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, las sobrevivientes de la violencia sexual se armaron de valor y contaron sus historias. Muchas de ellas llevan años esperando justicia.

“Dos paramilitares abusaron de mí delante de mi hija (de 4 años). Desde entonces, tuve que cargar con el rechazo por los estigmas. En mi caso era afro, mujer y abusada”, contó María Eugenia Urrutia, una de las tantas vidas detrás de esta lucha y quien es líder de la Asociación de Mujeres Afro por la Paz (Afromupaz).

Urrutia instó a todas las instancias a unirse para lograr que se llegue a la justicia que tanto han buscado.

A su relato se unió el de Blanca Díaz, quien con una foto de su hija Irina, violada, torturada y asesinada en la época dura del paramilitarismo en La Guajira, pidió celeridad en los procesos.

Pero no será fácil. El jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestrosa, reconoció los tropiezos que existen para lograr condenas y reparación en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto.

Aseguró que un gran obstáculo es “la falta de sensibilización en los operadores judiciales”, donde –dijo– persiste el machismo.

Hinestrosa dijo que la Fiscalía está creando protocolos para mejorar la atención de las víctimas de este delito y agregó que sobre los 624 que ya han sido documentados se trabaja con compromiso.

Yomaira Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reclamó por la ausencia de una política pública frente al tema. “Hemos evidenciado que el obstáculo más grande es la falta de una política pública que permita hacerle frente al tema de la impunidad. Además no existe interés para que los procesos tengan un final en el que haya reparación total”, señaló.

De más de 90.000 casos de mujeres víctimas de violencia sexual en medio del conflicto armado, no hay ni el 10 por ciento de sentencias en firme frente a los agresores, señalaron los panelistas.

Durante el foro, liderado por Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, se habló tanto de los fracasos como de los retos para lograr justicia real en este flagelo.

María Emma Wills, coordinadora del proyecto género y memoria del Grupo de Memoria Histórica, dijo que las investigaciones han permitido encontrar que “los paramilitares tendían a cometer violaciones en grupo, feroces y con sevicia”.

La directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Paula Gaviria, reconoció que “el reto es grande, pero el compromiso está presente”.

Y es un gran desafío porque la violencia sexual sigue ocurriendo. Así lo aseguró Christian Visnes, del Consejo Noruego para los Refugiados, quien señaló que ha sido testigo de cómo en procesos de desplazamiento a causa de la violencia no hay protección a las niñas y están en total vulnerabilidad.

Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, resaltó la importancia de fortalecer escenarios de reflexión y apoyo emocional a las mujeres víctimas, garantizar pensiones, atención en salud y oportunidades académicas, entre otros, para que tengan una reparación real.

Y el experto médico forense, Miguel Lorente, delegado del gobierno Español para la violencia de género desde 2008, habló de la importancia de combatir con iniciativas “el machismo” en las instituciones y habló de que “la violencia sexual se convierte en un problema de salud”.

Susana Margarita Helfer Vogel, del Ministerio de Salud, aseguró que en estos casos sí existe un diagnóstico real y un protocolo, pero que desafortunadamente no ocurre con todos los operadores de salud.

REDACCIÓN JUSTICIA

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