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Los abogados de Gustavo Petro y sus nexos con el Distrito

Los abogados de Gustavo Petro y sus nexos con el Distrito

Daniel Prado, defensor inicial en la Procuraduría, ha firmado contratos por $ 619 millones.

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
20 de abril 2014 , 09:53 p. m.

El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha dicho públicamente en los últimos días que ninguno de sus defensores personales ha recibido dinero de la Alcaldía.

Mis abogados, para defenderme, no me han cobrado ni un peso. La mayoría pertenecen a la corriente democrática del derecho. Ninguno de mis abogados está contratado por el Distrito”, trinó el exmandatario el 13 de abril a las 5:48 p. m., en respuesta a las revelaciones de EL TIEMPO sobre la contratación de la Secretaría General tras su destitución.

Sin embargo, luego de rastrear bases de datos oficiales, este diario encontró contratos (por prestación de servicios y uno de planta) en los que aparecen abogados que han fungido como sus defensores ante la Procuraduría y la Registraduría. Incluso, han hecho trámites en su favor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Lea también: Gustavo Petro explica sus últimos contratos).

El primero de ellos es Daniel Ernesto Prado Albarracín, un viejo conocido de Petro y su defensor inicial en el proceso disciplinario por la implementación del polémico esquema de aseo, que terminó sacando a Petro del palacio Liévano.

Prado aparece firmando contratos con el IDU, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Fondo Financiero de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el Fondo de Vigilancia, por 619 millones de pesos.

Tres semanas después de renunciar al proceso en la Procuraduría, alegando “falta de garantías para ejercer la defensa técnica del Alcalde”, el abogado suscribió un contrato de prestación de servicios con la UMV, por 90 millones de pesos y nueve meses, para representar a esa entidad en todos los procesos que cursan en la Fiscalía en torno al llamado ‘carrusel’ de la contratación.

Aunque el contrato aparece a nombre de la empresa Asesores Jurídicos en Derechos Humanos S. A. S., EL TIEMPO estableció en actas de la empresa que Prado es uno de los dos socios fundadores, su representante legal y el gerente. Además, que la sociedad fue constituida un mes y 14 días después de la posesión de Petro.

De hecho, el primer contrato que esa firma obtuvo en el Distrito fue tres meses después de su creación. El 5 de marzo del 2012, la empresa de Prado fue contratada por el IDU para asesorar al instituto y representarlo como víctima en varios procesos del ‘carrusel’ de la contratación, entre ellos el de los contratistas presos Emilio Tapia, Julio Gómez y los primos Nule. Además, los procesos contra la cúpula del IDU, en época de Samuel Moreno, y en contra del excontralor Miguel Ángel Moralesrussi.

El monto de ese contrato es de 350 millones de pesos. Eso significa que cuando Prado asumió el proceso disciplinario contra Petro (enero del 2013), su empresa ya era contratista del Distrito.

El 28 de junio del 2013, Prado aparece suscribiendo otro contrato. Esta vez con el Fondo de Vigilancia, por 50 millones de pesos. A través de su sociedad, se comprometió a defender a esa entidad en los procesos penales por la polémica compra de 50 de patinetas eléctricas para la Policía Metropolitana.

Una semana después, el 8 de julio del 2013, el abogado suscribió otro contrato con el Fondo Financiero Distrital de Salud, adscrito a la Secretaría de Salud, por 60 millones de pesos. Su empresa se comprometió con el secretario de Salud, Aldo Cadena, a representar por seis meses a esa entidad como víctima en el proceso penal por la firma irregular del millonario contrato de ambulancias, por 67.000 millones de pesos.

La empresa que gerencia Prado también es contratista de la Uaesp. El 18 de septiembre del 2013 fue contratada, por seis meses y 69 millones de pesos, para apoderarla en los procesos penales relacionados con el ‘carrusel’ de la contratación.

Además de la Procuraduría, Prado también ha defendido las posturas jurídicas de Petro en escenarios internacionales. De hecho, fue uno de los abogados que suscribieron un documento, ante la CIDH, en marzo del 2014, en que se reiteraba la urgencia de las medidas cautelares para frenar la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría. Y viajó a Washington en diciembre del 2013, a acompañar a Petro a una serie de reuniones para exponer su caso.

En ese momento, y aún ahora, al menos dos de los contratos de Prado con el Distrito están vigentes: el del Fondo de Vigilancia, que vence en junio, y el del IDU, cuyo último pago está sujeto a que culminen los procesos.

El abogado Luis Nelson Fontalvo Prieto es otro reconocido defensor de Petro. Asumió su representación ante la Registraduría cuando estaba caminando la revocatoria de su mandato. El 19 de junio del 2013, Fontalvo instauró una acción legal por falsedad de documento y prevaricato por presuntas inconsistencias en los reportes de las firmas radicadas para solicitar esa revocatoria.

En los reportes de la Registraduría también aparece una actuación suya, el 17 de septiembre del 2013, sustentando la apelación contra la resolución que validó las firmas de la revocatoria. Hoy, el jurista es jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Integración Social. Así consta en circulares internas, enviadas en diciembre del 2013 por Jorge Rojas, cabeza de esa entidad.

‘La defensa es al Distrito’

EL TIEMPO habló con el abogado Prado, quien admitió haber suscrito cuatro contratos con el Distrito. Pero advirtió que su objeto es, exclusivamente, representarlo como víctima en los procesos por el ‘carrusel’.

“Solo en el IDU llevo 23 procesos. Estos pueden durara hasta 8 años y por todos me van a pagar 350 millones. Incluso, aún me deben 90 millones, que me pagarán solo cuando se terminen los procesos”, explicó el abogado.

Y añadió que ese contrato resultó para él leonino. “Son más de 20 procesos y me obligan a trabajar, si son 10 o 15 años, por el mismo dinero. En este momento salen a 10 millones cada proceso, una suma bastante económica”.

Según él, los suscribió solo por “querer ayudar a buscar lo que pasaba en el ‘carrusel’ ” y “los resultados están en los expedientes”. Y precisó que en muchos procesos ha defendido a Petro en su calidad de defensor de derechos humanos y eso no representa gastos: “Esta situación no se ha confundido como contratista”. Finalmente, dijo que los viáticos del viaje a Washington los pagó el Colectivo de Abogados, y aseguró que no es un privilegio que le den esos contratos ni una manera de pagar la defensa de Petro, pues por el monto que recibe él saldría “estafado”. De hecho, dijo que accedió a suspender el contrato con la Uaesp para no cobrar mientras hay imputaciones.

Por su parte, Fontalvo explicó que adelantó la defensa de Petro en la Registraduría durante seis meses a “título gratuito”. Y calificó de “perverso” afirmar que llegó como funcionario de planta a Integración Social, en septiembre del 2013, como un reconocimiento a su defensa.

“Yo no me compro ni me vendo, soy un hombre de convicciones y el día en que acepté ese cargo fue porque estaba de acuerdo con el Plan de Desarrollo”, sostuvo. Y agregó que entabló una acción popular, en febrero del 2013, contra los operadores privados de aseo para buscar la reversión de los equipos de recolección.

EL TIEMPO buscó a la secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, que no respondió los mensajes.

Procuraduría responde a C. de Estado

La Procuraduría entregará esta semana al Consejo de Estado las razones por las que se opone a que le concedan medidas cautelares al exalcalde Gustavo Petro. El documento se entrega por petición del magistrado que estudia la nulidad presentada por la defensa del alcalde destituido.

Carta de la Secretaría General

En carta al director de EL TIEMPO, la secretaria general del Distrito, Susana Muhamad, precisó que la contratación firmada por su despacho entre el 9 de diciembre del 2013, cuando se anunció la destitución de Petro, y el 19 de marzo pasado, cuando el presidente Santos ejecutó la decisión de la Procuraduría, ascendió a 30.000 millones de pesos, 16.000 millones menos que lo presentado públicamente. “En el caso específico de la Alcaldía, se trabaja un plan contractual que fue analizado en varias ocasiones (...), y mala coincidencia sí es que la destitución del Alcalde se produzca finalizando año o comenzando uno nuevo y en medio de la vigencia contractual que termina en muchos años para contratistas y proveedores (...) y también que se produzca en medio de la entrada en vigencia de una Ley de Garantías”, señala la comunicación. “La destitución del Alcalde y la contratación son dos hechos jurídicos y económicos diferentes”, agrega.

En la comunicación, Muhamad dice que los cerca de 40 abogados contratados son para defender a víctimas, el Plan de Ordenamiento Territorial (suspendido por el Consejo de Estado), y enfrentar “los más de 25.000 procesos de defensa jurídica distrital y los 1.200 que maneja directamente la Secretaría General”, puntualizó la alta funcionaria.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com

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