Aunque los constructores creen que el lanzamiento del programa de infraestructura del Gobierno (cuarta generación de concesiones, 4G) augura un fracaso, el presidente de la ANI responde con cierta razón que mal puede considerarse un fracaso si se recibieron dos propuestas para el proyecto Medellín-Bolombolo, que se ofreció en la primera salida. A pesar de esto, el proceso tiene muchos problemas, que la ANI debe estar tratando de resolver para que en la próxima salida no tenga que hacer las maromas que hizo el Gobierno para no quedarse sin proponentes en la actual. También hay que considerar que corre riesgo con uno de los proponentes, que le ha quedado mal al país en la carretera a Buenaventura.
Un gran problema de los proyectos que se propusieron es que no participaron los bancos privados en su financiación. Ellos no se sienten cómodos financiando iniciativas en plazos superiores a 10 años. Por eso se había pensado que la FDE (antigua FEN) estructuraría paquetes de financiación en la que los bancos comerciales estarían presentes los primeros diez o quince años del proyecto, aportando inicialmente los recursos necesarios. Al cabo de los 10 años ingresaría la FDE aportando financiación para los siguientes 10 o 15 años a la misma tasa de interés para pagarles a los bancos comerciales el saldo (alrededor de 70 por ciento) y hacerse cargo de su financiación.
Esta estructura permitiría evitar la dificultad de cobrar intereses demasiado elevados porque se trata de dos préstamos de 10 años de maduración cada uno, o de 10 el primero y 15 el segundo. Precisamente, para esto es para lo que se quiere vender Isagén y dotar a la FDE de recursos de capital. Con esquemas como este, una entidad financiera del Estado puede subsanar una falla del mercado (la aversión de la banca privada a los largos plazos), hasta que los bancos presten a mayor plazo.
No se sabe si la FDE no pudo estructurar un esquema de crédito como el descrito por falta de tiempo o por no contar con los recursos de Isagén, pero los bancos comerciales no participaron y se tuvo que recurrir al BID de urgencia, lo que aparentemente permitió seguir adelante. Para el próximo ramillete de proyectos, la FDE tiene que tener armada una estructura de financiación que también cuente con el aporte de los bancos colombianos.
No conozco los detalles de los proyectos de esta primera ola, pero la empresa en la que trabajo hizo un análisis de otro del 4G conjuntamente con una prestigiosa empresa especializada en proyectos de transporte, en el que se detectaron varias fallas de diseño que oportunamente se compartieron con los asesores de la ANI (1). En primer lugar, se observó que las inversiones que requería eran significativamente superiores a las que tenía la estructura que le habían preparado a la ANI. Tampoco habían considerado los costos de la financiación durante el período de construcción, que exigen significativos aportes adicionales de capital para el constructor.
Por estas razones, los aportes programados del Gobierno (ANI) al proyecto eran insuficientes. Ellos y los ingresos de la concesión no alcanzaban para cubrir el servicio de la deuda, lo que exigía una mayor inversión de capital y otorgaba un exiguo rendimiento al constructor. Es natural que la ANI trate de no dejar plata sobre la mesa y que desconfíe de lo que le dicen los posibles proponentes, cuyos intereses no están alineados con los del Estado. Pero si los proyectos no permiten generar los recursos para cubrir el servicio de la deuda y remunerar adecuadamente al capital no va a haber financiación privada ni oferentes.
(1) Agradezco la colaboración de Carolina Suárez e Ignacio de Guzmán.
Rudolf Hommes