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Populismo punitivo

Populismo punitivo

18 de abril 2014 , 08:56 p. m.

El abominable ataque con ácido a Natalia Ponce reactivó por estos días en Colombia el debate sobre el populismo punitivo. Muchas personas indignadas exigen un castigo eficaz y mayor para los responsables de un delito cuya sanguinaria comisión aviva el ímpetu vindicativo de cualquiera. Imaginamos al monstruo arruinándole la vida a una mujer indefensa, bonita, dejándola desfigurada de manera permanente e irreconocible incluso frente a sí misma, y queremos justicia retributiva, algún tipo de desquite proporcional al daño causado. "Que se pudra en la cárcel", piden los menos creativos; "hay que reventarlo de (sic) ácido", dice en un programa radial un exministro que poco sabe de sintaxis y manejo de medios. De otro lado, penalistas y criminólogos más familiarizados con los problemas y límites del poder punitivo como último mecanismo de control social piden cautela para no caer, por el impulso del momento, en medidas populistas.

¿Cómo saber qué es populismo punitivo en un contexto social exacerbado por la sed de venganza? Evidentemente, no todas las medidas que adopta el sistema penal para combatir el crimen pueden considerarse populistas, o de lo contrario este perdería su razón de existir. Sin embargo, si el endurecimiento de las penas o la creación de nuevos tipos penales fuera siempre la reacción adecuada para combatir el delito, el diseño de cualquier política criminal sería una tarea fácil. Bastaría con establecer pena de prisión perpetua –o de muerte– para cualquier acto punible, y ya con esto la gente dejaría de delinquir bajo el efecto intimidatorio de la norma. Pero la realidad dista de ser así de simple.

Algunos experimentos sociales concluyen que el agravamiento de la sanción, si no se acompaña de su efectividad, puede incluso aumentar la proclividad a violar la norma. Hay estudios sobre corrupción que muestran que sancionarla con penas severas sin una sola condena efectiva solo agrava el fenómeno. La explicación es obvia: cuando las sanciones son apenas decorativas, se vuelven un incentivo adicional para delinquir, en términos de elección racional.

Desde esta óptica, una medida de endurecimiento de penas o creación de nuevos tipos penales constituye populismo punitivo cuando no es idónea para reducir la criminalidad, sino que responde al mero propósito de satisfacer las demandas represivas de la opinión pública. Y aquí no valen las generalizaciones, la evaluación no se puede hacer en abstracto sino atendiendo a las circunstancias del caso concreto por parte de expertos y con base en evidencia empírica que permita sacar conclusiones sobre la efectividad de las modificaciones propuestas. En esta tarea, la herramienta analítica decisiva son el derecho comparado y los estudios longitudinales de impacto de las reformas penales.

Con el alcoholismo al volante, asistimos recientemente a una injusta estigmatización como "populistas" del agravamiento de las sanciones, que hoy las cifras desmienten contundentemente. Solo en Bogotá, según un informe de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, a finales de febrero el número de comparendos a conductores ebrios había registrado una reducción del 66,6 por ciento. Era un efecto fácil de prever si se tiene en cuenta que la mayoría de países que había experimentado con la penalización autónoma del delito de conducción en estado de embriaguez o el endurecimiento de penas para las lesiones y homicidios causados con vehículo automotor (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) obtuvieron una reducción significativa del número de víctimas desde que entró en vigencia la medida. Tal como lo advertí en su momento, en esta cuestión lo que primó en Colombia antes de la reforma fue el "populismo antipunitivo".

En el caso de los ataques con ácido, no se trata tanto de endurecer las penas como de hacer efectivas las que existen. El principal enemigo de todo sistema penal es la impunidad, que es el resultado de la ineptitud de las autoridades y los operadores judiciales, no del derecho en sí mismo, que es apenas un instrumento. Las penas para este delito ya fueron robustecidas con la Ley 1639 de 2013 cuando se trata de lesiones personales que generan deformidad causada por ácidos, álcalis o cualquier otra sustancia corrosiva, estableciéndose un máximo 10 años y medio de cárcel, que deberán aumentarse en una tercera parte si afectan el rostro. A esta pena deberán además agregarse las mismas circunstancias generales de agravación punitiva previstas para el homicidio, tales como el motivo abyecto o fútil, la sevicia y la situación de indefensión de la víctima, como por ejemplo su calidad de mujer, entre otras. En suma, la aplicación de estas penas puede dar lugar a una privación de la libertad de hasta 21 años.

No tiene sentido entonces crear un tipo autónomo si ya existe una pena lo suficientemente severa para la modalidad de lesiones ya descrita, ni mucho menos tratar estos ataques como tentativa de homicidio cuando la dosimetría punitiva es similar y sabemos que el agresor con ácido no tiene como objetivo matar sino lesionar, específicamente desfigurar. No obstante lo anterior, ya se anunció en el Congreso la radicación de dos proyectos de ley con el propósito de autonomizar el delito, aumentarle aún más las penas y clasificarlo como de lesa humanidad. Reformas todas innecesarias pero sobre todo inútiles.

Por lo demás, pierden de vista algo elemental los promotores del endurecimiento de penas y es que al psicópata, que suele ser el autor de este tipo de delitos tan atroces, no lo persuade de evitar delinquir ninguna norma porque su actuar es altamente irracional en el sentido de que no teme sus consecuencias. Lo más grave del populismo punitivo es sin duda el alto grado de improvisación y engaño a la sociedad que lo caracteriza, anulando el mínimo de racionalidad que exige el ejercicio del poder punitivo.

José Fernando Flórez Ruiz
@florezjose en Twitter

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