Esa sería usualmente una pregunta retórica o innecesaria cuando se trata de reelegir a un mandatario. Pero en el caso de la actual campaña se volvió relevante. Lo que los gringos llaman ‘the incumbent advantage’ –es decir, la supuesta ventaja que da ser presidente en ejercicio– en Colombia ha funcionado al revés.

La virulenta campaña de odio, promovida por Uribe y el Centro Democrático, no ha escatimado truco o mentira para desprestigiar al presidente Santos y su obra de gobierno. Maniatado durante meses por las restricciones legales, Santos no pudo, sino hasta ahora, empezar a sacudirse ese lastre de afrentas y calumnias.

Los medios, en su mayoría, tampoco han ayudado mucho. El exceso de prudencia, para justificar su independencia, ha llevado a que no se cubran con la debida dedicación y profundidad las realizaciones incontrovertibles del cuatrienio que termina.

No menos relevante ha sido la penetración de los movimientos sociales y campesinos a cargo del senador Robledo y el senador Uribe. La extrema derecha y la extrema izquierda están amangualadas para erosionar al Gobierno y la candidatura presidencial de la Unidad Nacional, mediante la manipulación de la protesta social.

No es coincidencia que estén intentando organizar otro injustificado paro agrario a pocas semanas de las elecciones. Esa acción –de producirse– bordea peligrosamente la definición penal de subversión contra el libre ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos.

Quienes estamos convencidos de que lo mejor para el país es la reelección de Santos tenemos la obligación moral y política de defender su obra de gobierno, desenmascarar la conspiración que se ha tejido en su contra y explicar a los colombianos el costo que tendría para el país permitir un salto al vacío.

Rudolf Hommes lo hizo con contundencia en una reciente columna. Ahora nos corresponde a los demás. Los ciudadanos y los líderes que han visto cómo las políticas del gobierno les han transformado la vida a millones de colombianos tienen que salir del clóset. Es la hora de defender a Santos y su derecho legítimo a seguir gobernando el país por cuatro años más.

Los hechos y las cifras son la munición incuestionable que se debe usar para contrarrestar las mentiras de la oposición. A la foto del policía masacrado por el terrorismo, que publica Uribe a los cuatro vientos, hay que anteponerle las victorias contra las Farc, el Eln y las bandas que ha logrado Santos. El argumento del colapso de la seguridad hay que desmentirlo con los índices más bajos de criminalidad.

A Óscar Iván Zuluaga hay que mostrarle que el país ha generado más empleo en cuatro años que durante los dos periodos de Uribe. A quienes argumentan la supuesta pérdida de la confianza del sector privado, solo basta señalarles las cifras de inversión extranjera –la más alta en la historia– o la clasificación de grado de inversión que obtuvo Santos para el país, cosa que el dócil candidato nunca pudo lograr cuando era ministro de Hacienda.

A los ocho años perdidos en la construcción de infraestructura durante Uribe hay que anteponerles la reorganización del sector y la puesta en marcha de los proyectos más estratégicos para el futuro del país. A la acusación de que Santos se olvidó de los pobres se le contesta mostrando la reducción más significativa, en la historia del país, de la desigualdad y de la pobreza. Y así sucesivamente. Lo que no podemos hacer es seguir mudos y cruzados de brazos. El silencio y la indiferencia son cómplices de quienes quieren truncar la paz y desmontar la agenda progresista de Santos.

Díctum. El respaldo de Uribe no llega solo. Trae consigo su lastre y su pasado.

Gabriel Silva Luján