Hace tres meses se venció el plazo legal que tenía el Gobierno para reglamentar la ley que endureció los castigos para los responsables de atacar a otras personas con ácidos, por lo que este jueves se comenzó a estudiar la posibilidad de convocar una comisión de alto nivel para destrabar este proceso.
La norma fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el 2 de julio del 2013 y, según el propio texto de la ley, el Ejecutivo tenía un plazo máximo de 6 meses para desarrollar temas tan sensibles como el control de la comercialización de ácidos y sustancias derivadas, y la puesta en marcha de un plan integral de atención de víctimas.
La fecha límite se cumplió el 2 de enero pasado y, por lo menos hasta ahora, no se conocen avances concretos en esta materia. Por ejemplo, el artículo 3 de la norma estableció la creación del ‘Registro de control para la venta al menudeo de ácidos; álcalis; sustancia similar o corrosiva que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano’.
Ese paso, que tenía como objetivo determinar la procedencia del producto e individualizar a “cada uno de los actores que intervinieron en su proceso de comercialización”, no se ha dado. Incluso, según la ley, también se pretendía identificar a los “consumidores de estos”.
Otro pendiente, y que toma relevancia por los casos recientes de ataques con ácido en Bogotá, es una “ruta de atención integral para las víctimas”. El propósito era suministrarles información sobre “derechos, medidas y recursos” que tienen para que sus casos no queden impunes y, además, puedan recuperarse.
Con el plazo vencido, y ya por tres meses, el Gobierno debe definir los lineamientos para convocar una comisión de alto nivel que lidere un trabajo interinstitucional para desarrollar estos temas que, al contrario de otros, no tuvieron tropiezos durante su trámite en el Congreso pero que están frenados en su recta final.
EL TIEMPO conoció 4 comunicaciones que el Ministerio del Interior les envió a igual número de entidades (ministerios del Trabajo, Comercio y Salud, y al Invima) el 18 de febrero, en que pregunta por las acciones tomadas para desarrollar la ley.
Solo respondieron dos. El de Comercio dijo que le remitió la comunicación al de Salud, y el Invima dijo: “El Ministerio de Salud y Protección Social adelantó la primera reunión para discutir el tema el 21 de febrero”.
Según el viceministro de salud, Fernando Ruiz, el sistema cubre a todas las víctimas de ataques con ácido, incluidos la cirugía reconstructiva y el soporte psicológico. Admitió que faltan definiciones y protocolos sobre la atención de los casos en los centros de salud y para que sean reportados debidamente para agilizar la intervención de la justicia.
Gloria Stella Díaz (del Mira), una de las autoras de la norma, dijo: “Lo que vemos es una inoperancia de las entidades, mientras, lamentablemente, se siguen registrando más casos”.
Santos, desde Cali, elevó a 75 millones de pesos las recompensas para quienes informen sobre el paradero de los responsables de los ataques con ácido que sufrieron esta semana Natalia Ponce de León y Sorleny Pulgarín.
REDACCIÓN POLÍTICA
