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Editorial: La redención del río Bogotá

EDITORIAL
Mientras el país entero lamenta y se escandaliza por la tragedia medioambiental que se vive en el Casanare, debido a una sequía que deja hasta el momento más de 20.000 animales muertos, se produce una buena noticia ecológica: el Consejo de Estado acaba de expedir un fallo que bien podría ser la tabla de salvación para el río Bogotá.
El contraste es llamativo no solo porque se trata de temas de alto impacto social, sino porque, aunque las causas que ocasionaron la fatalidad del primero se desconocen, en el caso del afluente capitalino se saben de sobra: curtiembres, vertimientos industriales, aguas negras, actividad minera y residuos domésticos lo han convertido en uno de los más contaminados del mundo.
El río Bogotá se extiende a lo largo de 380 kilómetros, desde Villapinzón, en el norte de Cundinamarca, hasta su desembocadura en el Magdalena, en el municipio de Girardot. Atraviesa 46 municipios y sirve a no menos de 10 millones de habitantes. Desde su nacimiento comienza su penuria, por los cultivos de papa que atentan contra el páramo. En la llamada cuenca media hay exceso de demanda de agua y una urbanización descontrolada que genera residuos que van a dar a su cauce, mientras en la cuenca baja es la industria la que le propina la estocada final.
Según el Ideam, cada año se descargan en este afluente 165.000 toneladas de materia orgánica (en descomposición, restos de excrementos) y 375.000 de residuos industriales (sustancias tóxicas, corrosivas, plásticos, etc.).
Afortunadamente –y a pesar de que pasaron diez años–, el Consejo de Estado acaba de ratificar un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que ordenó la descontaminación de la cuenca. Ahora, dicha Corte, sin más preámbulos y de forma perentoria, exige su salvación y establece tiempos, costos y responsables. En total, 19 entidades del orden nacional tendrán que girar 6 billones de pesos para dicha tarea. Eso incluye obras de ingeniería, mejorar la planta de tratamiento del Salitre, construir la de Canoas –en Soacha– y otras más en medio centenar de municipios, y una estación elevadora.
A las curtiembres las mete en cintura: o dejan de contaminar o se cierran; al Gobierno le da nueve meses para que modifique las condiciones para el pago de tasas retributivas y compensatorias a las empresas que se sirven del agua; y al Acueduto y el Distrito Capital les da un año para construir Canoas, que tratará las aguas provenientes del Fucha, Tunjuelo y las aguas contaminadas de la ciudad.
Es una gran noticia para uno de los ríos más importantes del país. Y si bien es cierto que en los últimos años se han hecho esfuerzos por disminuir las acciones malsanas contra él y ha habido mayor conciencia, también lo es que la descoordinación de entidades a la hora de tomar acciones concretas ha dilatado las soluciones.
Ahora, el Ministerio de Ambiente tendrá que apersonarse decididamente del tema y la Nación, asegurar los recursos que se necesitan. El monto puede parecer alto, pero no tanto si se lo compara con lo que le hemos hecho durante décadas a un río con el que se tiene una deuda histórica.
Un punto clave del fallo, que garantizará que efectivamente el río Bogotá tenga una segunda oportunidad, es la orden de modificar los planes de desarrollo de los municipios que se sirven de él, incluida la capital, pues es bien sabido que a través de tales planes se ha puesto en riesgo el recurso hídrico de la región y se han ordenado proyectos que atentan contra el afluente. Ahora les llegó su ‘tatequieto’.
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