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20 años después de la masacre, la paz no llega a Trujillo

20 años después de la masacre, la paz no llega a Trujillo

El miedo de la gente se percibe en la soledad que reina en las noches en este pueblo.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
29 de marzo 2014 , 09:41 p. m.

El Ministro de Justicia y el Centro de Memoria Histórica irán este lunes a este municipio para escuchar de los habitantes, sobrevivientes de una masacre sistemática, las denuncias de la intimidación que siguen sufriendo.

El padre Tiberio Fernández presentía su muerte. Así lo demostró antes de su desaparición, cuando les dijo a sus fieles: “Si mi sangre contribuye para que en Trujillo amanezca y florezca la paz que tanto estamos necesitando, gustosamente la derramaré”. Días después, el vehículo en el que se transportaba con tres acompañantes fue interceptado por hombres armados. Y solo los restos mortales del sacerdote fueron encontrados en el río Cauca. Le habían cercenado con motosierra la cabeza, las manos, los pies y los genitales.

De esto han pasado ya más de veinte años. Sin embargo, el miedo no se ha ido de esta población del norte del Valle. En la noche del martes en la ermita del Parque Monumento de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), desconocidos escribieron en las paredes: ‘Se van o los picamos. Defensores de mierda malparidos’. El letrero se suma a las amenazas que las cabezas visibles de la organización recibieron en febrero, cuando recibieron llamadas diciéndoles, entre risas y burlas, “la masacre apenas va a comenzar”, “callen esa jeta”, “muerte a Afavit” o “van a rodar cabezas al río”.

Lo que se conoce como la Masacre de Trujillo consistió en una serie de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y homicidios que fueron perpetrados por una alianza temporal entre narcotraficantes, paramilitares y agentes del Estado entre 1986 y 1994. Sin embargo, el Registro Único de Víctimas reporta 62 solicitudes de reparación administrativa provenientes de este municipio por hechos que tuvieron lugar entre los años 1995 y 2013.

El miedo de la gente se percibe en la soledad que reina en las noches en este pueblo de casas pintadas de colores pasteles y a la negativa de algunos miembros de Afavit a dar declaraciones a la prensa. “El año pasado di una opinión sobre la masacre que hubo en la vereda de Cerro Azul –en la que fueron asesinadas seis personas, cuatro de ellas de Afavit– y por eso me llamaron a decirme que si no quería que me mataran, que me quedara callada”, dijo a EL TIEMPO una trujillense.

No es para menos. El año pasado fue asesinada una de sus líderes fundadoras, Alba Mery Chilito, cuyo crimen sigue sin ser resuelto. Es recordada como una mujer que había perdido a cuatro de sus familiares en la masacre y como miembro de la cooperativa de cultivadores de frutas de Trujillo. Después de su muerte, su familia tuvo que dejar el pueblo.

Entre las víctimas se cuentan por decenas casos como el de Ludivia de Echeverry, que se ha ido desplazada del pueblo tres veces. “La primera vez me fui para proteger a mi hijo de la violencia de los noventa, pero él regresó a Trujillo a visitar a la novia y lo asesinaron. En el 2010 me tuve que volver a ir porque los paramilitares estaban reclutando jóvenes en mi vereda. Y la tercera vez, me fui fue porque mi hija fue testigo de un asesinato y la amenazaron”, afirma Ludivia, quien es guía en el Parque Monumento, donde se encuentran los restos de su hijo, junto a las otras 341 víctimas de la masacre.

Así mismo, Esmeralda Marín, quien perdió al padre de sus hijos en la masacre y fue presidenta de Afavit en 1998, cuando las amenazas casi desintegran la organización, fue cobijada con asilo político, pero no se fue por no dejar a su familia. Para proteger su vida, ha optado por vivir temporadas fuera de Trujillo y por no salir en las noches.

De la misma manera, ha habido casos de familias de víctimas a las que el Estado les ha dado inmuebles en el norte del Valle como reparación material por la muerte de sus seres queridos, pero que rápidamente son revictimizadas por las extorsiones que tienen amedrentados a cientos de campesinos y comerciantes de la zona, que tienen que pagar desde 2.000 pesos diarios por tener un puesto de arepas hasta 500.000 pesos mensuales, por una buseta.

Estas revictimizaciones contrastan con el enorme reconocimiento que la asociación tiene. En 2013 recibieron el Premio Nacional a la defensa de los Derechos Humanos y en 2011 fueron reconocidos en la misma materia por el Ayuntamiento de Siero (España).

Reingeniería de la violencia

Por la masacre de Trujillo, la Fiscalía General de la Nación ha emitido condenas contra algunos de los responsables, como los narcotraficantes Diego Montoya y el paramilitar Henry Loaiza (‘el Alacrán’), y profirió orden de captura y llamado a juicio al coronel Alirio de Jesús Urueña, hoy prófugo de la justicia. Ellos instauraron torturas que hasta ese momento eran inéditas en el país (uso de motosierras, hierros candentes y martilleo de dedos), pero que luego se extendieron por toda la geografía nacional.

Los rostros de estos tres victimarios hacían parte de las fotos que se exponen en la galería del Parque Monumento pero tuvieron que ser removidos por las constantes amenazas.

La violencia que hoy enfrenta la región sigue estando estrechamente ligada al narcotráfico, como lo explica Gonzalo Sánchez: “Han caído los capos del narcotráfico en la región, pero la violencia continúa. Lo hace porque cuanto más inestables sean las estructuras criminales en sus líneas de mando, paradójicamente por el accionar policivo del Estado, mayor es la competencia violenta entre los relevos”.

Pero pese al cambio de estructuras, el modus operandi de los grupos armados de hoy se parece mucho al de sus antecesores. Por ejemplo, el año pasado circuló por el pueblo un panfleto en el que se amenazaba con una limpieza social como la que se pretendió hacer también durante la masacre. Los asesinatos con sevicia tampoco se han ido, en 2011, Christian Osorio, un adolescente homosexual de 14 años con problemas de drogadicción, apareció vestido de mujer, decapitado y rociado con ácido detrás del Coliseo del pueblo.

Según Afavit, el año pasado se presentaron 20 homicidios en Trujillo, una cifra alta si se tiene en cuenta que en la época de la masacre el promedio anual de víctimas mortales era de 27,2. Sin embargo el alcalde de esta población, José Luis Duque, solo reconoce 11 homicidios y los vincula con el microtráfico que ejercen Los Rastrojos. “De la gente de bien aquí no ha habido un muerto”, sostiene, al tiempo que desmiente que su municipio sea violento. Al contrario, quiere promoverlo como destino turístico.

La proximidad de Trujillo con el Eje cafetero lo acerca a este objetivo, pero la vecindad con la costa pacífica colombiana, principal puerto de exportación de coca del país, y al Cañón de las Garrapatas, zona altamente disputada por narcotraficantes, lo aleja, como lo explica Sánchez, “la tragedia de Trujillo es la misma que afecta hoy a la costa del Pacífico, incluyendo a Tumaco y Buenaventura”.

Pese a esto, el alcalde no es el único que quiere desmarcarse de la mala imagen del pueblo. “Estamos cansados de que vean a Trujillo como un lugar violento. Esto espanta a la gente”, dice un profesor.

Esto ha llevado a una estigmatización del movimiento de víctimas que se ha hecho evidente en los atentados que ha sufrido el Parque Monumento, que ha sido considerado ejemplo de memoria para las víctimas de todo el país. Por ejemplo, el muro A la sombra del amor, hecho por el artista kurdo Hoshayar Rashee, que contaba con una serie de nichos que contenían peluches, cartas y otros objetos que gente de todas partes del mundo les había mandado en solidaridad a los trujillenses fue abaleado y posteriormente a su reparación, quemado. Así mismo, en enero de 2008, la tumba del padre Tiberio fue profanada y robada.

Pese a todo esto, Afavit no parece dispuesta a callar lo que está pasando hoy en Trujillo. Sus experiencias les han demostrado que el silencio solo beneficia a los victimarios, y que resistir es la única forma en que el derramamiento de sangre de personas inocentes, como el padre Tiberio, no hayan sido en vano.

Visita oficial

El Ministro de Justicia estará este lunes en Trujillo. Uno de los anuncios que hará será la llegada de la Superintendencia de Notariado y Registro, que realizará un estudio para establecer mecanismos para lograr la titulación de tierras.

Así ha obrado la justicia en este caso

Rigoberto Tabares Henao alias ‘La Bruja’, se convirtió en el último llamado a responder ante los jueces por la alianza entre narcotraficantes, paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública, que perpetraron la Masacre de Trujillo.

Hace tres meses un fiscal de Derechos Humanos llamó a juicio a Tabares por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio, tortura y desaparición forzada. Un mes antes, la Fiscalía llamó a juicio al extraditado narcotraficante Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’ al considerar que el capo fue uno de los principales protagonistas de los asesinatos de los campesinos. ‘Don Diego’ es procesado por los delitos de homicidio y secuestro. Al proceso también fueron vinculados el sargento Gildardo Silva Rojas, el coronel Wilfredo Ruiz Silva, los suboficiales César Augusto Corredor Cetina y Jairo Trejos Parra y el exalcalde de Trujillo Rubén Darío Agudelo Puerta.

Entre los pocos condenados por su responsabilidad en la masacre está el narcotraficante Henry Loaiza Ceballos alias ‘El Alacrán’, quien recibió dos condenas que suman 52 años de cárcel por 42 homicidios, 22 secuestros y un desaparecido en hechos ocurridos en Trujillo en marzo de 1990.

Entre los uniformados señalados, la justicia solo ha sentenciado al coronel Alirio Antonio Urueña quien está prófugo de la justicia y tiene en su contra una condena de 44 años de cárcel. El exmilitar fue dejado en libertad en una cuestionada decisión de un juez de Tuluá.

En octubre del 2013 el Estado colombiano y Afavit firmaron un acuerdo que pondría fin a la disputa que existe ante cortes internacionales por las masacres que se cometieron en Trujillo, Valle. El acuerdo fue alcanzado a instancias de la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. En 1994 el estado y los representantes de las víctimas iniciaron un proceso de solución amistosa ante la CIDH que aún, casi 20 años después, no se ha materializado en su totalidad.

VIVIANA PINEDA HINCAPIÉ
Enviada especial de EL TIEMPO
REDACCIÓN JUSTICIA

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