Ya van 171 crímenes de Farc llevados ante justicia internacional

Ya van 171 crímenes de Farc llevados ante justicia internacional

Mindefensa y la ONU piden a la guerrilla la entrega de responsables en asesinato de dos Policías.

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23 de marzo 2014 , 08:31 p.m.

El secuestro, la tortura y homicidio del mayor Germán Méndez, de 33 años, y del patrullero Edílmer Muñoz Ortiz, de 27, a manos de guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las Farc en zona rural de Tumaco es el crimen 171 que el Estado llevará ante la justicia internacional. (Lea también: Gobierno rechazó respuesta de las Farc sobre crimen de dos policías).

El caso de los policías, asesinados a punta de golpes hace dos semanas en Nariño, será denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI). El principal argumento será que si bien hacían parte de la Fuerza Pública, lo que los convierte en actores dentro el conflicto, los dos estaban en completo estado de indefensión cuando fueron atacados, lo que constituye una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra. ('Es inadmisible respuesta de Farc ante crimen de policías': Policía).

La Policía ha insistido en que Méndez y Muñoz fueron retenidos por siete guerrilleros pese a que no tenían armas ni lucían uniformes, sino una camiseta que decía Consolidación, cuando realizaban labores humanitarias de la mano de la Unidad de Consolidación Territorial en la vereda San Luis Robles, cerca de Tumaco. ( Son tres los guerrilleros señalados de haber asesinado a policías).

El dictamen de Medicina Legal arrojó que los policías fueron atados a un árbol y golpeados con objetos contundentes que les causaron dolor hasta llevarlos a la muerte. Las Farc reconocieron ser los autores del crimen, pero culparon al Estado por haber iniciado una operación para dar con el paradero de los uniformados.

La oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa señala que las denuncias ante tribunales internacionales, específicamente la CPI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo han sido por violaciones de derechos de los uniformados, sino de la población colombiana víctima del conflicto.

El reporte indica que en las últimas dos décadas, Colombia ha puesto en conocimiento de instancias extranjeras la muerte en cautiverio de 10 miembros del Ejército y 20 de la Policía. Todos, a manos de las Farc. Una de esas denuncias fue la muerte en cautiverio del coronel Julián Ernesto Guevara, cuyos restos fueron entregados a su madre, Emperatriz Castro de Guevara, cuatro años después de morir en la selva.

También, 70 tomas guerrilleras, como la de Bojayá, Chocó –ocurrida en mayo del 2002–, 40 actos de terrorismo y 30 actos de barbarie e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los primeros casos llevados ante la CPI fue la masacre de 31 soldados en Puerres, Nariño, en abril de 1996, cuando las Farc emboscaron una caravana destinada a custodiar el oleoducto Transandino. Los cuerpos de los militares, atacados con dinamita por 150 guerrilleros de los frentes 29, 32 y 48 de las Farc, quedaron incinerados en la vía.

Dos años después, el Ministerio de Defensa denunció el crimen del capitán Luis Hernando Camacho, ocurrido en febrero de 1998. “Luego del ataque, las Farc ocultaron una granada en los genitales del capitán que había caído en combate. Cuando estaban sacando los cuerpos, la granada explotó mutilando el cadáver y causando la muerte de dos soldados”, se lee en el informe.

Denuncias ante Fiscalía

El Ministerio de Defensa asegura que en los últimos 15 años, el Gobierno ha radicado ante la Fiscalía General cerca de 9.000 denuncias por la muerte o heridas de uniformados causadas por minas no convencionales instaladas por las Farc.

A esa cifra se suman otras 3.000 denuncias de víctimas civiles, fatales o con heridas, que en ese mismo lapso de tiempo han caído en campos minados atribuidos a la guerrilla. “Solo existe una condena contra las Farc como responsables de lo ocurrido a víctimas de minas antipersonal”, señala el Ministerio.

El informe también cita denuncias por desaparición forzada de integrantes de la Fuerza Pública: 127 casos, 63 de militares y 64 de policías. En total, son 19.127 denuncias en la Fiscalía.

Muchos de ellos desaparecidos en medio de combates, pero otros cuando realizaban labores de inteligencia o estaban de permiso o vacaciones. Fue el caso de Rigoberto Antonio Úsuga Durango, quien el primero de diciembre de 2001 fue desaparecido, según la denuncia, por guerrilleros en Urumita, Antioquia. Ese día, Úsuga estaba jugando un partido de fútbol cuando fue retenido.

La Procuraduría ha advertido que crímenes como estos no deben quedar en la impunidad, y deben ser abordados en la mesa de diálogos del Gobierno con las Farc en La Habana. Precisamente, este domingo la Presidencia dijo que si bien se adelanta un proceso de paz con las Farc, la guerrilla deberá responder por los crímenes que hayan cometido y sigan cometiendo.

La Fiscalía, por su parte, ha dicho que el ente investigador adelanta procesos por delitos de lesa humanidad contra las Farc, pero que hasta ahora ningún juez ha emitido condenas contra miembros de esa guerrilla por delitos que violen el Derecho Internacional Humanitario.

Entre tanto, en la CPI y en la CIDH avanza la revisión de los casos. En la mayoría, se ha pedido a Colombia no cerrar las investigaciones.

Consejo de Estado pidió investigar

A comienzos de este mes, los magistrados del Consejo de Estado le pidieron a la Fiscalía estudiar si en la toma guerrillera a Mesetas (Meta), el 15 de diciembre de 1997, cabía una investigación por delitos de lesa humanidad contra miembros del Secretariado. En ese caso solicitó revisar la participación que pudo tener alias ‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc, en la muerte de una mujer y su hija en el ataque.

Dos ataques de la guerrilla este fin de semana

Cúcuta y Cali. Mientras aterrizaba en una montaña del corregimiento Las Mercedes, en Sardinata (Norte de Santander), un helicóptero de la Policía fue impactado por la detonación de explosivos.

En el hecho, ocurrido el sábado y atribuido a las Farc, resultaron heridos dos uniformados.

La Policía indicó que la aeronave tenía como misión recoger a un policía con permiso para asistir al sepelio de un hermano.

El coronel Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Norte de Santander, dijo que “una vez aterrizó el helicóptero se activó un artefacto explosivo”.

Ante el estado en que quedó el aparato, se determinó su destrucción total.

De otro lado, las autoridades reportaban ayer hostigamientos sostenidos del frente sexto de las Farc en Toribío, en el norte del Cauca. Según dijeron, ocurrían desde el pasado viernes en área montañosa de las veredas La Palma, La Mina y La Bodega, zona rural de Toribío.

La situación generó el desplazamiento de 28 personas hacia los sitios de asamblea determinados por la guardia indígena, para evitar caer en el cruce de los disparos entre guerrilleros y la Policía.

Este domingo, el alcalde de Toribío, Ezequiel Vitonás, precisó que el municipio retomó su tranquilidad y con normalidad fueron recibidos 400 deportistas, especialmente niños, de diferentes municipios de esa parte del Cauca para promover la sana convivencia a través del deporte.

REDACCIÓN JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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