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El juego jurídico contra la oposición en Venezuela

Analistas creen que poderes públicos se articulan para mantener una posición hegemónica y opresiva.

La fórmula es la misma. El Ejecutivo denuncia, los fiscales y jueces se activan, y el dirigente opositor termina preso o inhabilitado. Este fue el camino que recorrieron los alcaldes de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y de Naguanagua (Carabobo), Enzo Scarano, para terminar el miércoles en la cárcel.
Distintos voceros del Gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela habían acusado a Ceballos y Scarano de promover el cierre de vías y acciones violentas para derrocar al presidente Nicolás Maduro. (Lea también: Teodoro Petkoff le hace frente a demanda de Diosdado Cabello)
“Esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir las obligaciones de la Constitución, sino que por rebelión civil facilitó y apoyó toda la violencia irracional en San Cristóbal”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, al anunciar la captura de Ceballos, quien se encontraba en Caracas.
En cuanto a Scarano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consideró que no cumplió con sus deberes de mantener el orden en su municipio y lo condenó a 10 meses y 15 días de prisión, al tiempo que lo suspendió del ejercicio de su cargo. El máximo juzgado tomó esta decisión el miércoles y el jueves el Poder Electoral dijo que pronto definirá la fecha para elegir a su sustituto.
La diputada María Corina Machado también está en la mira de los tribunales bolivarianos. La Asamblea Nacional demandó el martes al Ministerio Público que determine si existen elementos para solicitar al TSJ que enjuicie a Machado, a quien imputan delitos como traición a la patria, terrorismo, instigación a delinquir y conspiración.
Con la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, la parlamentaria correría la misma suerte que el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde desde hace un mes por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia acaecidos en la capital el 12 de febrero, día que marcó el inicio de la ola de protestas contra Maduro.
“Para entender lo que sucede en Venezuela debes superar la dinámica gobierno-oposición o chavismo-antichavismo. Aquí el conflicto se expresa entre un Estado hegemónico y una sociedad civil que se levanta”, opina el profesor Óscar Vallés, jefe del departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana.
Vallés destaca cómo el Ejecutivo, Legislativo, Ciudadano, Judicial y Electoral actúan de forma articulada “para mantener la visión hegemónica y opresiva de un proyecto de Estado que hoy la sociedad civil rechaza”.
El académico señala que en el fondo de esta lucha resalta “una crisis de participación política, en la medida que el Estado conculca, obstaculiza o impide el uso de los canales institucionales para que la gente pueda influir directa o indirectamente en la resolución de los grandes temas públicos”.
Al secuestrar todas esas instancias, subraya Vallés, la ciudadanía recurre a “alternativas informales para expresar su punto de vista, siendo la principal de ellas la protesta que ahora vuelve a levantarse”.
El profesor Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, recuerda que el difunto presidente Hugo Chávez apeló a sanciones administrativas y judiciales para perseguir a la disidencia. En el caso de Maduro, estima que las dudas sobre su legitimidad lo han llevado a aplicar “el puño de hierro” para mantener el poder. “En esta oportunidad, los tribunales funcionan para sacar del juego a adversarios y también para meter miedo a los alcaldes de la oposición”, plantea Ramírez, aunque no descarta otro escenario: “Al Gobierno puede no interesarle que se apague la protesta, porque si el país recobra la calma ellos tendrán que responder por la crisis económica”.
PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO
Caracas
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