El presidente Juan Manuel Santos firmó este miércoles el decreto por el cual se destituye al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y nombró al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como nuevo alcalde encargado, quien se posesionará mañana jueves ante un juez de la República. A su vez, la Registraduría anunció que suspende el proceso de revocatoria que se iba a hacer el próximo 6 de abril.
Tras conocer la noticia, Petro consideró la decisión como "un golpe de Estado contra el voto ciudadano". Así lo manifestó en una entrevista con CNN al tiempo que invitó a una movilización en todo el país. (Vea: Momentos clave de la destitución, en imágenes).
El Presidente de la República desestimó las medidas cautelares que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ejecutó el falló que emitió el procurador General, Alejandro Ordóñez, que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde por tres faltas graves al cambiar el esquema de aseo de la ciudad.
El mandatario, a lo largo del día y junto a su equipo jurídico, realizó varias consultas a nivel nacional e internacional, incluso en la propia Cidh, para tomar esta decisión, con el argumento de que a Petro no se le han agotado los recursos en Colombia y que, por lo tanto, podía acogerse a ellos antes de pedir unas medidas cautelares.
Si bien es cierto que Colombia ha tenido una tradición jurídica de acoger las medidas cautelares, lo ha hecho cuando se trata de razones relacionadas con la protección de la vida, y en este caso eran sobre un tema político.
"El papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno", precisó Santos, quien agregó que "la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna".
Pardo, por su parte, aseguró que asume el cargo con responsabilidad y que no llega a imponer o a cambiar el plan de gobierno de la capital del país. "Asumo este encargo con toda la responsabilidad, en el entendido de que es contribuir con un grano de arena al mejor estar de los bogotanos", precisó.
A pesar de las voces en contra –entre las que estaban la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que estuvo en la Casa de Nariño este miércoles; y la del fiscal Eduardo Montealegre–, Santos mantuvo la línea de apoyar lo decidido por la institucionalidad colombiana frente a la polémica petición de la CIDH.
'Justicia ha sido eficiente’
“La injerencia de un órgano internacional cuando la justicia colombiana está operando no la podemos permitir”, dijo la canciller María Ángela Holguín. Señaló que en el último mes y medio el Gobierno informó a la Comisión de cómo venía actuando la justicia: “Hemos visto que la justicia ha sido eficiente y ha respondido diligentemente, luego no podemos permitir que un tribunal internacional que es subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno venga a tomar decisiones o a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana está funcionando y ha funcionado”, señaló.
Sobre las medidas cautelares, la Ministra recordó que estas “no forman parte de la Convención de San José”, sino de un reglamento que elabora la misma Comisión. “Las medidas cautelares no son un mandato a los Estados; por esta razón no son obligatorias y por esta misma razón es que la Comisión ‘solicita’ al país y no dice que ‘le obliga’ o ‘le requiere’ ”, dijo la Canciller.
Agregó que por eso no se puede hablar de un desacato a una instancia internacional reconocida por el Estado, y reiteró que las medidas anteriores se habían acogido porque siempre buscaban defender la vida y la integridad de una persona o una comunidad, no de derechos políticos como en el caso de Petro.
El embajador ante la OEA, Andrés González, agregó que es contradictorio que en otros casos la misma Comisión se hubiera negado a conceder medidas cautelares por derechos políticos. La tesis de la CIDH en esos casos fue que la adopción de ese tipo de acciones implicaría un juzgamiento anticipado sobre el fondo de una petición o que los derechos presuntamente en riesgo podrían ser eventualmente reparados.
Eso ocurrió, por ejemplo, en las demandas de Jorge Soria Quiroga contra el Estado chileno; en la de Bosco Ricardo Vallarino, contra Panamá; en la de Carlos Giménez, contra Venezuela; y en el caso de Sandra Julieta Torres Casanova de Colom, esposa del expresidente Alvaro Colom, contra el Estado de Guatemala.
En el trasfondo de la trascendental determinación jugó la evaluación del caos institucional que generaría acoger las medidas cautelares, pues la supuesta falta de competencia del Procurador sobre los funcionarios de elección popular generaría un vacío jurídico de imprevisibles consecuencias. Entre otras cosas, traería una cascada de demandas de los más de 1.200 exfuncionarios elegidos popularmente y que también han sido destituidos.
Es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva. En los últimos seis años ha tenido tres mandatarios: Samuel Moreno, destituido por el carrusel de la contratación; Clara López y ahora Gustavo Petro.
La CIDH analiza el caso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) esperaba convocar a una reunión para pronunciarse sobre la destitución de Petro, luego de que el organismo sugirió medidas cautelares para el Alcalde.
REDACCIÓN ELTIEMPO.COM Y POLÍTICA
