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¿Decisión es obligatoria? Fiscal y Minjusticia dividen opiniones

¿Decisión es obligatoria? Fiscal y Minjusticia dividen opiniones

Para Montealegre, deben ser acatadas. Para Gómez Méndez, son solo recomendaciones.

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Luego de que el Consejo de Estado decidiera tumbar el último grupo de tutelas que frenaban la destitución del alcalde Gustavo Petro, el Fiscal General afirmó que el Gobierno deberá acatar las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Si la Comisión toma una medida cautelar, estará fundamentada en que ha existido una violación a los tratados internacionales y a las normas de derechos humanos y que no ha funcionado la justicia colombiana...frente a una inminente violación de los tratados implicaría una obligatoriedad acatar la decisión y restablecer el cargo al alcalde", aseguró Eduardo Montealegre.

En sentido contrario se pronunció el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez: "Hasta donde entiendo, las decisiones de la Comisión son un consejo, una recomendación. En el momento en que recibamos el consejo, decidiremos qué vamos a hacer", afirmó el alto funcionario.

Esta tesis es contraria a la que ha expuesto la CIDH, a través de su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez, quien ha señalado que esas medidas deben ser acatadas por el Gobierno.

Gómez Méndez, quien sostiene reuniones con autoridades en Estados Unidos sobre temas carcelarios, entre otros, también sostuvo que "el Gobierno es respetuoso de las decisiones judiciales y de la Constitución" y afirmó que en el ordenamiento jurídico colombiano "existen las debidas garantías".

Si bien el presidente Santos no se ha pronunciado puntualmente a la situación que se vive hoy miércoles, el Jefe de Estado en entrevista en EL TIEMPO con María Isabel Rueda dejó ver lo que piensa sobre este asunto.

“Lo que le puedo decir es que en este caso (el de Petro) la justicia colombiana ha operado. Las instituciones han operado. La muestra es evidente”, dijo el pasado jueves en este diario.

¿Qué dice el artículo 25 de la Comisión?

Una de las aristas de la discusión se centra en lo que dice el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Allí se dice que las medidas cautelares “no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana”.

Así mismo, asegura que el Estado puede pedir dejar sin efecto las medidas cautelares vigentes. Sin embargo, dice el reglamento, esta petición no suspenderá la vigencia de las medidas.

La Comisión, además, podrá presentar medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en caso de ser necesario. Pero si dicho tribunal la desestima, no podrá insistir en la petición.

REDACCIÓN JUSTICIA

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