“La Ley 100 de 1993, cuyo ponente fue el entonces senador y hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez, es según muchos profesores de salud pública una expresión del fracaso de la medicina gestionada, la cual se encuentra, por una parte, en manos de agentes externos a la salud y, por la otra, en agentes de salud con una muy escasa formación adicional a su pregrado, como es una especialización”.
Esta es una de las apreciaciones del candidato liberal a la Cámara Floro Hermes Gómez, fórmula de la aspirante al Senado Viviane Morales.
Según el docente de la Universidad Libre, seccional Cali, una de las consecuencias de la misma Ley 100 son “agentes que no saben o ignoran que la privatización de un sistema de salud equivale a pagar ‘más por morir más y más temprano’, tal como lo demuestra el estudio del profesor Philip J. Devereaux, adscrito a los departamentos de Medicina, División de Cardiología, y de Epidemiología Clínica y Bioestadística de McMaster University, en Canadá. ¿El profesor por qué hace tal afirmación? Porque para el caso del Canadá, si se permitiera la privatización del servicio de la atención de la salud en ese país, significaría aumentar en 2.200 las muertes anuales e incrementar los gastos de salud en 7,2 billones de dólares canadienses, lo que es contrario a la idea liberal de asegurar la vida”.
Anota que “el daño progresivo, imperceptible, lento y mortífero de la atención de la salud para Colombia consiste en una difícil y azarosa dificultad para la obtención oportuna de una enfermedad padecida (largas esperas y múltiples barreras); en la racionalidad inmoral de la medicina gestionada centrada en el aseguramiento del pago de la cuenta que ignora las necesidades del paciente; en la contención de gastos de atención de la salud dilatando la cita, evitando exámenes necesarios basada en una auditoría médica imperita y negando atenciones contempladas en el Plan Obligatorio de Salud”.
Añade: “Igualmente, el daño está en el establecimiento de protocolos clínicos y terapéuticos desarrollados por médicos y profesionales de la salud sin formación doctoral que ignoran la mejor evidencia científica y someten las órdenes terapéuticas a un caprichoso, irracional y mal intencionado vademécum; y en la hipocresía reinante de enmascarar el deseo de lucro”.
Es así que considera que es necesario leer la Ley 100 no como un desacierto sino como “un diseño político institucional hecho por la élite política nacional colombiana para enriquecerse y enriquecer a los intermediarios financieros del sector, como lo sustentan el control irracional de los costos y el sacrificio de la calidad, con el afán desmedido de asegurar el lucro, que convirtió al servicio público de la atención de la salud en un próspero negocio”.
Por lo tanto, dice el candidato liberal, lo anterior explica la crisis financiera hospitalaria “que ha conducido al cierre de importantes hospitales universitarios, al derrumbe de la red de atención de las regiones y al establecimiento de intrincados mecanismos que obstruyen, interrumpen y hasta suprimen el servicio público de la atención de la salud, amparados en una medicina gestionada incapaz de leer más allá de datos, cifras y hechos, ¿por qué ocurre esto? Porque la formación en administración de la salud, o en gerencia de servicios de salud, escasamente aborda los temas estrictamente técnicos de la gestión e ignora la gestión del pensamiento; es decir, no capacita, entrena ni forma en análisis económico, epistemológico, lógico-formal, político y sociológico, lo cual, además de facilitar la hecatombe de la salud, garantiza la afirmación del poder imperante a expensas de la sociedad. En conclusión: más allá de la Ley 100, es necesario entenderla y comprenderla como un diseño político institucional que encarece la muerte, mientras la acelera”.
Gómez ha sido docente de pregrado en medicina, cátedra de ética médica y de posgrado en la Universidad Libre, seccional Cali, donde también se ha desempeñado como el director seccional de Planeación.
A su vez fue secretario de Salud de Cali, en el 2007, con la misión de dirigir, coordinar, evaluar y controlar el sistema general de seguridad social en salud.
REDACCIÓN CALI