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Las sombras sobre Selva Ltda., la contratista que transporta militares

Es una de las empresas que mueven tropas por todo el país. No es la única cuestionada.

Una circular roja de Interpol pondrá a dar explicaciones a Selva Ltda., empresa de aviación que lleva más de una década moviendo a miles de militares por todo el país y que es una de las grandes contratistas del sector defensa en Colombia.
La circular, que aparece en la página de la Policía Internacional y equivale a una orden de captura, cobija a Carlos Fernando Gaona Parada, un polémico empresario que ha estado ligado a varias firmas de transporte aéreo que han tenido líos con la justicia.
En medio de la revisión de toda la contratación militar, tras los últimos escándalos, apareció la circular de Interpol que dice que Gaona Parada es requerido por la justicia de Estados Unidos para responder por los cargos de “conspirar para importar cocaína y marihuana, lavado de dinero y manejo de propiedades y transacciones económicas derivadas de actividades ilegales”.
En el registro de Cámara de Comercio figuran como propietarios de Servicio Aéreo del Vaupés (Selva) su esposa, Margarita María Posada (que es la gerente), y su hija, Maribel Gaona Posada. Ayer, Margarita Posada le dijo a EL TIEMPO que lleva varios años separada de Gaona, que él nunca tuvo participación en Selva y que ocasionalmente visita la compañía porque es una especie de ‘comisionista’ que les lleva negocios de transporte aéreo.
Por su lado, Gaona aseguró que aunque la circular roja sigue apareciendo en la base de datos de Interpol, la justicia colombiana ya determinó su inocencia en un proceso de narcotráfico que se inició a mediados de los 90, y que hoy no tiene ningún tipo de restricción legal para moverse dentro y fuera del país.
Gaona afirmó que interpuso una tutela para que su nombre sea borrado de la página de los buscados por la Policía Internacional, pero que ese proceso debe ser movido por la misma autoridad de Estados Unidos que hizo el requerimiento. “No he tenido la necesidad ni los recursos para pagarle a un abogado en EE. UU. para que haga ese trámite”, señaló. Selva sostiene que si hubiera dudas sobre su transparencia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no habría contratado con ella el transporte de unidades militares que recibían recursos del Plan Colombia.
El proceso de Gaona arrancó en 1994, cuando uno de sus socios en las compañías Aerocar e Isleña de Aviación fue capturado en Aruba por narcotráfico. Ese socio fue extraditado a los Estados Unidos y la licencia de Isleña de Aviación fue cancelada. Al año siguiente, Gaona se trasladó a Villavicencio.
Pese a esas explicaciones, en este momento las instituciones oficiales que han contratado con Selva revisan la situación. “No sabíamos de la circular roja de Interpol del señor Gaona”, dijo un alto militar que se mueve en el mundo del transporte de tropa.
Las otras empresas
La empresa Servicio Aéreo del Vaupés era dueña del avión Antonov, uno de los dos aviones que llevaron de Urabá a los Llanos a los paramilitares que cometieron la masacre de Mapiripán en 1997. La firma fue investigada y eximida de responsabilidad, pero en esa investigación siguen existiendo varios cabos sueltos sobre la logística que fue utilizada para mover a los ‘paras’ de Carlos Castaño. Ese mismo avión movió, entre 1997 y 1998, a más de 3.000 militares por toda Colombia, sobre todo en Antioquia. Poco después, Selva logró los contratos de transporte por 16 millones de dólares con el Departamento de Estado.
El mismo caso de Mapiripán tuvo en líos con la justicia a otro gran contratista del Ejército, Jorge Luis Almería Quiroz, que fue investigado por la Fiscalía y que era piloto de Selva.
Almería contrata transporte aéreo con las Fuerzas Militares desde el 2009 como representante legal de la empresa Aercaribe. La Contraloría adelanta una investigación por un presunto detrimento patrimonial de más de 1.500 millones de pesos de un contrato para transportar infantes de marina en el 2011. Según la denuncia de un oficial y suboficial de la Armada, en ese contrato hubo al menos 50 ‘vuelos fantasmas’, y ahora Almería, otros particulares y varios militares están llamados a juicio fiscal por el caso.
En el mundo del transporte de militares son pocos los jugadores que en muchas ocasiones son invitados a participar en las licitaciones por las propias entidades del área de defensa y seguridad. En algunos casos compiten y en otros terminan aliados. Así, otro nombre recurrente en los contratos del Ejército para el transporte del personal militar es FyH Charter S. A. Esta empresa de aviación conformó una “unión temporal de transporte aéreo” con Selva para suscribir un negocio que valió más de 914 millones de pesos.
Selva también ha hecho negocios o ha tenido vasos comunicantes con otras firmas de aviación que han tenido líos. Transamazónica Ltda., empresa que tuvo un proceso judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y narcotráfico, tuvo entre sus abogados a Álvaro Fuentes Arjona, que durante varios años se desempeñó como gerente de Selva.
La Sociedad Aérea del Caquetá (Sadelca), que tiene registros de negocios con la firma y que también ofrece transporte militar, fue indagada luego de que su gerente fuera asesinado en el año 2000.
REDACCIÓN JUSTICIA
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