El millonario contrato firmado en plenas fiestas navideñas por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) con una empresa para tapar 220.000 huecos en Bogotá, en un tiempo récord de ocho meses y con una supuesta tecnología moderna, terminó violando "los principios de planeación, economía, responsabilidad, transparencia y selección objetiva".
A esa preocupante conclusión llegó la Veeduría Distrital luego de hacer un detallado análisis de dicha contratación –por 11.822 millones de pesos–, que fue firmada el 27 de diciembre del año pasado entre la UMV y la firma Green Patcher Colombia SAS, representada por el actor Juan Pablo Posada.
La veedora, Adriana Córdoba, le presentó un detallado informe de 19 páginas al alcalde Gustavo Petro, y allí le advirtió de una serie de maniobras ilegales que se realizaron en la UMV para sacar adelante este contrato, firmado por la directora de esa entidad, María Gilma Gómez.
El documento –conocido por EL TIEMPO– señala que la UMV suscribió esa contratación de manera directa, sin licitación pública ni invitación a otros oferentes, bajo el argumento de que se trataba de un contrato de transferencia de actividades de ciencia, tecnología e innovación.
Córdoba afirma que la lectura de los estudios previos y del contrato permite concluir que el objeto del mismo “no consiste en el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación”.
Eso, a juicio de la Veeduría, “pone de presente la falta de planeación de la entidad en desarrollo de su contratación, y por la que terminó acogiendo una modalidad de selección que no corresponde al objeto, obligaciones y naturaleza del contrato”.
“La UMV celebró un contrato de obra, con la apariencia de un contrato de ciencia y tecnología, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para adelantar el reparcheo y mantenimiento de la malla vial de la ciudad”, concluyó la Veeduría.
Para llegar a esta conclusión, la entidad consultó con Colciencias, entidad que les informó que efectivamente esa contratación no se ajustaba a la categoría de ciencia y tecnología. Por ese motivo, la entidad subrayó que la UMV debió haber sacado adelante un contrato de obra pública, pues se está hablando del arreglo de las calles.
De hecho, la tecnología empleada ya ha sido seriamente cuestionada porque un hueco, en la calle 134 con carrera 9.ª, y que había sido tapado durante una demostración a la que asistió el propio Petro en enero pasado, volvió a aparecer. Así lo denunciaron los ciudadanos.
La Veeduría afirma que la UMV tampoco estableció la capacidad financiera del contratista y recordó que Green Patcher Colombia SAS apenas tiene un capital de trabajo de 5 millones de pesos, y fue constituida el 5 de junio del año pasado, es decir, tan solo seis meses antes de que se firmara el contrato.
Córdoba también encontró inconsistencias en la composición accionaria de los contratistas. Afirma que no hay ningún documento que acredite que Green Patcher Latinoamérica S. A. (de origen panameño) y Velocity Patching Limited (de origen inglés) sean propietarias del contratista que resultó beneficiado, tal como ellos mismos lo han dicho. Por si fuera poco, los trabajos no han comenzado porque los contratistas han tenido dificultades para conseguir las pólizas de garantía con las compañías aseguradoras.
Ante este posible detrimento patrimonial, la Veeduría remitió una copia del informe a la Procuraduría, a la Contraloría de Bogotá y a la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía.
La veedora le dio cinco días de plazo a la UMV para que publique y le remita la información del contrato, pues aún no está disponible en los portales, pese a lo que dictan las normas con el fin de asegurar transparencia.
Aunque el asunto se mantiene en reserva, fuentes señalaron que esta demoledora radiografía de irregularidades no cayó bien en el palacio Liévano, y que algunos le sugirieron a la Veedora que no era conveniente que se divulgara a la opinión pública.
Responde el Distrito
El abogado Ernesto Matallana, de la UMV, reveló que él avaló la contratación, y dijo que no comparte lo expuesto la Veeduría. Defendió las “bondades” de la tecnología en vista de que la ciudad “está aplicando una táctica muy lenta (para tapar huecos)”.
Afirmó que él tiene experiencia en ciencia y tecnología y que hizo una investigación al respecto para la Procuraduría. Dijo desconocer quién llevó a los contratistas de Green Patcher a la Alcaldía y agregó que él los conoció solo en septiembre del 2013, cuando habían hecho la propuesta.
EL TIEMPO buscó a la directora de la UMV, María Gilma Gómez, pero no respondió los llamados ni los mensajes.
YESID LANCHEROS
Redactor de EL TIEMPO
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