El regreso a casa de niña embera encontrada en estado de desnutrición

El regreso a casa de niña embera encontrada en estado de desnutrición

La pequeña de 2 años y 8 meses quedará en manos de sus tíos, que hacen de padres de la menor.

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13 de febrero 2014 , 07:33 p.m.

Hizo el camino de vuelta despierta, en brazos de su tía. Viajaba tranquila, como si nada le fuera ajeno, ni la canoa estrecha, ni el río cristalino, ni la selva, ni el torso desnudo de su madre adoptiva contra el que se apretó las tres horas que duró el trayecto. Nada podía hacerle presagiar el futuro oscuro que le auguran muchos. (Lea también: La historia de una niña indígena del Chocó que no sabía sonreír)

La niña regresaba a Nambua, la comunidad de los indígenas embera de la que la sacamos en abril del 2013, cuando solo era una raquítica figura al borde de la muerte. Un fotógrafo y yo dimos con ella por casualidad, y en aquel momento la comunidad nos permitió llevarla a la cabecera municipal y luego a Bienestar Familiar para que le salvaran la vida. (Niños indígenas, condenados a morir por desnutrición)

Retornó porque la legislación otorga el peso de la decisión al Comisario de Policía del municipio, Bojayá, Chocó, en este caso y, en segundo orden, al gobernador indígena. Ambos certificaron que la menor de dos años y ocho meses queda en buenas manos. Que sus tíos, Setilia Mecha y Cesario Hachito, los mismos que la tuvieron antes a su cargo, se ocuparán, ahora sí, como padres responsables de su bienestar. Garantizaron por escrito que no ocurrirá como casi siempre, que los niños son bolas de ping-pong que van y vuelven. Llegan a Bienestar desnutridos, los engordan y los devuelven para empezar de nuevo el ciclo.

El regreso comenzó a gestarse a finales de junio pasado. La niña se encontraba en Quibdó, en un hogar sustituto del ICBF, para recuperar peso, aprender a caminar y hablar, y, por encima de todo, conocer la felicidad que le negaron desde su nacimiento.

Francis Rentería, comisario de Familia de Bojayá, llevaba semanas soportando la presión de Guillermo Birry, gobernador del Cabildo Indígena Acirup, bajo cuya jurisdicción se encuentra Nambua. Reclamaba a la niña para sus tíos. Por su parte, la Coordinadora del Centro Zonal de Quibdó, del ICBF, necesitaba conocer la situación psicosocial de la familia de acogida, condición previa para aceptar la solicitud de los emberas.

Rentería envió al diminuto caserío, el 27 de junio, a la psicóloga y a la trabajadora social de su dependencia, con la misión de elaborar un informe del entorno al que llegaría la pequeña.

Lo que encontraron es lo mismo que yo vi. La vivienda de los Hachito Mecha no difiere de las quince restantes donde habitan las veintitrés familias de Nambua: una superficie de tablones madera sin separaciones ni paredes, levantada sobre pilotes, cubierta por un tejado de láminas de zinc que regaló un proyecto de Alemania cuando debieron trasladarse al nuevo enclave por una riada que acabó con su poblado, hace trece años. Ahora Nambua, que cuenta con un total de 99 habitantes, veinticinco de ellos adultos, queda en un recodo del río Uva, en una elevación que la protege de inundaciones.

En una esquina de la vivienda o tambo, se encuentra la cocina de leña formada por tres troncos; el dormitorio es cualquier lugar porque descansan sobre el piso; el baño es el río y el sanitario, el inmenso y precioso bosque que los rodea.

En junio vivían con ellos sus hijos más pequeños, de ocho y nueve años. Hoy en día el mayor padece cáncer y está hospitalizado en Bogotá. Su padre lleva cuatro meses a su lado.

Las dos profesionales quisieron conocer, de boca de Setilia, las razones para que la niña sufriera desnutrición crónica y deshidratación en abril. Explicó que el padre biológico de la criatura, José Avilio Hachita, “la dejó sola en el tambo”, mientras ella y su esposo hacían una diligencia en un pueblo cercano.

Agregó que su cuñado debió ser más diligente puesto que la menor “ya tenía un buen tiempo de estar enferma presentando diarrea, vomito, fiebre y además estaba muy baja de peso”. Es decir, el mal comenzó cuando la niña vivía con los tíos y la dejadez del progenitor solo agravó su estado.

Las profesionales escribieron en su informe que observaron en el matrimonio “el interés y sentimientos de afecto para criar a la niña (…) y tienen clara la responsabilidad que ello implica”. Y recomendaban “evaluar la posibilidad de que esta niña regrese a su núcleo familiar a compartir la alegría de estar en familia”.

Siete meses más tarde, se cumplían los deseos de todos ellos.

Olvido

Setilia nació en 1968. “Yo estaba jovencita cuando casaron con mi esposo”, me dijo después de recibir la niña de manos del Comisario. “Nos conocimos en Nambua”, recordó en su español básico.

Toda su vida ha estado ligada a una comunidad que sobrevivía con lo que la Naturaleza le proporcionaba y que con el paso de los años fue perdiendo su esencia. Solo los viejos conocen la selva y aún cazan, tradición que los jóvenes no quieren aprender; la pesca escasea, y el cultivo de plátano, arroz, yuca, maíz y banano alcanza apenas para llenar la olla. Hace semanas, uno de tantos programas asistenciales del Gobierno regaló veinte pollos por familia y bultos de concentrado. Los que no se les murieron están apiñados en una jaula y poco a poco se los van comiendo. “No enseñaron cómo alimentarlos y nosotros no sabemos”, se quejó un indígena.

Además de llenar el estómago, necesitan generar dinero. Pero no comercializan sus productos por no contar con suficiente volumen y porque el elevado costo del transporte se lo tragaría todo. Solo la gasolina para ir a la cabecera municipal y regresar, superan los doscientos mil pesos en una canoa con espacio limitado.

La plata, por tanto, llega por vía de los subsidios. Y ahí es donde la niña adquiere importancia.

“Con tres hijos es mejor para Familias en Acción”, confesó Setilia. Razón no le falta. En Nambua las mujeres, que son las que cobran la ayuda, deben juntarse para contratar una canoa hasta el casco urbano cuando hay pago.

Además del dinero, hay otro beneficio asociado: el Programa de Crecimiento y Desarrollo.

“El menor de bajo peso ingresa al programa. Son pocos los niños afros de bajo peso, los indígenas, casi todos”, me explicó la empleada de una de las tres IPS que operan en Bojayá. “A cada familia le entregamos un mercado al mes, que en el caso de la niña sería leche, lentejas, aceite, arroz y bienestarina”. Entre los inconvenientes para que el programa funcione bien, anota, figura tanto la lejanía de las comunidades, que dificulta cumplir las citas de control de los niños, como que “son los adultos los que se comen lo que damos”.

También ocurre que a las IPS se les terminan las provisiones, como pasó cuando fui con Setilia a reclamar el mercado de la niña, un día antes de embarcarnos para Nambua. “Se nos acabaron. Vinieron muchos”, nos dijeron.

Setilia me pidió dinero para comprar uno. “Para usted la niña es una carga. Mejor la deja con el ICBF”, sugerí dada su precaria situación.

“No es carga”, replicó seria.

Si bien Setilia argumentó que quiere la niña porque no tiene ninguna en su hogar, su familia es extensa. “Pero no viven conmigo”, alegó. La hija mayor, de 20 años, es madre de cuatro. La segunda, de 19, tiene un hijo. El tercero es padre de tres retoños; hay otro que espera su primer hijo, y una de 18 que estudia bachillerato en Bellavista.

El retorno

El 4 de febrero, sábado, partimos a las seis de la mañana hacia Nambua. La niña no se despegó en todo el trayecto de su madre adoptiva. Nada más arribar al poblado nos rodeó una nube de niños y adultos. Nadie sabía que la pequeña volvía.

“¿Quién se ocupará de ella?”, me preguntó Eri Tunai, uno de los dos docentes. Enseñan lo que pueden en dos aulas con menos pupitres que niños y sin material didáctico.

“Setilia y su esposo. Se la entregó el Comisario de Familia y el gobernador de Acirup”, respondí, pero no despejé su preocupación, máxime al conocer que contra el padre biológico, José Avilio Hachito, pesa una demanda por maltrato infantil que puede costarle catorce años de cárcel.

Le sorprendió que la desnutrición pudiera ser un delito y le leí un informe de Medicina Legal. “Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) maltrato infantil incluye desatención y negligencia, lo que pueda causar daño a la salud, al desarrollo y dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder”.

Llamó enseguida al gobernador de la comunidad, Octavio Hachito, que, al igual que el profesor, habla español; la mayoría solo habla embera. “Tenemos que ver quien queda responsable de la niña. Aclare usted a la comunidad porque si vuelve a Bellavista desnutrida, a quién reclama. No queremos que vayan a la cárcel”, dijo el docente.

Tras unos minutos de deliberación en la casa de Setilia, acordaron entregármela para que la devolviera al ICBF. El gobernador firmó un papel que redacté para certificar su decisión. Al verse la niña en mis brazos, rompió a llorar y patear, y así descendí hasta la canoa.

Cuando estaba a punto de marchar con el motorista, la comunidad bajó la loma corriendo. “No, la niña queda aquí”, ordenó el gobernador. Se produjo lo que parecía una discusión –hablaban en su idioma–, les reiteré las consecuencias de su determinación y les di la niña, puesto que lo firmado carecía de valor legal. Al librarse de mí, la criatura pareció aliviada.

En el trayecto de vuelta recordé lo dicho por una socióloga que realizó un estudio de los emberas. “Poseen organización familiar pero les falta avanzar en el rol de cada uno. En ellos, las relaciones humanas son muy frágiles. Piensan que a los tres años un niño ya se tiene que valer por sí mismo”.

Pregunté al motorista, embera, qué consideraba lo mejor para la niña.

“Ir al ICBF. Pasado mañana dejarán de mirarla”, fue su respuesta.

Salud Hernández-Mora
Especial para EL TIEMPO
Nambua (Bojayá-Chocó).

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