'La Ley de Garantías solo sirve para paralizar al Estado': Contralora

'La Ley de Garantías solo sirve para paralizar al Estado': Contralora

Sandra Morelli propone derogar la norma. Lanza duras críticas al Fiscal General.

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25 de enero 2014 , 09:11 p.m.

Eliminación de la Ley de Garantías, “por inocua” y porque semiparaliza al Estado, y ampliar en cambio a seis años el periodo de todos los funcionarios de elección popular, incluidos Presidente, gobernadores, alcaldes y parlamentarios, propone la contralora general de la República, Sandra Morelli,

En esta entrevista, plantea también disminuir a 16 años la edad de ciudadanía, para incorporar a los jóvenes a la actividad política. Por otra parte, arremete contra el fiscal Eduardo Montealegre y lo acusa de “abusos de poder”.

“La Ley de Garantías, que prohíbe contrataciones directas y creación de cargos, rompe los ciclos normales de la contratación –dice–. Lo único que verdaderamente cambia es que todo se debe hacer antes. La celeridad aumenta el riesgo de errores y degenera en mala contratación. Los recursos del Sistema General de Participación, que son los dineros directos que gira el Gobierno, en educación ascienden al año a 16,6 billones de pesos y los de salud, a 6,6 billones. Para el Sena hay 2,6 billones y para el ICBF 4,4 billones. Para población vulnerable y excluida se tienen 2,2 billones de pesos. Y para esos recursos no está previsto ningún control durante los efectos de la Ley de Garantías. Es decir, estamos hablando de 32,4 billones de pesos para 2014. ¿Sabe lo que significa esa suma por fuera?”

Mejor dicho: ¿los efectos reales de la ley son inocuos? ¿Solo paralizan al Estado?

La administración termina golpeada, se vuelve menos eficiente, se semiparaliza el Estado. Por eso, todo el mundo corrió hasta ayer para contratar. Hay algunas normas para contratar por licitación. Las licitaciones no están prohibidas, pero no se pueden utilizar las vigencias futuras. De todas maneras, las licitaciones que estaban programadas, como las de 4G e infraestructura, sí pueden desarrollarse.

¿La multiplicidad de contratos firmados en estos días es señal de corrupción?

De ninguna manera. Es señal de que el Estado sabía que, como consecuencia de la Ley de Garantías, tenía que acelerar sus procesos contractuales. Es demostración de que la administración pública, paquidérmica e ineficiente, cuando quiere puede.

¿Pero hay una especie de ‘matrimonio’ entre la clase política y la contratación?

Las tendencias parecerían indicar lo que usted afirma, pero ahí toca poner la lupa en aquellos recursos que se giran para salud, educación, los que gira el ICBF, el programa Familias en Acción, etc. Para seguir con la relación de política y recursos de la salud, le recuerdo solo 2 casos: EPS Manezca, una EPS indígena en Córdoba, y EPS Mallamas, también indígena en Cumaribo. El Estado gira y gira y la plata, entre autoridades tradicionales y no tradicionales, se embolata. Es lamentable ver el estado de mujeres y niños; la desnutrición alcanza niveles altos. La semana pasada murieron 4 niños en Manaure (La Guajira) e, incluso, las tasas de morbilidad se han incrementado en cuanto a talla y peso. A las mujeres no se les permite hablar, solo entregar unos comunicados. Cuando se leen, se ve que son formatos escritos, entre otras, por una misma persona.

En el país existen 748 resguardos indígenas, de los cuales se han auditado 108, y giros por 250.000 millones. De esto se encontraron presuntos faltantes o desvíos por 95.000 millones. Ahí puede apreciar el porcentaje tan grande que no llega a donde toca.

¿Y qué hacen con ese dinero?

Lo primero es que compran tenis nuevos y camisa con águila negra atrás.

¿Cree que la Ley de Garantías sí sirve?

No. Sería mejor no incrementar el presupuesto para este año y establecer controles materiales desde la propia administración. Es una ley tal vez única. No conozco ningún otro ejemplo en el mundo, pero su vigencia no se reflejó en la disminución de los índices de corrupción para el 2010. Además es absurdo que, con periodos presidenciales tan cortos, en el último año, en el que se muestran resultados, algunos queden truncos sencillamente por las limitaciones indicadas.

¿Qué propone hacer?

Derogar tranquilamente la Ley de Garantías.

¿Todos estos riesgos surgieron a partir de la reelección? ¿Se debe eliminar?

El periodo presidencial es absurdamente corto, y estas elecciones de cara a la reelección afectan la buena marcha de la administración, imponen dinámicas distintas en función del logro de resultados electorales. Además, las elecciones son caras. Todos los servidores públicos de elección popular deberían gozar de un periodo de seis años.

¿Es decir que todos los cargos de elección popular sean por seis años?

Sí. Eso evita el riesgo de la influencia política electoral en la administración pública. El método democrático, quiero aclarar, no puede ser sacrificado en consideración a sus costos, pero es importante informar de los recursos empeñados en los comicios ordinarios y extraordinarios, así como de adiciones presupuestales.

¿Esta fórmula de seis años no tapona a las nuevas generaciones?

Por el contrario, me parece que les obliga a madurar más y a demostrar que tienen las fortalezas y la constancia para no desfallecer. Si persiste, posiblemente estemos ante un líder político valioso, y 2 años en la vida de un verdadero líder no son nada. En este orden de ideas, incluso podría rebajarse la edad para votar, no para ser elegido. Las juventudes son ahora más maduras y saben más. Atraerlas tardíamente es difícil. Es que crecen con la idea de que la política es “esa cosa a la que se dedican los corruptos del Congreso”. El Congreso es igual al país: hay buenos y hay malos. Y por fortuna son muchos más los buenos. De continuar con ese estribillo, nuestra democracia se deslegitimará y privilegiaremos las decisiones de una pequeña burguesía, de una aristocracia o de un puñado de sabios. Es importante dignificar el ejercicio de la política y comprometer a los jóvenes en ello. Colombia no es un país de viejos, y a los jóvenes de 16 años no es tan fácil manipularlos, pues no le hacen caso a nadie; nacen y se crían con mucha dignidad e independencia. Si su formación es sólida, sencillamente no entenderán ni aplicarán las prácticas corruptas. Además, juventud e ilusión, ideales y sueños son sinónimos para estos efectos. La fuerza de esas generaciones sanas no se desperdiciaría más. Por eso propongo poder votar a los 16 años.

¿Qué ventajas tendría esa reforma?

Es una propuesta que tiene que ver con el nivel de desarrollo, que es mucho más acelerado en las nuevas generaciones. Hay que acercarlas a la vida pública y la política, porque nos estamos arriesgando a crear sociedades no democráticas. Propongo bajar la edad de ciudadanía a los 16 años. No podemos seguir alejando a los jóvenes del manejo de la Nación. Es sangre nueva, desprevenida y sin mañas.

¿Qué hacer con los periodos de los que lideran los órganos de control?

Están bien así: cuatro años.

¿Con reelección o sin reelección?

Definitivamente, ni en la Contraloría ni en la Fiscalía, porque se prestaría a abusos. Recuerde la historia de mis antecesores: todos, convencidos que de allí saltarían a la silla presidencial. Y en el caso de la Fiscalía, ¿qué tal los abusos del actual Fiscal?

¿Cuáles abusos?

Abusos del poder que tiene.

¿Por qué son tan malas las relaciones entre usted y el Fiscal?

Porque la gente parecida se quiere y la gente que no se parece no se quiere.

¿El Fiscal no se parece a usted?

Nooo, somos agua y aceite. Él se comporta distinto en su rol público, interviene en muchos temas que no son estrictamente de su competencia; se autoproclama juez de legalidad e invade las esferas de otros. Opina hasta de lo que tiene que hacer el Presidente, y a veces parecen como órdenes, y eso no es para nada sano. Le gusta mucho el protagonismo y da unos golpes de opinión que no resultan tan bien, como el de Sigifredo López. Habla de unos principios constitucionales muy novedosos que las personas como yo, ‘casi brutas’, no entendemos ni conocemos. Pero eso son temas menores. Lo que no puede suceder es que nos presenten sentencias aisladas –que son distintas a la jurisprudencia, las cuales son producto de una línea constante de decisión– como derogatoria de una ley vigente. De tal manera que, si alguien se atiene a la ley, bien puede ser tachado de prevaricador y verse sometido a la sanción penal. Aunque, obviamente, para eso se requiere que un juez de garantías le dé la razón a la Fiscalía. Es que nadie puede ser juzgado a la luz de las normas que el investigador quisiera que estuvieran contenidas en el ordenamiento jurídico.

¿Se quiere explicar?

Él quería acaparar las funciones de policía judicial, y al parecer lo logró con su reforma. Eso no quiere decir que el uso que se hubiera hecho de esas facultades hubiera sido ilegal y constituya un abuso de autoridad.

¿Abuso de autoridad?

Lo que él declara públicamente es que abusamos de la autoridad, violamos los derechos humanos y que todo se refiere a nuestra visión cavernaria del derecho. Puede que tenga razón porque para mí es inadmisible que se proponga principio de oportunidad sin reparación, riesgo que se está corriendo en el caso de los Nule. A mí eso me parece demasiado grave para la sociedad y que, de todas maneras, es un mensaje que se puede plasmar en la siguiente frase: “El delito sí paga”. El régimen acusatorio tiene una forma propia del derecho anglosajón, y el uso que ellos hacen de este es muy distinto al que haríamos nosotros.

¿Tiene razón el Ministro de Justicia cuando critica al Fiscal?

De manera categórica, tiene toda la razón.

¿Por qué hay tanta coincidencia entre usted y el Procurador, inclusive en esta pugna con el Fiscal?

No hay ninguna coincidencia sospechosa.

Yo no dije sospechosa...

El Procurador y yo solemos coincidir en aspectos relacionados con la cosa pública, pero no en la manera como cada quien práctica la religión. Es que el Fiscal nos ha catalogado como abusadores de autoridad, autoritarios, cavernarios y antitécnicos. A mí no me disgustan las críticas, que pueden ser respetuosas y muy útiles, pero esos gritos... Y que conste que yo nunca lo he gritado.

¿Quién la ha gritado?

¿A mí? El Fiscal me pega unos gritos... Y yo me pego unos sustos...

¿Las diferencias son de forma y de fondo?

Sí.

¿No es que se esté armando una trinca Contralora-Procurador contra el Fiscal?

En eso también coincidimos con el Procurador: no albergamos odios; no nos dejamos envenenar; no somos de los que armamos estrategias ni emprendemos campañas de desprestigio contra nadie ni conspiramos contra los órganos del Estado.

¿Acaso el Fiscal sí?

¿Acaso no oye los gritos que me pega?

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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