Empiezo por admitir que no los respeto. Es una alta corte que no quiere limpiar sus alcantarillas, y ellos saben a lo que me refiero.
Lo hecho esta semana enloda aún más su trayectoria. Dieron la impresión de que cambiaban las togas por el camuflado y el brazalete Farc, para asestar al país un golpe con efectos demoledores.
Sentenciar que los responsables de las bombas y los muertos, en ataques a pueblos, no son los terroristas sino sus víctimas y que para evitar atentados la policía debe abandonar el barco como ratas solo cabe en personalidades arrodilladas. O en estrategias sibilinas para dar a los de Cuba todo lo que piden.
Según el fallo del Consejo de Estado, hay que alejar las estaciones de policía de las poblaciones donde haya guerrilla porque representan un peligro para la ciudadanía. Mientras existan “zonas en las cuales se altere el orden público con frecuencia”, opinan esos señores, lo correcto es facilitar el trabajo a los violentos.
Para los magistrados, los policías no son ciudadanos sino objetivos terroristas legítimos. Como el Gobierno puso al mismo nivel a los delincuentes que al Estado, no sorprende el párrafo que reproduzco de la nefasta sentencia, y que es la base de su argumentación:
“El riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio de un conflicto armado, y su concreción en un daño a una persona ajena a los grupos enfrentados, independientemente de quien haya ocasionado el daño, es la razón de la responsabilidad estatal”.
Como ven, ese cuerpo judicial no considera que existen diferencias entre criminales y autoridad estatal, son “grupos enfrentados”. Que lo digan los de Marcha Patriótica o Santos, vaya y venga. Pero que lo acredite una alta corte es muy grave. Supone avalar ante el mundo, no solo ante los colombianos, dos de las tesis que las Farc siempre han buscado que les compren.
Una: ellos son las víctimas, no los victimarios. No descartan haber cometido “errores”, pero no más que sus contrarios. La segunda es la que sostienen cada vez que sus ataques matan civiles y destruyen casas: no es culpa de ellos sino del Gobierno, que emplaza uniformados en los cascos urbanos. Si no quieren muertos, dicen, que la policía se vaya.
Para cumplir el fallo, sugiero edificar estaciones en descampados. Las paredes serían blancas, con dianas pintadas en sus laterales. Lo necesario para que los amigos de la paz no fallen, maten policías y derrumben las edificaciones con la precisión del cirujano.
De paso, el Estado ahorraría demandas multimillonarias. O podemos sustituir las estaciones por ‘matádromos’, unos espacios abiertos, en mitad del campo, para que se den bala “los grupos enfrentados”. A fin de cuentas, se deduce de la sentencia, este conflicto armado es pura pelea de bandas.
Una última pregunta para esos magistrados, empeñados en encarnar el papel de tontos útiles de la guerrilla: ¿Volvemos a los años en que el Gobierno sacaba a la policía de los municipios cada vez que las Farc los asaltaban?
Lo dijo ‘Rodrigo Granda’ en La Habana, al referirse al último atentado: “Como norma las Farc no van a atacar impunemente a la población civil”. Solo la atacan, afirman las Farc y corrobora el Consejo de Estado, por culpa de la poli.
NOTA: Drummond no son los únicos piratas marítimos y terrestres. Prodeco es del mismo gremio.
Salud Hernández-Mora