El pugilato Petro-Ordóñez

El pugilato Petro-Ordóñez

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24 de enero 2014 , 07:26 p.m.

El actual desbarajuste bogotano muestra a las claras que no hay nada más peligroso que un populista desaforado, sin idónea asistencia jurídica, reacio a cumplir decisiones judiciales o administrativas que, por serle adversas, le acarreen consecuencias políticas.

Porque mientras Petro ha dicho de todo, para regocijo de la galería y desmedro de la institucionalidad (la sanción es golpe de Estado, abolición de la democracia, acto de tiranía y despotismo, vulneración flagrante del derecho político a elegir y ser elegido y otras extravagancias), es el petrismo recalcitrante el que, con porfía digna de mejor causa, enerva hasta hacer imposible (¿ignorancia o mala fe?) el ejercicio legítimo de competencias de autoridad.

Para llegar a este berenjenal de gritería, abuso de poder y desgobierno en que hoy nos encontramos siete o más millones de habitantes capitalinos, Petro (inteligente, también demagogo y astuto) ha conseguido enlistar en sus filas varios abogados con prestigio en controversias disciplinarias directamente proporcional a su anonimato; millares de ilusos tradicionalmente abandonados a su pobre suerte marginal; altos dignatarios, como el Fiscal General, cuya competencia para actuar en su favor no está clara, y organismos internacionales cuyas decisiones no son vinculantes si en Colombia el Alcalde protestante no enfrenta peligro para su integridad personal y en cambio ha tenido, tiene y tendrá amplios mecanismos de defensa, garantía del debido proceso.

Mayestático y prepotente, Petro aspiraba a que, por ser vos quien sois (?), se lo excluyera del control disciplinario que por mandato constitucional y legal ejerce la Procuraduría sobre todos los funcionarios públicos, aun los elegidos por voto popular, principio avalado por la mismísima Corte Constitucional, o que en su defecto se le declarara inocente de faltas gravísimas cometidas en su desempeño como Alcalde.

Como no fue así, interpuso, al parecer, varios centenares de tutelas, la primera de las cuales (escribo el miércoles 22) despachó dos exabruptos: 1) suspender provisionalmente un acto administrativo no ejecutoriado, que según la Procuraduría el magistrado sustanciador no conocía, y 2) ordenarle al Presidente Santos no ejecutar la orden sancionatoria que allí mismo acababa de suspender.

(Creo por ello, con todo respeto, que a la par con protección por amenazas contra su vida, el togado Armenta ha debido solicitar licencia para estudiar mejor los requisitos mínimos de una suspensión provisional…)

Así, pues, en forma abrupta, pateando la juridicidad estatal, socavando los más primitivos cimientos constitucionales y legales, desoyendo las voces de autoridades competentes, renuente a notificarse, autonegándose (cuando le parece) el derecho de defensa que nadie le ha escatimado, poniendo –como lo ha dicho Mauricio García Villegas– el Derecho al servicio de la política, el señor Petro ha decidido, por sí y ante sí, quedarse en el palacio Liévano, pase lo que pase.

Tamaño desafío a la institucionalidad no es siquiera imaginable en una democracia que se respete, como esta, donde, pese a tantas falencias y quebrantos del régimen imperante, sigue teniendo peso específico la voz atónita de millones de ciudadanos que esperan solución última y cumplida a insólitos abusos de autoridades, como este pugilato casado por el Alcalde contra la Procuraduría.

Tan urgente medida, agotado el contencioso administrativo, debe proferirla, pronta y definitivamente, la Corte Constitucional en revisión de tutela.

Víctor Manuel Ruiz

vimaruiz@etb.net.co

 

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