Editorial: Un fallo y muchas preguntas

Editorial: Un fallo y muchas preguntas

21 de enero 2014 , 08:24 p.m.

Entre las muchas páginas de horror que ha dejado el conflicto armado, las de las tomas guerrilleras de municipios sobresalen con sus escenas de devastación y dolor a causa del poder destructivo de los cilindros bomba y los tatucos.

Varios de estos dolorosos capítulos tuvieron lugar en marzo, septiembre y diciembre de 1999 en Puerto Rondón (Arauca). Fueron tres tomas guerrilleras que dejaron graves daños en la iglesia, la casa cural y un colegio, además de repudio por el uso de cilindros bomba. Ante lo ocurrido, el entonces obispo del departamento, monseñor Arcadio Bernal, demandó al Estado. El caso solo se vino a resolver este lunes, cuando el Consejo de Estado ordenó a la Nación responder por los destrozos causados.

Pero el diablo, una vez más, estaba en los detalles. Además de ordenar el pago, el pronunciamiento dispone que en las zonas donde “se vea alterado el orden público con frecuencia, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña”. Y responsabiliza al Estado por las consecuencias que sobre los civiles tuvo el accionar de las Farc, sin importar que no haya habido participación, por acción u omisión, de agentes oficiales. Basta el “riesgo que se genera por la presencia de un establecimiento representativo del Estado en medio del conflicto armado”. Según esta lectura, se trató de un ataque “específico contra la Policía”.

Muchos notaron, con no poco desconcierto, la coincidencia de esta postura con el que ha sido por muchos años caballito de batalla de la insurgencia. Basta recordar a ‘Rodrigo Granda’ y su cínica justificación del reciente ataque contra Pradera.

Ante la ola de reacciones, el magistrado ponente, Ramiro de Jesús Pazos, les puso ayer el pecho a las críticas y sobre ese último asunto explicó que lo que pretende el fallo no es retirar las guarniciones de los pueblos, sino simplemente reubicarlas en lugares en los que no colinden con hogares de civiles.

Unas aclaraciones que, aunque aportaron luces, no resuelven interrogantes de fondo. Estos comienzan en que la providencia va en contravía de un hecho cultural y urbanístico como es que la Policía ha estado ubicada desde el comienzo de nuestra vida republicana en el corazón de los municipios, y no por capricho, sino porque se necesita que esté ahí para efectos de un mejor desempeño de la función que la Constitución le ordena.

Deja también la impresión de que, según este fallo, la culpa no es de quien ataca sino de las autoridades, por cumplir con un deber constitucional. Dicho de otra forma, el policía resulta ser el malo. Aunque un hecho así demuestra que la separación de poderes es una realidad viva –y es algo, desde luego, deseable–, en ciertos temas tanta falta de sincronía en el Estado preocupa. Y quedan más dudas: ¿puede la Rama Legislativa tomar decisiones sobre el accionar de la Fuerza Pública cuando esto le corresponde al Ejecutivo? ¿Vendrá un aluvión de demandas?

Los más perspicaces se preguntan incluso si esto convierte a las estaciones en blanco legítimo. Lo cierto es que no convence la raya trazada entre la negligencia institucional y la responsabilidad de un grupo irregular por sus actos criminales. Lo natural y razonable es que la Policía permanezca en los centros urbanos y que la guerrilla renuncie a acciones donde se ponga en riesgo a los civiles. Y que el Poder Judicial entienda que la realidad del país no es, como se dice coloquialmente, la de Dinamarca, sino la de Cundinamarca.

EDITORIAL

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