Colombia se raja en informe anual de Human Rights Watch

Colombia se raja en informe anual de Human Rights Watch

La ONG critica al Gobierno por impulsar reformas como marco jurídico para la paz y fuero militar.

21 de enero 2014 , 04:03 a.m.

Si bien destaca algunos avances, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) realizó una evaluación bastante negra de la situación de los derechos humanos en Colombia y los esfuerzos del gobierno por defenderlos.

Eso, al menos, es lo que se desprende del informe anual sobre los Derechos Humanos (DD. HH.) en el mundo, que presenta esta ONG este martes en Washington.

De acuerdo con el reporte, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha adoptado diversas medidas que “frustran la posibilidad de rendición de cuentas” por violaciones a los DD. HH.

Entre ellas menciona cómo el Gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional -el Marco Jurídico para la Paz- y el sistema de justicia penal militar “que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes”.

Sobre el marco jurídico para la paz, destaca cómo en agosto del 2013 la Corte Constitucional modificó un error fundamental de la reforma al prohibir la plena suspensión de las penas para los “máximos responsables”.

Igualmente, menciona que la misma Corte tumbó la reforma al fuero militar por vicios de procedimiento, pero subraya que Santos insistirá en ella durante el 2014 cuando presente un nuevo proyecto de reforma ante el Congreso.

En el informe, HRW también cuestiona cómo el Gobierno intentó, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negar el rol de las fuerzas armadas en serias atrocidades pese a que la justicia nacional ya había condenado a varios militares por los mismos hechos.

“El Gobierno sostuvo que en 1998 las Farc asesinaron a 17 civiles en Santo Domingo, Arauca, a pesar de varias sentencias dictadas en Colombia que establecían la responsabilidad de miembros de la Fuerza Aérea por la masacre. La Corte rechazó los argumentos de Colombia y determinó que el Estado era responsable. De manera similar, en procedimientos ante la Corte relativos a la toma del Palacio de Justicia en 1985, el Gobierno no aceptó que el Ejército hubiera participado en “desapariciones” forzadas por las cuales ya se había condenado a un general de esa fuerza”, dice el informe.

Aunque el informe destaca los notables avances en la captura de líderes de grupos sucesores de los paramilitares, sostiene que la fuerza pública no ha logrado contrarrestar de manera significativa el poder de estos en sus zonas de influencia, donde continuaron desplazando a la población y cometiendo asesinatos, violaciones sexuales, y otro tipo de crímenes.

Según HRW, estos grupos mantienen su poder, entre otras cosas, “porque cuentan con la tolerancia y la connivencia de miembros de la fuerza pública local”.

También crítica los parcos avances en la implementación de la Ley de Justicia y Paz y el programa de restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas, sancionada en 2011.

Sobre la primera, HRW afirma que en ocho años de su aprobación solo se han obtenido condenadas con 18 personas.

En el caso de la Ley de Víctimas, afirma que si bien se han obtenido 666 sentencias que ordenan la restitución de tierras -entre 45.000 solicitudes recibidas- el propio Gobierno reconoce que solo tres familias habían regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la ley.

También cuestiona a la Procuraduría, pues exoneró de cargos disciplinarios a varios exlegisladores cuya responsabilidad penal por la colaboración con grupos paramilitares había sido establecida anteriormente.

Dice, a su vez, que en el país resultan comunes los ataques y amenazas contra defensores de DD. HH., sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sin que sus responsables sean llevados ante la justicia.

El reporte también es duro contras las Farc y el Eln, a los que acusa de continuar cometiendo graves abusos contra civiles, entre ellos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados, el reclutamiento de niños y el uso de minas antipersonales.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON

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