El rediseño de las Farc en cultivos ilícitos / Análisis

El rediseño de las Farc en cultivos ilícitos / Análisis

Mantienen intacta idea de desmilitarización, de hace 14 años. Cambios en otros frentes.

18 de enero 2014 , 08:00 p.m.

Al lanzar esta semana su propuesta de sustitución de cultivos ilícitos, uno de los temas del punto de narcotráfico que discuten hoy con el Gobierno en La Habana, las Farc dijeron que en esencia recogían lo presentado por ‘Manuel Marulanda’ en el Caguán, en el 2000.

Y que le hicieron ajustes de acuerdo con los cambios que desde entonces ha tenido el problema, y la manera de abordarlo.

En ese rediseño, el cambio más significativo parece ser frente a los campesinos. Frente al Estado, menos. Como si la desconfianza, que debería estarse disminuyendo en medio del proceso de paz, estuviera intacta.

La más ruidosa de las propuestas, la desmilitarización de las zonas elegidas para el programa de sustitución, se mantuvo. Solo que ahora no hablan de un control específico de las Farc.

Hace casi 14 años, en el plan piloto a 5 años propuesto para Cartagena del Chairá (Caquetá), esta guerrilla pidió “a los tres poderes despejar el municipio (…) para crear las condiciones favorables a la erradicación definitiva del cultivo de coca”. Seguido dijo que “para ejercer el principio de autoridad” se crearía “un comando directivo de 5 mandos, acompañados de 60 hombres”.

En ese entonces, como ahora, el argumento fue la seguridad de los campesinos en los territorios de sustitución. La pregunta es si desconfían más del Estado que de las bandas de narcotraficantes que en esas zonas han competido con ellas en el negocio de las drogas, o incluso se han apoyado en las Farc.

En su rediseño, el grupo guerrillero sumó a la desmilitarización que se descarte la minería a gran escala y la explotación de hidrocarburos en las zonas donde se reemplazarían los cultivos de hoja de coca, amapola y marihuana.

Evidencia así la gran distancia que tiene todavía con el Gobierno y el grueso del país, que, con los debidos controles, consideran la minería una fuerza vital para la economía.

De entrada, y solo por mencionar un caso, habría líos en el Catatumbo, donde convergen cultivos ilícitos y pozos petroleros, paralizados durante el paro agrario del año pasado.

Para las Farc, la esencia de las zonas de sustitución es la seguridad alimentaria. Eso sí, ahora, como hace 14 años, hablan de la posibilidad de generar productos para el mercado interno, e incluso internacional.

Y aunque no necesariamente lo que proponen en público tiene cabida en la mesa de paz, la dimensión de la minería en zonas agrarias fue uno de los asuntos irresueltos en el punto de tierras, sobre el cual hay un acuerdo que no en vano esta guerrilla considera parcial.

Entre los puntos que sí son posibles frente al Gobierno, como han dicho algunos expertos, están el fin de la aspersión aérea y la erradicación forzosa, que no han solucionado el problema.

Van por impacto político

Frente a los campesinos de sus zonas de influencia, los cambios de las Farc son más visibles y parecen buscar un impacto político.

Mientras en el 2000 hablaban de “expulsión” de los habitantes de Cartagena del Chairá que se negaran a la sustitución transcurridos 5 años de su puesta en marcha, ahora hablan de sustitución voluntaria.

Incluso, en los territorios donde no se quisiera sustituir, de acuerdo con la guerrilla, los cultivos deberían mantenerse para un mercado de usos nutricionales, medicinales y culturales, regulado por el Estado.

De otro lado, ahora las Farc se incluyen como parte del equipo que definiría y ejecutaría la sustitución, al lado de los campesinos y el Gobierno. Hace 14 años la cabeza del programa debía ser el frente 14.

Lo que esta vez no ha tenido en cuenta esta guerrilla es que en algunas zonas hay campesinos que quieren sustitución, sin la interferencia del grupo armado.

Pero en el balance final, la propuesta de las Farc es realista frente a los campesinos porque plantea una transición con acompañamiento económico del Gobierno para que no enfrenten miseria.

Frente al Estado lo es mucho menos. Y si la convierten en piedra será muy difícil obtener un acuerdo en el punto de narcotráfico hacia marzo, como espera el Gobierno.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: @MarisolGmezG

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