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Duras lecciones

Socorro Ramírez
El descalabro colombo-nicaragüense dejó lecciones a Chile y Perú. Aunque las relaciones entre ambos países se afectaron con la demanda peruana del 2008, mientras presentaban sus alegatos en La Haya con férreas defensas de cada lado, los gobiernos de Piñera y Humala se preocuparon por defender el futuro común de sus países y por informar del proceso a la ciudadanía. El debate llegó a seminarios binacionales en ambas capitales y zonas fronterizas, y vinculó partidos, universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación. Con esa aproximación proactiva se han preparado para oír el fallo el 27 de enero y han prometido darle un manejo prudente, acatarlo cualquiera sea su sentido y tomarlo como una victoria moral compartida, de respeto al derecho internacional.
Aunque aparecerán diferencias sobre la sentencia y su ejecución, los partidos de gobierno y oposición en cada nación han hecho acuerdos para ser prudentes, transformar el fallo en oportunidad para cerrar divergencias limítrofes y fortalecer la integración binacional. Los alcaldes y organizaciones de Arica y Tacna han defendido sus nexos fronterizos y la necesidad de mantener la estrecha convivencia que genera oportunidades para un aprovechamiento conjunto del Pacífico.
¡Qué contraste! Aunque comparten comunidades raizales, Nicaragua y Colombia nunca han estimulado nexo alguno de vecindad. Nicaragua pedía mar, plataforma y archipiélago.
La defensa colombiana hizo énfasis en la soberanía sobre islas y cayos, y en el límite del meridiano 82. Pero ni su alegato ni la Corte tuvieron en cuenta factores decisivos para la sobrevivencia raizal: los derechos de pesca y la dependencia del mar, la reserva de biosfera y la unidad del archipiélago, los nexos familiares, culturales, comerciales y migratorios con el Caribe occidental.
Desde cuando desconoció el tratado de 1928 y durante el proceso en La Haya, Managua ignoró la historia común, acusó a Colombia de usurpar su territorio. Bogotá despreció los reclamos y construyó sin Managua una arquitectura jurídica que demarcaba sus límites. Nicaragua demandó y ahora trata de meter a chinos, rusos y gringos en la zona para que reconozcan sus derechos, mientras vuelve a demandar a su vecino por no aplicar el fallo y con nuevas pretensiones territoriales.
En Colombia, la polarización interna liquidó el consenso mantenido por las élites durante el proceso en La Haya. Primó la lectura del fallo como un total despojo y, en lugar de examinar los errores, se fustiga a la Corte Internacional y a Nicaragua. Los expresidentes se reparten las culpas. Y el que por más tiempo tuvo en sus manos el pleito y prometió aplicarlo ahora llama al desacato, exalta un patrioterismo peligroso y trata de aprovechar el descontento para fortalecer su oposición a Santos.
El gobierno actual no se preparó para afrontar el fallo. Ya sobre la marcha se consagró a responder a los embates internos, afrontar problemas en las islas y, con nuevos juristas, a examinar caminos por seguir. Ante la caída de su popularidad, se aferró a la idea de que la sentencia podría obviarse mediante su no aplicabilidad mientras, al mismo tiempo, alegaba respeto del derecho internacional. Y, como sucedía de tiempo atrás, convirtió la discreción sobre el litigio en un secretismo que anula el debate y no desplegó una diplomacia de propuestas para construir vecindad e integración en el mar.
Se aleja así la posibilidad de adelantar negociaciones bilaterales, se posterga la protección de derechos raizales y se ignoran las responsabilidades ambientales de cada país en la amplia porción de mar bajo su jurisdicción. Cada gobierno sigue mirando al Caribe no como un patrimonio común, sino como un lejano océano Atlántico en disputa.
Socorro Ramírez
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